Número - 1292

• Reformas derivan de una resolución de la Suprema Corte que instruyó al Congreso a consultar a esos grupos vulnerables para legislar al respecto.  

El Senado de la República aprobó dos dictámenes que reforman diversos artículos de la Ley General de Educación para implementar acciones que faciliten la inclusión en los servicios educativos a personas que padezcan algún tipo de discapacidad, así como a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, migrantes y jornaleros agrícolas. 

De Acción Nacional, el senador José Alfredo Botello Montes subrayó que estas enmiendas se tratan sólo de “buenas intenciones” y “letra muerta”, pues no contarán con recursos para su instrumentación, por lo que se dejará en la “indefensión” a maestros, directivos y alumnos.

El proyecto para reformar los artículos del 61 al 68 de la Ley General de Educación, avalada con 96 votos a favor, establece varias disposiciones que garantizan la inclusión y el acceso a todos los servicios educativos a personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial, de lenguaje o motriz.

Para ello, se reconocen sus necesidades y capacidades particulares para su enseñanza; formación y acreditación de docentes de educación especial; enseñanza en modos comunicativos apropiados para discapacitados, como la Lengua de Señas Mexicana, y la intervención de todos los actores del Sistema Nacional Educativo para garantizar enseñanza adecuada a esta población.

En tanto, el dictamen de la reforma a los artículos 3, 56, 57, 58, 126 y 131 de la Ley General de Educación, fue avalado por 95 votos a favor y una abstención, para determinar la garantía del Estado de dar a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, migrantes y jornaleros agrícolas, una educación inclusiva, humanista y equitativa en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

Plantea que tal enseñanza promueva la conservación de las tradiciones de esos grupos poblacionales; el fortalecimiento de centros educativos adecuados para ellos y su acceso a tecnologías de la información; materiales educativos en lenguas originarias; formación y certificación de docentes en esas lenguas, y la precisión de que las autoridades educativas deben consultar a esas poblaciones antes de adoptar medidas que puedan afectarles.

Ambos documentos fueron turnados al Ejecutivo Federal para continuar con su trámite correspondiente.

Las modificaciones a la Ley General de Educación obedecen a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021, cuando declaró inválidos los artículos dedicados a la inclusión educativa, al considerar que no se realizó una consulta con estos grupos antes de legislar en esta materia.

La SCJN determinó que no se podía saber con certeza si tales disposiciones de la Ley General de Educación beneficiaban, perjudicaban o tutelaban suficientemente a personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, migrantes y jornaleros, por lo que instruyó al Congreso de la Unión a realizar consultas con esa población vulnerable.

Entre 2022 y 2023 se llevaron a cabo foros y reuniones en el Congreso de la Unión y varias partes del país entre legisladores y representantes de los mencionados grupos vulnerables, donde se tomaron en cuenta sus opiniones, propuestas, inquietudes y experiencias para legislar en favor de su inclusión educativa.