Versión estenográfica de la comparecencia de la ciudadana María Estela Ríos González, ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Buenas tardes, a todos y todas. 

 

Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presidenta. 

 

Senadoras Indira de Jesús Rosales San Román, si está presente. Y Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria, si están presentes. 

 

Senadoras y senadores integrantes de esta honorable Comisión de Justicia. 

 

Medios de comunicación presentes y quienes siguen esta transmisión. Reciban un respetuoso y cordial saludo de mi parte. 

 

Es un honor dirigirme a ustedes para compartirles mi trayectoria profesional, de la cual me siento muy satisfecha. 

 

Quienes decidieron que yo fuera abogada fueron mis padres. Pero, esa decisión le dio un sentido a mi vida, me llenó de satisfacción y me ha proporcionado muchas satisfacciones, mucho aprendizaje y muchas experiencias. 

 

Y todas esas experiencias, las utilizo en aras de hacer efectiva la justicia, ¿qué justicia? Aquella que se ensalzaba en aquellos tiempos en que yo empecé a estudiar derecho: la justicia social. Esa era la que se ensalzaba en esos momentos y yo crecí con esa idea de la justicia social. 

 

Quiero decir que después ya se ha ampliado el concepto de justicia: justicia abierta, justicia alternativa, justicia restaurativa. Pero esa justicia social, fue la primera que me formó. 

 

Me inicié en el litigio laboral, con el licenciado Armando Castillejos Ortiz, un connotado abogado laboralista; y con mi maestro Carlos Fernández del Real, un español exiliado que vino aquí, a México, y él fue mi gran maestro, y me dio una de las lecciones más importantes de mi vida profesional. Me dijo: Estelita, para ser abogada de causas sociales, primero tienes que ser abogada. Y he procurado cumplir con esa situación. 

 

También quiero decir que recibí grandes enseñanzas de mis contrapartes, abogados patronales. 

 

Ahora me viene a la memoria el licenciado Jorge Mier y Concha, de quien también recibí enseñanzas, porque uno recibe enseñanzas en el litigio, de los contrarios. Nos enseñan muchas cosas, nos enseñan qué hacer y qué no hacer; y yo quiero expresar aquí ese agradecimiento a todos esos maestros que tuve durante esa temporada. 

 

En 1987, ya me independicé, puse mi despacho, empecé a trabajar con varias compañeras abogadas; seguí asesorando trabajadores y sindicatos. Varios sindicatos, como el Sindicato Radical del Metal y Similares; como el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear; como a la Sección 271 del Sindicato Minero; como al Sindicato de Euzkadi y otros más. 

 

Ese periodo, quiero decirles que fue también muy enriquecedor para mi actividad profesional. 

 

También debo señalar que desde 1991, soy integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; y de 1995 a 1997, presidí la asociación 

 

En esa época, también fui integrante de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras y fui miembro del Comité de dicha coalición. 

 

Eso me sirvió también para ser testigo calificada en la primera queja que se presentó, con motivo de los acuerdos paralelos del TLCAN, en contra de Sony. Muy interesante experiencia, que también me brindó muchas enseñanzas. 

 

Y también, como presiente de la ANAD, la representé en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, allá por 1996.  

 

Ya en 1998, me alejé del litigio particular e inicié mi carrera en el servicio público en el entonces Distrito Federal. 

 

Tenía yo la convicción de podía seguir contribuyendo con mis conocimientos y experiencia en una trinchera diferente, pero en beneficio de los habitantes de la ciudad. 

 

Empecé como Directora del Registro Civil, allí quiero decirles que había un espectáculo que me lastimaba mucho: el ver las largas filas que hacían los solicitantes, las largas esperas que tenían que hacer para recibir una copia certificada. 

 

Por fortuna para mí, ya después también como consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal, pudimos hacer, junto con un equipo informático altamente competente de la Jefatura de Gobierno, pudimos hacer la modernización del Registro Civil, para lograr que, de forma rápida, eficaz y evitando falsificaciones de actas, se pudieran expedir rápidamente esas copias certificadas. 

 

También revisamos algunos procedimientos, porque la costumbre de algunos empleados era poner obstáculos y traer a la gente dando vueltas y vueltas, con el objeto de que, cansados, pudieran ofrecer algún dinero para que se les agilizaran los procedimientos. 

 

Sin embargo, también quiero reconocer que durante ese periodo y desde siempre, he descubierto que hay gente, que hay servidores públicos honestos, comprometidos y que cumplen con su deber. 

 

Sí es cierto. Por un lado, puedo decir que hay corrupción, pero, por otro lado, hay gente siempre dispuesta a trabajar; y eso significa, y por eso también la Administración Pública funciona. 

 

Porque, si bien es cierto que hay alguien que no cumple con su deber, hay otros tantos que cumplen con su deber, y esos fueron un gran apoyo para mí en toda mi carrera como servidora pública. 

 

De 1998 a 2000, fui Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social y Procuradora de la Defensa del Trabajo. 

 

En esa misma línea de buscar que no se hiciera perder tiempo a los trabajadores, establecimos mecanismos, procedimientos para agilizar la atención a los trabajadores, y también tomamos medidas para combatir la corrupción. 

 

Ya en el 2000 al 2006, tuve la oportunidad de ser consejera jurídica y de servicios legales.  

 

Quiero decir, sin que eso implique nada en particular, que allí fue donde nos conocimos y conocí también a un ministro que a mí me impresionó muy favorablemente, Juan Díaz Romero. 

 

Como Consejera Jurídica, logramos, se logró agilizar los tiempos de respuesta que tenía que dar el Gobierno Federal para atender los juicios. 

 

Y esto fue muy importante, sobre todo también porque se logró que la Suprema Corte reconociera que, dada la naturaleza diferente que, a partir de esa fecha, tenía el Distrito Federal, se reconociera que la Jefatura de Gobierno era diferente, como dependencia, de las otras dependencias, en el tema de ser titulares de las relaciones de trabajo con los servidores públicos. Eso fue un logro. 

 

Quiero decirles que eso lo resolvió la Corte después de que yo salí, pero fue un logro importante. 

 

Y uno de los logros que a mí me da satisfacción es el de la controversia del horario de verano. Fue muy importante por dos razones:  

 

La primera, se le reconoció legitimación al Distrito Federal para actuar en una controversia constitucional y poder impugnar el Decreto del titular del Ejecutivo Federal. 

 

Y esto se hizo con base en lo que dispone el artículo, bueno, disponía en ese entonces el artículo 43 de la Constitución. 

 

Pero, además, se llegó a la conclusión de que el Ejecutivo Federal no tenía facultades para emitir un Decreto sobre ese tema, ya que era, y actualmente lo es, competencia del Congreso de la Unión. 

 

Aquí quiero señalarles que esa fue la primera temporada. La segunda temporada del horario de verano se dio en el 2022, con la Iniciativa presidencial y la aprobación del Congreso de la Unión, con lo que quedó fuera el horario de verano. 

 

Y también quiero decir que durante el tiempo que estuve en la Consejería, teníamos a nuestro cargo la Defensoría de Oficio. 

 

Conté con la participación y la colaboración del Tribunal Superior de Justicia, que hizo, nos ayudó a hacer una gran capacitación de los defensores de oficio. 

 

Y también contamos con el apoyo de la UNAM, porque había algunos defensores de oficio que no tenían título, y se hicieron cursos para poder otorgarles el título. Eso para mí representó un gran logro. 

 

Después de Consejería, duré casi 11 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De alguna manera, regresé a mi origen de laboralista. 

 

Primero, me desempeñé como dictaminadora; allí aprendí a hacer los proyectos de laudo, que, si se decidiera que yo fuera la próxima ministra, pues ya llevo un aprendizaje en ese sentido. 

 

¿Cuál era el método que utilizaba yo? El método deductivo de análisis para emitir los proyectos de laudo, que consiste en fijar la litis, establecer la premisa mayor, esto es, la norma a aplicar; establecer la premisa menor, estos son los hechos probados para determinar si encajaban o no en la norma, y llegar a la conclusión que nos pudiera decir si se absolvía o no. 

 

Debo recalcar que durante ese periodo actué con imparcialidad. Sí quiero decirles que de repente mi corazón estaba con los trabajadores, pero si yo veía que no llevaban la razón, no se las daba. 

 

Porque lo que uno no puede hacer como juzgador, en este caso como proyectista, es inclinar indebidamente la balanza a favor de una u otra de las partes. Uno tiene que actuar con imparcialidad, y así lo hice como dictaminadora. 

 

Después, llegué al cargo de Secretaria General de Asuntos Individuales por ahí de marzo del 2013. 

 

¿Cuál fue mi labor en ese caso? En ese caso, lo que hice, formé un equipo con presidentes, con auxiliares de junta y secretarios de acuerdo, y nos dimos a la tarea de unificar los criterios que se aplicaban en la Junta, criterios basados en razonamientos jurídicos y también agilizamos el procedimiento. 

 

Después, pasé a ser directora del Instituto de Especialización de la propia Junta, encargada de impartir capacitación y actualización al personal jurídico. 

 

Ahí también, quiero decirles, que fui afortunada porque conté con la colaboración desinteresada de importantes académicos universitarios, de connotados abogados laboralistas y patronales, que contribuyeron a la capacitación y actualización del personal jurídico de la Junta. 

 

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias, reiterar mi agradecimiento a todos ellos. Fue un esfuerzo que sirvió para elevar el nivel jurídico del personal de la Junta. 

 

Después, ya a finales de 2018, se me dio la encomienda de encargarme de la dirección general de ordenamiento de la propiedad rural, que pertenece a SEDATU, con una encomienda precisa: combatir la corrupción, porque sí, ciertamente había habido mucha corrupción, los terrenos nacionales se habían cuasi regalado, había falsificación de títulos de propiedad y muchas otras inconsistencias más. 

 

Y lo que se hizo fue mejorar las medidas de seguridad de los títulos de propiedad, para evitar falsificación. Se ajustó el procedimiento, porque eran, se llevaban a cabo unos procedimientos a voluntad y lo que hicimos fue ajustarlos a lo que disponía la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

También nos tocó, porque había una parte que correspondía a la propiedad rural, y teníamos que atender a campesinos. Me llena también de satisfacción el que se haya formalizado la entrega de 659 mil hectáreas a campesinos, unos de ellos que llevaban esperando hasta 88 años. 

 

Entonces, fue una gran satisfacción poder hacer realidad la entrega de esas tierras, a esos campesinos que habían estado esperando, ya no algunos de los originarios, pero sí a sus hijos y a sus nietos. 

 

Y, también una encomienda que hubo y que tuvimos que cumplir, también bajo el principio de imparcialidad y de orden, fue cumplir con el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de 1940, para repartir, para devolver las tierras al pueblo yaqui. 

 

Ahí estuvimos casi un mes y medio en Sonora, hicimos una investigación técnica y jurídica muy profunda; de tal manera que donde se acreditó o cuando se acreditó que los particulares eran legítimos propietarios de la tierra, se les respetó ese derecho. 

 

Cuando no lo acreditaron, esas tierras se devolvieron a los yaquis. Después, sé que finalmente ya no me tocó a mí, pero finalmente se llegó a una buena solución, en que todos quedaron satisfechos. 

 

Y eso también es un buen logro, porque finalmente se entregaron las tierras a los yaquis, se respetaron los derechos de propiedad de los legítimos propietarios. Y siempre lo hicimos con base en un estudio muy cuidadosos. 

 

Se me olvidaba comentarles algo, bueno, lo comento ahora. Y quiero decirles que también se actuó con absoluta imparcialidad, porque, ¿qué es lo que hace la imparcialidad? 

 

Dar la legitimidad a las resoluciones que uno dicte, sean administrativas o jurisdiccionales. Porque si uno de repente se inclina la balanza, va a perder legitimidad; en cambio, si uno es imparcial, si uno se mantiene en el equilibrio, ¿qué resulta? Que la gente va a seguir confiando en las resoluciones que emitimos. 

 

También ya para 2021, 2 de septiembre de 2021, llegué a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ahí he actuado como representante del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, de la Federación; siempre con apego a derecho y con respeto a la Constitución. 

 

La Consejería a mi cargo, mediante acciones de inconstitucionalidad, impugnó y obtuvo de la Suprema Corte de Justicia, la declaración de invalidez de porciones normativas de varias leyes, de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de diversos municipios de los estados de Tabasco, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Aguascalientes. 

 

¿Cuáles eran y por qué razón impugnamos estas porciones normativas? Porque imponían multas, multas por la práctica de juegos o deportes en las calles, las famosas cascaritas. 

 

Se cobraba impuesto sobre impuesto, se cobraba por búsqueda de documentos, cuando ese servicio debe ser gratuito. Se hacía un cobro desproporcionado por alumbrado público y se había establecido el cobro por la expedición de un permiso para poder realizar fiestas, bailes o reuniones familiares en domicilios particulares. 

 

También interpusimos varias controversias constitucionales por afectarse la competencia de la Federación. Lo hicimos y, por fortuna, obtuvimos una resolución favorable en la emisión del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Sustentable en Quintana Roo. 

 

Hemos evitado condenas por más de 62 mil millones de pesos y se han recuperado más de 82 millones de pesos, así como más de 126 mil hectáreas. 

 

Quiero decirles también, y compartirles, que la elaboración de nuestros instrumentos jurídicos, seguimos con esa técnica que yo aprendí cuando era dictaminadora, pero también tomamos en cuenta otros métodos argumentativos. 

 

Por ejemplo, el que reivindica Manuel Atienza, que es el de la ponderación de los derechos; y también, a otra posibilidad de analizar los hechos primero y luego ver la norma. 

 

También con el reconocimiento de que el propio artículo 94 constitucional establece la obligación de las salas de la Suprema Corte de Justicia y del Pleno, de expresar las razones en que funden sus decisiones en sus sentencias, para que formen los precedentes. 

 

Eso me parece muy importante, me parece que va en armonía con todos estos métodos argumentativos. 

 

Porque, ¿qué es lo que da legitimidad, desde mi perspectiva, a las resoluciones de los juzgadores? Es precisamente dar esas razones; exponer esas razones que den el convencimiento de que efectivamente están actuando conforme a derecho y conforme a la Constitución. 

 

Es el famoso, ya antiguo, pero creo que sigue vigente en toda resolución administrativa y toda resolución judicial, deben estar debidamente motivadas y motivadas. 

 

Creo que eso es básico para la emisión de todas nuestras resoluciones. 

 

Y, bueno, sí quiero compartirles también que para el equipo de consejería que trabaja conmigo, y al cual también aprovecho la oportunidad para agradecerles su participación, obtuvimos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que se desecharan las controversias que habían interpuesto el Gobierno de Coahuila, el estado de Coahuila, de Zaragoza, y el estado de Chihuahua, en contra de la elaboración, distribución y edición de los libros de texto gratuitos.  

 

Para nosotros, en lo particular, representó una victoria en el sentido de estar protegiendo el derecho a la educación de los niños y el interés superior de la niñez, y en eso nos sentimos comprometidos con la defensa de ese derecho. 

 

Quiero mencionarles que soy fiel seguidora del Decálogo del Abogado de Eduardo J. Couture, particularmente de los mandamientos que prescribe y los leeré. 

 

Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. 

 

Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. 

 

Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz. 

 

Quiero decirles que también seguí el décimo mandamiento: Amé de tal amo y amé de tal manera mi profesión, que se la recomendé a mi hija.  

 

Por todo lo anterior, a la pregunta de, si profesionalmente soy idónea para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tomarse en cuenta mi honestidad, honradez, profesionalismo y honorabilidad, con la que me he comportado a lo largo de mi vida profesional, la respuesta es: Sí soy idónea. 

 

De ser nombrada ministra, haré efectivo, en lo que esté a mi alcance, el derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial de los habitantes de este país, que consagra el artículo 17 constitucional. 

 

Y cumpliré cabalmente con los principios de actuación que establece el artículo 100 de la Constitución para los funcionarios judiciales, a saber, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. 

 

Me conduciré como ministra, en caso de ser elegida, como siempre lo he hecho, con apego al derecho, en busca de la justicia y con independencia de criterio. 

 

Comprendo que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativo y Ejecutivo, deben mantener una relación equilibrada entre sí. 

 

Ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún Poder se imponga sobre el otro, y reconozco que, como lo establece el artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. 

 

Los juzgadores deben apegarse en su actuación a los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo e imparcialidad de independencia, y no basarse al emitir sus resoluciones en pasiones o intereses personales. 

 

Yo me comprometo a actuar con base en dichos principios, dejando a un lado cualquier pasión o interés personal que pudiera obnubilar mi razón. 

 

Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un sistema judicial, que haga efectivo para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia. 

 

Gracias. 

 

Y sí quisiera ahondar, si me lo permiten, en la objeción que ha formulado el senador Germán Martínez. 

 

Habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho. 

 

¿Qué sucede? En la Constitución se distingue muy bien a los secretarios, a los que se les prohíbe, bueno, se les restringe el derecho, no se les prohíbe, se les restringe el derecho a que no puedan ser propuestos como ministros durante si no han sido separados de sus funciones con un año de anterioridad. 

 

Y habla muy claro de cuáles son los secretarios de Estado, lo distingue; habla de las secretarías de Estado y de la Consejería Jurídica, y le asigna funciones diferentes. 

 

Esa es la razón por la que yo no puedo ser considerada como secretaria de Estado. A la mejor sí me hubiera gustado, ¿eh?, pero no lo soy. Y no lo soy porque los secretarios de Estado, o las secretarias de Estado son órganos públicos político-administrativos. 

 

Ellos realizan obra pública, están encargados de cumplir con las políticas públicas, realizan actos de autoridad que inciden, que pueden incidir en la esfera de los particulares, deben rendir un informe, en una comparecencia ante el Senado, ante el Congreso de la Unión. Yo no lo hago como Consejera. 

 

¿Por qué? Porque mi labor es técnico-jurídica, no es una labor político-administrativa. Yo no refrendo. 

 

Y no refrendo por una razón. Porque quienes participan, y así lo hacemos en Consejería, en la elaboración de los instrumentos jurídicos son todas las demás secretarías. Ellas son las que intervienen, aportan sus elementos y nosotros lo que vamos haciendo es conjuntar esos elementos. 

 

Sí es cierto que represento al titular del Ejecutivo Federal, y a su vez, en consecuencia, a la Federación, y eso me permite dar, interponer acciones de inconstitucionalidad, contestar las acciones de inconstitucionalidad, y alguno que otro amparo, en el que el Presidente es parte y se decida que debe ser atendido por la Consejería. 

 

Entonces, y si se hace una interpretación equiparándome como consejera, como secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, derecho que está establecido no sólo en la Constitución sino en diversos tratados internacionales. 

 

Yo espero que esto sirva para que no se pretenda restringir mi derecho. Puede que no les resulte elegida por otras razones, pero esa no es una razón constitucional ni legal para impedirme formar parte de esta terna y convertirme en elegible para ser ministra de la Suprema Corte. 

 

Les agradezco su atención y estoy a su disposición para las preguntas que ustedes decidan hacerme. 

 

Gracias.