Versión estenográfica de la ponencia del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en el Congreso Internacional Democracia-Derecho-Justicia, en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

La democracia y el constitucionalismo de un ajuste permanente para resguardar la justicia, pero que encuentran una comunión desde una perspectiva social.  

 

Soy partidario del Estado de bienestar, porque estoy convencido que está profundamente comprometido con el Estado de Derecho, lo cual implica el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, reconocida en ésta y en los tratados internacionales. 

 

La acción política en este sentido, debe desarrollarse dentro de ese marco jurídico y en abierto rechazo a la violencia, como vía para hacer avanzar sus intereses. 

 

La democracia y en particular la socialdemocracia del siglo XXI, debe mirar más allá de las arenas electorales e instalarse en la vida diaria del país, como una forma de vida republicana. Para ello es importante fortalecer la democracia participativa a través de las figuras de la consulta popular o la revocación de mandato; instituciones que han sido puestas en marcha a partir de hace unos años y que han renovado la soberanía popular a favor de las mexicanas y los mexicanos. 

 

Es inaplazable reforzar los puentes con la democracia deliberativa, de tal suerte que el diálogo con la ciudadanía sea permanente en todos los Poderes de la Unión y en especial, con los sectores más vulnerables de nuestra población. 

 

Recordemos que los pueblos, las comunidades indígenas y afromexicanas, así como las personas con discapacidad, tienen ya derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada, sobre acciones del Estado que pueden afectar su esfera particular. 

 

En democracia debemos ser respetuosos de la diversidad. No somos un país monocromático, de modo que cada color debe sumarse al conjunto para aplazar a alcanzar un mural, un crisol cultural que nos represente a todas y a todos. 

 

Es así que, desde lo social, la democracia y los derechos pueden superar las diferencias que nos aquejan. De esa manera refrendamos el tercer elemento del círculo virtuoso: la justicia. 

 

Como ustedes saben, una democracia sin justicia es inconcebible, pues la justicia constituye la base sobre la cual descansan todas las decisiones del aparato institucional, desde el más alto nivel de decisión en el Ejecutivo y el Legislativo; hasta el más operativo de los espacios de la Administración Pública municipal. 

 

Hoy que me encuentro frente a este selecto grupo, que se encarga precisamente de impartir justicia y recibir clases de derecho; es pertinente reflexionar sobre la independencia judicial. El marco jurídico que lo sustenta y que debe garantizar su relación con el Estado, en una aplicación estricta en la impartición de justicia. 

 

La independencia judicial se encuentra reconocida desde los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; que señalan la obligación de garantizar a toda persona el derecho a ser oída por las debidas garantías, por un juez o un Tribunal independiente o imparcial; y de esa manera hacer garante o garantizar precisamente lo establecido en el artículo 17, al disponer que las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

 

A partir de este reconocimiento internacional y constitucional, es posible hablar de la independencia judicial como un derecho humano a favor de todas las personas entendidas como la garantía frente a las posibles intromisiones y presiones indebidas, en el ejercicio de la función jurisdiccional; principalmente en lo que se refiere al derecho al debido proceso. 

 

La autonomía judicial guarda íntima relación con la existencia de un Estado de Derecho en el que tengan plena vigencia la igualdad ante la ley, la imparcialidad en su aplicación y la seguridad jurídica; así como la eliminación de la arbitrariedad en los procesos judiciales. 

 

No debemos olvidar que la independencia judicial se expresa en dos ámbitos fundamentales: el institucional, referido a las instituciones involucradas en los procesos jurisdiccionales de impartición de justicia; y el individual o personal, que concierne a la independencia que debe garantizar a las personas juzgadoras, tanto en el ámbito estatal como en la federación. 

 

En ambos espacios y aspectos, es indispensable que el Poder Judicial actúe libre de presiones externas, de influencias políticas o manifestaciones o manipulaciones de cualquier tipo. 

 

Esta exigencia es parte integral del principio de separación de poderes. 

 

En este contexto, como lo he expresado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe considerarse cuatro elementos que no deben de desapercibirse en la independencia judicial. 

 

La forma en la que se produce la designación o nombramiento para periodos limitados para las designaciones de los jueces, puede producir una mayor dependencia respecto de la autoridad que los designa. 

 

El periodo que ejercen las funciones relacionadas a su estabilidad y permanencia, la existencia de garantías contra presiones externas, incluyendo presiones presupuestarias. Que la Judicatura sea percibida como independiente e imparcial.  

 

Por su parte, hay que considerar que, puesto que los derechos fundamentales son de todos, su garantía exige un juez imparcial o independiente, sustraído a cualquier vínculo con los poderes de la mayoría legislativa o del Ejecutivo en turno, y en condiciones de que no permitan que lleguen hasta su esfera de atribuciones cualquier presión indebida e ilegal. 

 

Es interesante que hoy podamos hablar de modelos, de requisitos y de la independencia judicial, y el papel directo en la consolidación de la democracia.  

 

Por eso es importante decirles a todos que es un seminario muy importante. 

 

No es exagerado decir que el espíritu genuino de colaboración de los poderes de la Unión, es un factor esencial en las transiciones.  

 

Muchos aquí presentes, recordarán que durante las décadas del presidencialismo mexicano, el más duro, el más enraizado, en el dominio casi absoluto de una sola fuerza política en los Poderes de la Unión, fueron forjándose las llamadas “facultades metaconstitucionlaes” del presidente de la República, que le dotaron de una fuerza, a todas luces, invasiva, que de facto le permitió usurpar funciones depositadas constitucionalmente en otros poderes. 

 

Este modo comenzó a debilitarse hace décadas; sin embargo, debo decirlo con toda seriedad, no está del todo por escrito. Todavía existe la insinuación y existe en ocasiones la presión indebida de los políticos, de legisladores, de gobernadores o de otros entes al Poder Judicial. 

 

También el Poder Judicial tiene que mejorarse. No creo que tengamos un Poder Judicial a la altura de las circunstancias del país. 

 

No le concedo al Poder Judicial una independencia total, ni tampoco lo deseable para los que estudiamos y los que enseñamos derecho. 

 

El Poder Judicial adolece de una independencia plena.  

 

El Poder Judicial debe sacudirse de privilegios que lo hacen una casta independiente de la población. 

 

El Poder Judicial tiene que sacudirse del nepotismo de jueces y magistrados; tiene que erradicar las redes de corrupción que sí existen y que los que litigan saben que existen. 

 

Por eso es importante ir generando un Poder Judicial a la altura de las exigencias del país.  

 

Hace un año aprobamos la Ley Orgánica y una reforma constitucional al Poder Judicial; aún no se consuma y aún no está como debiera estar. 

 

El Poder Judicial está en un proceso de transición y sus ministros, jueces y magistrados, saben perfectamente que aún falta mucho por hacer, en nombramientos de magistrados que acaban de ocurrir.  

 

Parecieran ser que los magistrados designados obedecen, ya no a un órgano independiente sino a su propio órgano pero con dedicatoria muy clara de ministros de la Corte que logran colocar a sus preferidos en órganos colegiados de sus ponencias, y que obviamente tendrán con ellos ataduras, inconvenientes, a través del espacio y del tiempo. 

 

Conozco muy bien, pero nosotros legislamos en esa materia y lo vamos a resolver y lo vamos a corregir, porque no hay que otorgarle tanto poder a un ministro para que designe libremente a jueces de distrito y a magistrados, porque muchos magistrados con capacidad, talento, independencia, se quedan cortos o se quedan ausentes y no tienen el apoyo y el respaldo de un ministro que los lleve a considerarse para tal efecto. 

 

Los exámenes y todo a lo que están sujetos para adquirir esa posición aún no son confiables. Estamos en un proceso de revisión puntual; conozco muy bien la materia. 

 

Y le dije al principio al ministro: “tienes que aguantar porque voy a hacer alguna crítica al Poder Judicial, como yo recibo críticas al Poder Legislativo, pero ahora estamos hablando del Poder Judicial. 

 

Y me dijo el Ministro de la Corte, amablemente: “no te preocupes, yo te voy a secundar, voy a esperar”. Que es un hombre correcto, yo lo conozco, congruente, y él sabe que estoy hablando con la verdad. Hay redes de corrupción todavía en el Poder Judicial, hay favoritismo y hay influencias indebidas en el Poder Judicial. 

 

Y vaya que el Poder Judicial Federal se escapa frente a los poderes locales. Ahí sí es terrible. Ahí hay una subordinación casi completa para con el gobernador del Estado. Ahí sí la independencia es como un mito. 

 

Aquí en el Poder Judicial Federal todavía hay jueces y magistrados que se resisten a la presión. Pero en el Poder Ejecutivo local no hay forma de que se resistan a la presión de un gobernador, o un fiscal que presuma de autonomía que se resista tampoco a la decisión de un gobernador. 

 

Es decir, nos falta mucho en materia del Poder Judicial, y en este proceso de transición política que vive el país tenemos que aprovecharlo y tenemos que impulsar estas reformas que aún están pendiente en materia constitucional y legal. Por eso, es importante lo que de aquí surja de este Congreso Internacional de Derecho Democracia y Justicia. 

 

Y, por otra parte, también me alegra que la Escuela de Derecho siga funcionando y siga trabajando, porque como somos también parte de los docentes, siempre nos alegra que esté funcionando. 

 

Es importante decirles que este evento es de trascendencia. Van a expresar sus propias ponencias. El magistrado, creo que aquí estaba Reyes Rodríguez, Paola María, Darío Lara, Hortensia María, y Ana Ileana Moreno, Claudia de Buen, José Artemio Zúñiga, Carlos Manuel Acuña, José Manuel rodríguez. Me parecen extraordinarios los ponentes. 

 

Yo voy a darle seguimiento por la vía de las redes y de la propia memoria que se levante para tal efecto por la Escuela de Derecho. 

 

Quiero agradecerles su atención. 

 

Y había comentado con Raúl de hacer un seminario pronto, los maestros con el Senado, porque tenemos convenios permanentes de maestrías y doctorados, que ahora estamos incrementando el concurso con esta Escuela de Derecho de la UNAM. 

 

Muchas gracias por su atención. Me da mucho gusto estar aquí en la UNAM. 

 

A todos, mis aprecios y mis respetos. 

 

Muchas gracias. 

 

Sólo decirles que me tengo que retirar porque hoy tengo comparecencias en el Senado. Ahorita a las 10:00 empezamos con comparecencias. Pero nunca dejo de asistir cuando se trata de foros académicos con mi Alma Máter. 

 

Una disculpa a todos los alumnos y maestros. 

 

Muchas gracias.