Versión estenográfica de la comparecencia de la ciudadana Bertha María Alcalde Luján, ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos.
Presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero.
Senadoras, senadores.
Es para mí un verdadero honor y un privilegio estar ante ustedes para comparecer como parte del proceso para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Formar parte de nuestro Tribunal, es una oportunidad inigualable para contribuir en la atención a las demandas históricas del pueblo de México, que exige el respeto a sus derechos, la solución de sus conflictos y derribar las barreras de acceso a la justicia, especialmente a las personas históricamente marginadas.
Esta, es la visión de justicia que me anima no sólo a participar en el presente proceso; sino también la que ha movido mi desempeño profesional desde que entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En mi trayectoria profesional, opté por enfocarme inicialmente a la justicia penal. Parafraseando a Alberto Binder, me aventuré a tratar de contribuir en la desarticulación de esa máquina trituradora de carne pobre, que es la justicia penal.
Como litigante, me esforcé en enfrentar esas injusticias. Como capacitadora de juzgadores, en transmitirles el compromiso con una visión más sensible a la realidad y como evaluadora de dicho sistema, en destacar sus límites como una instancia que puede ayudar a reducir nuestras enormes desigualdades.
El Poder Judicial Federal es enorme, tiene más de mil unidades jurisdiccionales y los poderes judiciales en las entidades federativas, más de 3 mil 500.
A pesar de ello, una gran parte de las y los mexicanos no tienen condiciones para acceder a la tutela jurisdiccional, ¿es posible incidir desde la Suprema Corte para atender esta realidad? Estoy convencida de que sí.
La Suprema Corte tiene un poder transformador, que influye no sólo en las demás instancias jurisdiccionales del país, sino también y, sobre todo, en toda la población. De esta forma tiene un claro potencial para contribuir a contar con una sociedad más inclusiva.
Asimismo, sus decisiones son fundamentales para garantizar el respeto a la constitucionalidad de las leyes y definir los límites del federalismo. Es la máxima instancia para resolver conflictos y en esa función tiene la alta responsabilidad de ayudar a generar paz y estabilidad.
Sigo con atención su trabajo y estoy consciente de los importantes avances para asegurar la protección de la Constitución y los derechos humanos en nuestro país.
La necesidad de garantizar una justicia más imparcial, protectora y cercana a la gente; también ha sido preocupación constante del Poder Legislativo. Destaca la reforma constitucional de 2008, que le puso voz y rostro a víctimas e imputados; la reforma de derechos humanos de 2011, que colocó los derechos de las personas en el centro de nuestro pacto constitucional.
Recientemente, la reforma laboral, que respondió a los reclamos históricos de las y los trabajadores del país, en aras de contar con una justicia imparcial sin menoscabo de su carácter protector y por último, la reforma procesal civil y familiar, que consolida la oralidad e inmediación de la persona juzgadora con las partes.
Si bien este conjunto de cambios ha sido muy importante y fueron en la dirección correcta, no debemos dejar de preguntarnos; ¿qué está provocando que la ciudanía se sienta tan alejada del sistema judicial?
¿A qué debemos aspirar? ¿Cuál es el sistema de justicia que se debe impulsar desde la propia Suprema Corte?
Aquí algunas ideas:
Primero, un sistema de justicia más equitativo. La consecuencia más grave de la falta de acceso a la justicia, las han padecido los que menos tienen; esto es reflejo de las profundas desigualdades sociales, que siguen siendo latentes en nuestra sociedad y se ven reflejadas en la arquitectura y funcionamiento de nuestro sistema de justicia.
La Suprema Corte debe velar para que los derechos sean efectivos y la gente encuentre en los tribunales la solución a sus conflictos y protección a sus derechos. Esto se puede lograr también, potencializando el sentido estratégico de la facultad de atracción, identificando claramente dónde es necesario seguir fortaleciendo criterios orientadores en rubros que forman parte de los conflictos jurídicos que afectan a una gran parte de la población.
Entre otros ejemplos, las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, los derechos de los migrantes, las medidas de protección para quienes viven violencia y la regularización de la propiedad.
El acceso a la justicia de los más desprotegidos requiere, por otro lado, de una visión menos formalista.
La complejidad de los procesos judiciales en nuestro país es muy excluyente, pues la hace incomprensible para la mayoría y exige de abogados o abogadas a los que no todas las personas tienen acceso.
La simplificación de la justicia, debe atenderse también en el ámbito federal, principalmente respecto al juicio de amparo, que es el instrumento jurídico más importante que tenemos para garantizar los derechos humanos y defendernos del abuso de poder.
El hecho de que este juicio sea tan técnico y especializado, y requiera de especialistas con influencias y generalmente honorarios muy altos, ha dejado a millones de personas fuera de su protección.
Por otro lado, si bien los sistemas orales han aumentado la capacidad de la autoridad para comunicar de forma simple el lenguaje jurídico, hay que seguir insistiendo en la necesidad de que las y los juzgadores sean realmente comunicadores.
Las sentencias extensas, ambiguas y complejas, plagadas de tecnicismos o transcripciones, no ayudan a este propósito.
Segundo. Un sistema de justicia más ágil.
Otro de los retos históricos, es lograr una justicia más pronta y expedita.
Si bien en los procesos ordinarios se han logrado reducir los plazos de atención con las reformas en el ámbito local, ya mencionadas antes, para el caso de la justicia federal, esta meta sigue siendo una asignatura pendiente.
Sostener que la solución es fácil, podría ser demagógico; pero, sin duda, tenemos que responder a la población que exige una definición pronta a su legítimo reclamo, y no se explica por qué sus casos duran años o, peor aún, luego de una larga espera, el expediente se regresa a la autoridad que dictó la resolución de origen por una formalidad que no trasciende al fondo del asunto.
Aún cuando existe jurisprudencia de la Corte respecto a privilegiar el fondo sobre la forma al resolver una controversia, y este es un principio plasmado en la propia Constitución, la realidad es que los amparos para efectos, las determinaciones de incompetencia y los sobreseimientos, son el pan de cada día en los juzgados federales.
Fortalecer los criterios del máximo tribunal en este rubro, es fundamental.
De manera adicional, se tiene que hacer también un análisis de los supuestos de procedencia del amparo, sobre todo del indirecto y el recurso de revisión del mismo, respecto de actos de jueces o autoridades que no ponen fin a los procesos o procedimientos de origen.
Desafortunadamente este instrumento jurídico, es utilizado muchas veces para alargar o, como comúnmente dicen los abogados, “chicanear” los asuntos, lo que impide un acceso expedito a la resolución de los conflictos.
Para estos cambios, será fundamental el diálogo con el Poder Legislativo, con el fin de llevar a buen puerto una reforma judicial que resuelva estas problemáticas.
Tercero. Un sistema de justicia aterrizado a la realidad.
Queremos personas juzgadoras que vean más allá del texto en la norma y puedan empatizar con la gente que ha sido víctima de la injusticia.
Para esto, es importante la comunicación, no sólo con las partes sino también con representantes de comunidades y con actores clave como defensorías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y también juzgados locales.
Es preciso también potenciar una visión de la Suprema Corte, que, apoyada en el análisis de especialistas, identifique el impacto social y económico que tienen sus decisiones; que tome en cuenta que los problemas de impunidad en nuestro país y las limitaciones presupuestales con las que cuenta el Estado Mexicano, que valore cómo sus decisiones van a incidir no sólo en la justicia federal sino en las instituciones de cada rincón del país que viven realidades muy distintas.
Cuarto. Un sistema de justicia más igualitario.
Necesitamos impulsar con mayor vigor y eficacia el derecho a la igualdad sustantiva, para lograr la transformación de realidades concretas.
Atendiendo a la deuda histórica que se tiene con las mujeres, debe haber coherencia para que el Poder Judicial Federal tome medidas que consoliden la paridad y la perspectiva de género a través de sus sentencias, las cuales tienen incluso un poder pedagógico ante la sociedad, pues ponen en descubierto los contextos de violencia y discriminación, que vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas.
Visibilizar la discriminación que aún sufren las personas de la diversidad sexual, indígenas, migrantes y otros grupos vulnerables, así como potencializar sus derechos también es fundamental.
Quinto. Un sistema de justicia más creíble.
Se requiere dotar al sistema de justicia de una mayor legitimidad.
El Consejo de la Judicatura Federal y la Corte deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, como privilegios, influyentismo y corrupción.
Para esto, no basta con señalar aquellos jueces que cometen irregularidades. Se requiere crear mecanismos más eficaces para identificarles y sancionarles.
Es por esto que fortalecer la capacidad de vigilancia y sanción frente a irregularidades del Consejo de la Judicatura es, sin duda, otro pendiente en la Agenda Legislativa y de reingeniería institucional.
Sabemos que las problemáticas aquí planteadas son añejas y se han discutido a lo largo del tiempo. El reto, es encontrar nuevas respuestas a los viejos problemas.
Si se logra la coordinación entre poderes e impulsan cambios desde las instituciones sin imposiciones, la capacidad de transformación será mucho mayor.
Ahora, ¿por qué quiero ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo puedo ayudar a fortalecerla?
Deseo formar parte del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país para poder contribuir hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerlo.
Creo ser un factor constructivo y de consenso y estoy segura de que mi apertura para escuchar nuevas ideas y enfrentar procesos de conciliación ante posturas distintas, son cualidades que puedo aportar en esta labor de juzgador.
Asimismo, me parece que una mirada externa a la estructura del Poder Judicial, sumado al dinamismo y una visión vanguardista que la juventud ofrece, son cualidades que fortalecerían a la Suprema Corte.
Sé, además, que puedo enriquecer sus deliberaciones con el conocimiento que tengo sobre los nuevos modelos de justicia que favorecen la oralidad y la inmediación.
Trabajé por más de 11 años en torno al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como especialista en la reingeniería de instituciones, litigante y formadora de defensores, ministerios públicos, policías y juzgadores, incluyendo las primeras generaciones de jueces y juezas federales especializadas en el Sistema de Justicia Penal, muchos de ellos magistrados y magistradas hoy en día.
Conozco las distintas caras de la justicia a partir de sus actores, y he tenido la posibilidad de vivir personalmente las debilidades que aquejan al Sistema de Justicia Penal en mi acción profesional como litigante.
Por otro lado, mi participación en los distintos ámbitos en los que he tenido posibilidad de colaborar como servidora pública en los últimos años, sea en el campo de la seguridad o la regulación sanitaria, han complementado mi formación y visión sobre temas trascendentales vinculados al bienestar de la población.
Como abogada general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, me tocó coordinar los trabajos para crear esta naciente dependencia, así como representar a dicha instancia en la mesa técnica que se conformó con muchos de ustedes en torno a la Reforma Constitucional en materia de Seguridad.
Como ustedes saben, la construcción de consensos en este espacio no fue cosa fácil, y, en mi caso, siempre estuve dispuesta a escuchar y conciliar con las opiniones de todas las fuerzas políticas para la aprobación de las reformas constitucionales.
Lo que hace a alguien un buen juzgador, no es sólo el dominio técnico, sino también la calidad ética y humana. En mi caso, puedo decir que cuento con la formación necesaria para estos fines.
Reconozco que mi entorno familiar ha sido esencial para mi formación, sobre todo humana. Mi madre y mi padre son dos luchadores sociales que han dedicado su vida a defender los derechos de las y los trabajadores, y de las personas más desfavorecidas.
En caso de que esta Cámara tenga a bien elegirme, desempeñaré esta honrosa función con la convicción de servir a las personas de manera honesta, con total respeto a la Constitución, con independencia de criterio y poniendo mi energía y conocimientos técnicos, al servicio del fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia.
Muchas gracias.