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 Versión estenográfica del mensaje inicial de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, durante su comparecencia en Sesión Ordinaria del Senado de la República. 

 

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, sea usted bienvenida a esta comparecencia a la que se le convocó. 

 

Señora presidenta: 

 

Asiste usted de conformidad con el artículo 93 de la Constitución, segundo párrafo, de la República, a efecto de informar o bien para responder preguntas e interpelaciones, en virtud de los escritos recibidos por diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil solicitando su comparecencia a esta Mesa Directiva, que remitió la Comisión de los Derechos Humanos a través de los comunicados respectivos. 

 

En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos el martes 19 de octubre del 2022, se aprobó el acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sesión del martes 3 de noviembre del 2022; se sometió al Pleno del Senado dicho acuerdo, mismo que fue aprobado y se dispuso a citarla a comparecer ante este Pleno. 

 

Mediante el oficio, de fecha 8 de noviembre del 2022, la presidenta de este organismo nacional de protección a los derechos humanos, refirió puntualmente estar en disposición de acudir al Senado de la República para abordar los temas propuestos. 

 

Como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia, a informar bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente. 

 

Le solicito respetuosamente ponerse de pie. Así como a las senadoras y a los senadores, y el personal que acompañan a nuestra presidenta. 

 

Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las senadoras y los senadores de la República? 

 

PRESIDENTA MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA: Sí, protesto. 

 

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. 

 

Muchas gracias, presidenta. Favor de tomar asiento. 

 

En consecuencia, y en cumplimiento al resolutivo tercero del Acuerdo aprobado para normar esta comparecencia, procederemos a la intervención inicial de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta por 20 minutos. 

 

Es bienvenida, presidenta. Está usted en uso de la palabra. 

 

PRESIDENTA MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA: Gracias. 

 

Buenos días, o tardes ya, a todas y todos. 

 

Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; 

 

Ciudadanas senadoras y senadores: 

 

Vengo ante esta Soberanía y acudo a su llamado, al que, por cierto, jamás me negué ni intenté eludir para rendir cuentas y entablar un diálogo constructivo que enaltezca nuestras elevadas funciones. 

 

Lo hago porque creo en el debate, en el pluralismo y en la lucha de las ideas, y sobre todo en el deber que en todo momento tenemos quienes servimos al pueblo, de rendirle cuentas y transparentar nuestras acciones, el mejor antídoto contra la desinformación y la mentira. 

 

Agradezco a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política y, desde luego, a las y los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que han hecho posible este necesario ejercicio republicano. 

 

No es el caso rendir un informe de actividades, toda vez que éste lo habré de rendir ante el Congreso en el mes de enero, como me obliga la ley; sin embargo, atenta al acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del 18 de octubre, que, con oportunidad se me hizo llegar, responderé a sus inquietudes en el tema que me señalaron, las acciones emprendidas por la CNDH en la atención de casos de violencia familiar; pero también sobre otros temas que creo importante abordar, en aras, insisto, de la transparencia a que estoy obligada. 

 

El pueblo mexicano está ansioso de alcanzar la paz, lleva años, décadas de padecer la violencia institucional, la ejercida por el aparato represivo del Estado para impedir la democracia y la provocada por la descomposición social y la corrupción que desembocó en una guerra disfrazada de combate al crimen organizado, que sólo perpetuó la violencia y significó grandes sacrificios para las y los mexicanos. 

 

La violencia empieza en el hogar y en las escuelas, por eso ha sido prioridad de mi gestión para combatirla en todas sus formas.  

 

Hemos emitido recomendaciones generales, como la 43/2020 y la 46/2022, pero también el Plan Estratégico Institucional por una Cultura de Paz y Derechos Humanos, que implica un vuelco en el papel que tradicionalmente ha jugado la CNDH, para que pueda tener más incidencia en la prevención de las violaciones a derechos humanos y en las políticas públicas que las atienden. 

 

Además, reformamos y fortalecimos el Programa de Atención a Víctimas y creamos la oficina especial para la investigación de las desapariciones forzadas y la represión por violencia política del Estado en el pasado reciente, que documenta todas las violaciones cometidas por agentes estatales, miembros de las Fuerzas Armadas y las policías, funcionarios públicos y hasta presidentes de la República, durante el periodo comprendido entre 1951 y 2016. 

 

En esta parte, creo necesario aclarar que las acciones de inconstitucionalidad que emite la CNDH no se deciden a capricho de la presidencia. Aún siendo su facultad exclusiva, son resultado de un análisis cuidadoso, muy serio y documentado que hace el área jurídica, acorde al mandato que nos impone la ley. 

 

Desde que ocupo la titularidad de comisión nacional, hemos promovido diversas acciones de inconstitucionalidad, con el objeto de visibilizar las inconsistencias que llegan a darse por la emisión de leyes o reglamentos que no son acordes con lo establecido en la Constitución Federal y que de manera directa o indirecta no son acordes con los derechos fundamentales. 

 

Se han interpuesto aquellas acciones que era imperativo interponer y no se han interpuesto las que no lo ameritaban o que la ley nos impedía hacerlo. 

 

Prueba de ello es que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad que hemos interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido aceptadas y ratificadas por ésta con sus sentencias favorables. 

 

En el caso de la acción de inconstitucionalidad 98/2022, que no fue un aval para los deudores alimentarios y menos una acción en contra de las mujeres víctimas de violencia como se ha dicho, estaba plenamente justificada, no sólo derivada del análisis de la propia ley, sino por testimonios y denuncias de víctimas y colectivos de víctimas, toda vez que la ley dejaba de lado criterios que afectaban a una buena parte de la ciudadanía en nuestro país, lo que explicamos abundantemente mediante posicionamientos públicos y mesas de debate. 

 

Por cierto, que esas víctimas, algunas de las cuales o sus representantes nos acompañan hoy aquí, no han sido escuchadas por ustedes ni por la Suprema Corte de Justicia, y esta es una buena oportunidad para reiterar nuestro llamado a que atiendan sus argumentos. Escúchenlas, como lo hicimos nosotros. 

 

Porque nuestra acción de inconstitucionalidad -subrayo- fue producto del diálogo que sostuve con ellas y con diversas colectivas y colectivos feministas, y de defensa de los derechos de la niñez, de tal manera que recoge las visiones e inquietudes de ciudadanas y ciudadanos a quienes por cierto estamos atendiendo en sus quejas, al igual que se han atendido todas las quejas de la violencia familiar en la CNDH. 

 

Lo anterior no significa que la Comisión defienda o tome alguna postura respecto a las obligaciones que el o la candidata a que se refiere la ley, pueda tener en relación a las obligaciones con sus descendientes o ascendientes, ya que para garantizar esta obligación existe legislación en la cual se establecen los procedimientos jurisdiccionales correspondientes y de manera totalmente independiente a lo que se argumenta en la acción promovida por la Comisión. 

 

La CNDH está lejos de alentar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Su fin es garantizar el derecho a la igualdad para acceder a diversos cargos, atendiendo a lo establecido en la forma fundamental y a los elementos objetivos sin involucrarse en los procesos o juicios en los que participe el interesado, siempre que no afecten derechos fundamentales, como es el caso. 

 

A la luz de los instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consideramos que solicitar no ser deudor moroso puede resultar en una alternativa peligrosa para exigir el cumplimiento de las obligaciones referidas, ya que dicho requisito transgrede múltiples derechos de la persona deudora, como son el acceso a un trabajo digno en condiciones de igualdad y atendiendo a elementos como su capacidad, experiencia y conocimiento, no discriminación y su dignidad. 

 

Los derechos de las personas que son deudores alimentarios morosos, no pueden ser restringidos sin justificación objetiva y razonable. 

 

Creo preciso señalar que además de los instrumentos internacionales, nuestra acción retoma algunos argumentos en los que se ha basado la Suprema Corte para definir y guiar la interpretación respecto a los elementos que se deben de tomar en cuenta para determinar la objetividad de los requisitos para acceder a un cargo o empleo. 

 

En todo caso, aún no ha sido resuelta, por lo que este recurso no debe entenderse como una sentencia definitiva, y es de esperarse que los ministros de la Corte lo hagan, atendiendo a los derechos de todas y todos, pero sobre todo al interés superior de la niñez. 

 

El feminismo, la lucha por la igualdad de mujeres y hombres, es una lucha eminentemente de la izquierda; que he abrazado no de ahora, sino de siempre. Hablo del feminismo como reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las mujeres trabajadoras y sufragistas, ese que comprende que las exclusiones de género están entrecruzadas por las dimensiones de clase, etnia, religión y edad; y que se demuestra más que con palabras, con hechos. 

 

¿Qué hemos hecho desde la CND por las mujeres? 

 

Además de múltiples recomendaciones sobre casos particulares, 13 en 2020; 5 en 2021 y 72 en 2022. En junio de 2020, empezamos a integrar una recomendación que a la postre se convirtió en la recomendación general 43/2020, que hicimos de mano de las víctimas que tomaron nuestras instalaciones en la calle de República de Cuba y que se salieron de ahí no solamente para dar seguimiento a sus casos y trabajar en la elaboración de esa recomendación; sino para trabajar juntos en la defensa de los derechos humanos. 

 

De las recomendaciones particulares, me permito mencionar la recomendación 28/2022 dirigida al gobernador de Oaxaca y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, con motivo del ataque con ácido que sufrió una mujer el 9 de septiembre de 2019, ataque que generó profundas lesiones en gran parte del rostro y el cuerpo. Un caso que trascendió en diversos medios de comunicación y la sociedad mexicana, por cuyo cumplimiento cabal seguimos trabajando de la mano de la víctima. 

 

Me permito destacar también la recomendación 118/2022, misma que da cuenta de la lamentable situación por la que atravesó en 2018 una joven de 27 años, quien requería el retiro del dispositivo intrauterino, DIU, traslocado; el cual se realizó sin practicarle rayos X y un ultrasonido para advertir el daño y la infección generalizada que tenía, situación que generó un paro cardiaco durante la intervención, con 30 minutos de reanimación asistida, choque séptico, extirpación del útero, un ovario y la amputación de ambas piernas. 

 

Respecto de la recomendación general 43 sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas, en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias; quiero decir que a efecto de garantizar que los puntos recomendatorios sean implementados por las instituciones responsables; creamos un mecanismo especial de seguimiento mediante el cual convocamos a diferentes autoridades federales y estatales el 10 de agosto pasado, para entablar con ellas un frente de acción común en defensa de las mujeres. 

 

A partir de ello, la Comisión Nacional realizó 369 requerimientos de información a las autoridades recomendadas, sugiriendo pruebas de cumplimiento, a efecto de impactar positivamente en el cumplimiento del instrumento recomendatorio. 

 

Como consecuencia de los requerimientos de información, se recibieron 434 respuestas de autoridad, mismas que fueron objeto de análisis entre el 23 de octubre y el 24 de noviembre; análisis que se dará a conocer en el micrositio creado para ese efecto, en marzo de 2023. 

 

Quiero destacar que a la fecha tenemos 414 recomendaciones en trámites, en la que una de las víctimas es mujer; por cierto, que 239 de ellas. Esto es más del 50 por ciento emitidas en mi gestión, 35 con cumplimiento total. 

 

Además de eso, entre el 2020 y 2022, el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, PAMIMH, ha realizado puntualmente sus funciones de observancia y monitoreo. 

 

Hasta el 31 de octubre del 2022 se ha dado seguimiento a un total de 32 procedimientos de alerta de violencia de género contra las mujeres en 25 entidades federativas, de los cuales 25 son declaratorias y siete son solicitudes; la mayoría por violencia feminicida. 

 

El 17 de marzo de 2021, la CNDH solicitó la alerta de violencia de género contra las mujeres en Guanajuato por violencia feminicida, en especial por los delitos de feminicidio y desaparición, misma que fue admitida el 1º de abril de 2022.  

 

El origen y prevalencia de violencia de género contra las mujeres, da cuenta de los numerosos desafíos que continúan encontrando las entidades federativas para su erradicación.  

 

Resulta determinante analizar formas de violencia que son abordadas de forma inadecuada y que tienen un impacto indiferenciado en mujeres, niñas y adolescentes. 

 

No dejo pasar por desapercibido las actividades de promoción y capacitación de los derechos humanos de las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres, mismas que se han priorizado en las comunidades de menor acceso al desarrollo y en los 50 municipios de mayor índice de violencia. 

 

De manera concreta, durante este año se han realizado 87 actividades de promoción. 

 

Hemos realizado también varios estudios, informes y diagnósticos, entre otros: 

 

-El estudio sobre el seguimiento al presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. 

 

-Estudio sobre el seguimiento a los procedimientos de la alerta de violencia de género en contra de las mujeres. 

 

-Política para erradicar la violencia, la violencia contra las mujeres en el contexto del COVID-19. 

 

-Informe alterno de medio término de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de las observaciones finales sobre el Noveno Informe Periódico de México del Comité de la CEDAW, la reparación del daño para víctimas indirectas en el delito de feminicidio. 

 

-Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa 2022. 

 

-Análisis de la Encuesta Nacional de Opinión en Vivienda 2021, para la evaluación del impacto de la política nacional, en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Asimismo, dos estudios: Mujeres y Covid-19, EN 2020 y 2021; y un estudio sobre la aplicación de la Norma Oficial NOM046-SSA2-2005 por parte de las instituciones de salud. 

 

La violencia familiar existe, sin adjetivos, es un flagelo cultural y la combatimos sin distinción de género, porque defendemos a la persona humana. Esa es la esencia de los derechos humanos y a ella nos atenemos.  

 

¿Eso significa acaso que aborujamos de nuestra obligación de defender a las mujeres de las violencias machistas? Por supuesto que no.  

 

Y, tan lo hacemos, que, tal como le ofrecí al inicio de mi gestión, renovamos el PROVÍCTIMA.  

 

Quiero destacar que en este año, sólo a través de PROVÍCTIMA, se han atendido a la fecha mil 649 mujeres a las que se ha dado acompañamiento, asesoría jurídica y psicológica.  

 

Además, se ha apoyado en la restitución, por sustracción de siete niñas y niños. Se ha impulsado la reclasificación desde su inicio desde el delito de feminicidio, coadyuvando en la localización de 39 víctimas con vida y 18 sin vida. 

 

Y entre las actividades que tuvieron efecto el mes pasado, destaco el Primer Encuentro Nacional de Prevención Victimal y Cultura de Paz en el ámbito de la educación media superior, organizando, en coordinación con el Consejo Nacional de Supervisores y Supervisoras Federales de Prácticas Restaurativas, como los laboratorios victimológicos de autoprotección, acompañamiento y reacción inmediata ante situaciones de alto riesgo y los círculos restaurativos de prevención victimal, cuyo objetivo es abordar las conductas victimales y violaciones a los derechos humanos desde un enfoque psicosocial, pedagógico, humanista, así como orientar desde la prevención y protección integral a adolescentes y jóvenes para restablecer derechos. 

 

La toma de conciencia sobre el daño causado, así como prevenir y detectar conductas victimales en el ámbito educativo que permitan reparar el daño individual, social y en las relaciones. 

 

Es así que en dos meses se han implementado 63 laboratorios de prevención victimal en los estados de Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. A través de dichas prácticas y metodologías restaurativas, se ha impactado y atendido a más de 5 mil alumnos y alumnas de centros de estudios de bachillerato SEP, centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios -CBTis-, centros de bachillerato tecnológico y agropecuario -CBTA-, y universidades politécnicas y tecnológicas. 

 

Derivado de lo anterior, se suman 135 círculos restaurativos en espacios educativos en los que se abordan las conductas victimales y conflictos desde un enfoque de derechos humanos psicosocial, pedagógico, afectivo y otras disciplinas relacionadas con la familia y sus comunidades. 

 

Quiero abordar brevemente lo que ha hecho posible que trabajemos así y que tengamos estos resultados: La situación presupuestal y laboral que tenemos en la CNDH. Hay quien dice que la austeridad no necesariamente está asociada con mejores resultados. 

 

Nosotros no sólo lo creemos firmemente sino que lo practicamos, y para ello impulsamos una profunda Reforma en la normativa y en la estructura, que nos ha permitido reorientar los recursos humanos y materiales, de manera que podamos cumplir a cabalidad con nuestra misión constitucional, atender con mayor oportunidad a las víctimas y presuntas víctimas, y reducir los tiempos de respuesta. 

 

Esto tiene que ver con diagnósticos previos, adicional a los que hemos hecho en mi administración, realizados por organismos internacionales y organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, que documentaron lo altamente oneroso del trabajo de la CNDH que hacía la oficina del ombudsman más costosa de América Latina, más aún que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y una de las más costosas del mundo, agravado con el hecho de que era la misma instancia con los resultados más pobres. 

 

Hace tres años nos encontramos un tremendo “elefante blanco” con gastos en prestaciones y privilegios que absorbían buena parte de los recursos. 

 

La pirámide organizacional se encontraba invertida, toda vez que estructuralmente se contaba con demasiado personal de mando y el número de personal que realizaba actividades sustantivas era insuficiente. 

 

Prevalecían redes familiares producto del nepotismo y el amiguismo, y un acaparamiento de los cargos por parte de abogados. 

 

Decidí no hacer la designación de visitadores generales y en su lugar nombrar directoras y directores generales de las Visitadurías; toda vez que las restricciones que la legislación impone actualmente para cubrir dichos puestos, son limitantes y discriminatorias. Restrictivas no sólo de su función, en una visión amplia del ejercicio de los derechos humanos; sino incluso contradictoria de los Principios de París, que rigen a toda institución de defensa de los derechos humanos en el mundo. 

 

Hasta noviembre de 2019, todas las personas titulares de la presidencia de las visitadurías generales y prácticamente de los puestos de mando de la CNDH, eran exfuncionarios de la antigua Procuraduría General de la República; de alguna de las corporaciones policiacas y hasta de los Centros de Inteligencia Gubernamental. Un contrasentido que se justificaba legalmente restringiendo a licenciados en derecho la titularidad de estos puestos que, a nuestro modo de ver, pero también de varias organizaciones civiles, comprometía la misión constitucional de la CNDH, como de hecho sucedió con varios casos que hemos tenido que revisar y corregir. 

 

Quiero mencionar que del análisis realizado a la currícula del personal que integraba la CNDH, se obtuvo como resultado que un gran porcentaje que no contaba con la experiencia ni los conocimientos necesarios al tipo de institución que somos. 

 

De hecho, desde 2012 se tenían recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a este respecto, y de la Red Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la GANRI, advirtió desde 2016 sobre la necesidad de mejorar nuestros procedimientos internos. 

 

Hoy, gracias a las reformas que impulsamos, se ha reducido notablemente el rezago, a pesar de que tenemos el mayor número histórico de quejas, que sólo al 31 de octubre sumaban ya 60 mil 456.  

 

Se han logrado reducir también los tiempos de emisión de recomendaciones, de años a meses. Se está logrando la distribución equitativa del trabajo y se han generado procesos de revisión periódica y evaluación de resultados, que nos permiten medir continuamente la eficacia en el cumplimiento de nuestras tareas. 

 

Hemos creado un sistema de reclutamiento y profesionalización ejemplar, gracias al cual hoy todo el personal de nuevo ingreso debe pasar por una evaluación, y el personal de mando debe cumplir con la obligación de presentar un plan de trabajo evaluable a los tres meses de su contratación; lo que nos ha permitido eliminar el amiguismo y las recomendaciones en el reclutamiento del personal; pero también fortalecer el trabajo, el desempeño ético y la superación profesional como condición para mantenerlo. 

 

En la actualidad, el clima laboral que se vive al interior de la Comisión y la actuación de todo el personal, están regidos por nuestro Plan de Erradiación de Todas las Formas de Violencia y Corrupción, que sometimos a la aprobación del Consejo Consultivo en julio de 2021. 

 

Además de eso, actualizamos el Código de Ética y fortalecimos el Comité de Ética, que es el responsable de cuidar que no se violen los derechos humanos al interior de la Comisión e instituimos la figura del Ombudsperson de las y los trabajadores que atiende, en primera instancia, sobre sus casos, otorgándoles asesoría. 

 

Hemos sido tan cuidadosos en nuestra reestructura, que, salvo aquellos funcionarios que se han ido por transgredir la normativa, todos han recibido una indemnización a la terminación de su contrato; a pesar de que todos quienes laboran en la CNDH son empleados de confianza, generando un precedente muy benéfico para el tratamiento de esta modalidad de trabajo. 

 

Por lo demás, hemos mejorado las condiciones salariales del personal sustantivo y de los niveles en quienes recae el mayor peso del trabajo que por años tuvieron salarios notoriamente reducidos, en comparación con el de los altos mandos. 

 

A estos últimos, en cambio, les congelamos el salario desde el año 2020, incluida a una servidora, la Presidenta, desde luego con sueldos por debajo del Presidente de la República; y para el año 2023 hemos programado un incremento más en los salarios de los mandos medios y de los profesionales y operativos, así como los visitadores adjuntos; y una reducción del cinco por ciento de los altos mandos. 

 

Se eliminaron los viajes al extranjero, los seguros de gastos médicos y los viáticos de los altos mandos.  

 

También los celulares de uso personal, los guardaespaldas y la chef exclusiva, y las tres camionetas de lujo blindadas que estaban a disposición de la Presidencia; se sustituyeron por una camioneta sin blindaje ni lujos. 

 

Quiero destacar que, en comparación con el presupuesto que se tenía al final de la anterior gestión, esto es en 2019, este año 2022 se observó una reducción de 8.2 por ciento en términos reales, y con esos recursos tenemos una CNDH mucho más productiva que al 31 de octubre alcanzó el número de 506 recomendaciones emitidas, mucho más del número de las que se emitieron en todos los cinco años de gestión anterior, que fueron 449. 

 

Y no sólo eso, también hemos superado con creces el número de acciones de inconstitucionalidad.  

 

Sólo este año, hasta el mes de octubre, se han presentado 68, y desde el mes de julio superamos ya en número las recomendaciones por violaciones graves emitidas en todos los 10 años anteriores que precedieron a la actual gestión. 

 

Es decir, que entre 2012 y 2019 se emitieron 35 de estas recomendaciones, en lo que va de mi gestión se han emitido 47 recomendaciones por violaciones graves y algunas derivadas de quejas que por años estuvieron archivadas. 

 

Y un dato importante que quiero destacar, es que mientras en el periodo 2012-2019 se registraron 118 expedientes por violaciones graves, entre 2020 y 2022 sólo se han registrado 45 y esto es 62 por ciento menos, mientras que las recomendaciones en este rubro han crecido 34 por ciento en comparación con el pasado.  

 

Y todo esto, repito, gracias en gran medida a la reorientación del gasto, a que más recursos se destinan hoy al trabajo sustantivo, a la atención de quejas, a la investigación de violaciones a derechos humanos, y a la emisión de recomendaciones y su seguimiento. 

 

Y lo ejemplifico: 

 

Mientras en 2018 se destinaba el 51 por ciento del presupuesto a actividades de protección, y en 2019 el 54 por ciento, este año la CNDH destinó a este rubro el 66 por ciento de su gasto, y el proyecto de presupuesto de la CNDH para el ejercicio fiscal 2023, sigue por esa ruta. 

 

Nuestro presupuesto ya aprobado considera un total de mil 798.3 millones de pesos, lo que representa un cero por ciento de incremento en términos reales, si tomamos en cuenta las proyecciones con respecto a la inflación calculada, a la inflación que calcula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Esto significa que estaremos trabajando en 2023 con el mismo presupuesto que la CNDH tenía en 2017, con una diferencia: los resultados, 82 por ciento de las personas que se acercan a la CNDH en busca de un servicio, consideran que la atención brindada fue excelente, y el 16 por ciento que fue buena, y el 98 por ciento, que las personas señalan, que volverían a acudir a la CNDH. 

 

Ejercemos una autonomía que no es para presumir en los foros, o para que alaben los académicos, sino que tiene como centro el interés de las víctimas. Nada ni nadie se ha antepuesto a este compromiso y ellas lo saben. Esa es la autonomía de la CNDH, puesta al servicio del pueblo. 

 

En la CNDH, hoy, no se acuerdan las recomendaciones, no se negocian, no hay un solo hecho violatorio comprobado de cualquier autoridad, sea federal o local, que no hayamos dejado de atender o recomendar. 

 

Lo puedo decir con la frente en alto y con orgullo: La CNDH hoy no trabaja para una minoría. Está al servicio de todo el pueblo, aunque por ello tengamos que pagar el costo. 

 

Ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores: 

 

Muchos de los que nos cuestionaron, muchos de los que nos cuestionan, criticaban a la CNDH justamente por no hacer lo que hoy estamos haciendo. 

 

La realidad es que ahora la CNDH es una institución más eficiente, menos onerosa para el pueblo y con más resultado, también es más plural e incluyente en su composición representativa de los diferentes sectores de la sociedad y sin burocracia. 

 

La Procuraduría General de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han dejado de ser los centros de reclutamiento del personal y los altos mandos los ocupan egresados y académicos de universidades de todo el país, garantizando desde luego la paridad de género, ya que a la fecha son 51.3 por ciento del total de la plantilla, y 56 por ciento de los mandos superiores. 

 

Todo esto prueba que la CNDH es hoy al fin un instrumento real de defensa del pueblo. Para eso llegué a la CNDH, para transformarla y en ello estoy comprometida. Esperamos contar con su apoyo. 

 

Muchas gracias.