Número-429
Ante la crisis alimentaria generada por políticas neoliberales que apostaron a desmantelar la capacidad de producción de las naciones en desarrollo, bajo una concepción mercantilista de los alimentos, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó la urgencia de contar con una Ley General de Alimentación Adecuada.
Dijo que el modelo de producción actual es insostenible y debe ser superado, porque “mientras la producción de alimentos en el mundo aumenta, el número de personas afectadas por el hambre no decrece”.
La legisladora por Morena subrayó que, en 2011, México se sumó al reducido grupo de países que reconocen explícitamente del derecho a la alimentación en sus constituciones. No obstante, este derecho está lejos de ser una realidad tangible.
Se trata, dijo en el foro “Hacia la Ley General de Alimentación Adecuada”, de un problema multifactorial, al que se le suma la ausencia de un ordenamiento que permita fincar las bases para un cambio de sistema alimentario con enfoque de derechos.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, Elvia Marcela Mora Arellano, resaltó que tanto la Covid-19, como toda situación de emergencia, conllevan a situaciones económicas y sociales que profundizan la inseguridad alimentaria entre las poblaciones vulnerables, pero sobre todo en aquellas que destinan una gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos.
Agregó que la situación del campo mexicano es grave, debido a que el modelo neoliberal privilegió la agroindustria y limitó la agricultura de pequeña escala, con lo que se acentuó la dependencia hacia los alimentos importados. Ahora, dijo, “comer saludable es más costoso”.
Asimismo, destacó que en la propuesta de ley se ponen en primer plano los derechos consagrados en la constitución, ya que, sin el acceso a una alimentación adecuada, la vida no se mantiene ni se reproduce en términos bilógicos y sociales.
El foro, agregó, permitirá el análisis de las diversas iniciativas que tienen por objeto regular el derecho a la alimentación, y que, de aprobarse el proyecto, estaremos en mejores condiciones para reducir el hambre y avanzar a su eliminación definitiva.
Juan Ángel Rivera Dommarco, director General del Instituto de Salud Pública, subrayó que la iniciativa mejorará la nutrición y salud de la población, reducirá los impactos ambientales del sistema alimentario y garantizará la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada para las y los mexicanos.
El representante de OPS/OMS en México, Cristian Morales, refirió que la alimentación adecuada es la base para hacer efectiva la prevención de diversas enfermedades, principalmente en la diabetes e hipertensión que son un gran riesgo para un Covid-19 grave.
Aseguró que la iniciativa apoya a la configuración de un sistema alimentario que preserva y recupera el ecosistema y que también permitirá a México mantener un liderazgo en la protección de la salud de su población como lo ha hecho con el etiquetado nutricional de alimentos y de nuevos productos de tabaco.
Además, Lina Pohl Alfaro, representante de la FAO México, dijo que la ley ofrece una definición precisa del alcance y contenido de las obligaciones del Estado y que sienta las bases jurídicas para la legislación subsidiaria.
Se trata, agregó, de una ley marco sobre el derecho a la alimentación adecuada, con una definición clara, sectores a regular, funciones y responsabilidades de actores, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, disposiciones presupuestarias y su monitorización.
De Unicef, Fernando Carrera Castro, explicó que la iniciativa afirma el derecho a la alimentación adecuada, al pasar de una declaración normativa a una operacional, en la que destaca el nivel de coordinación interinstitucional y las prohibiciones respecto a la niñez.
Además, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, sostuvo que la ley tiene una perspectiva solidaria y humanitaria extrema, al contar con una serie de disposiciones que permiten garantizar la ejecución y realización del derecho a la alimentación. Al mismo tiempo resaltó que se deberá ser cuidadosos con el cabildeo en contra de la ley.