Versión estenográfica de la participación del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en el Foro “Digitalización: Herramienta para Romper con el Mundo Hecho para unos Cuantos”.
Bueno días a todos y a todas.
Saludo con gusto a las personas e instituciones organizadoras en este Foro. Así también, como quienes nos acompañan, presencial y remotamente este día, con el propósito de que intercambiemos perspectivas y reflexionemos sobre el estado actual y los desafíos de la inclusión digital para las personas con discapacidad.
Sin duda, la conectividad y el permanente desarrollo de tecnología de la información, es el momento en el que estamos parados.
Por cierto, Javier, a nosotros no nos corresponde el Presupuesto de Egresos de la Federación: es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados; pero nosotros vemos la Ley de Ingresos.
Esta conectividad y el desarrollo de las TIC, ha tenido un enorme impacto en casi todos los aspectos de la sociedad en el mundo; pero por más que la expansión de las TIC es constante y acelerada, no todos los grupos ni todas las personas se benefician de estos avances.
Como bien lo sabes, esta situación se le conoce como la brecha digital, que se explica por diversas causas, incluida la desigualdad económica y social. Pero la que sin duda, contribuye en la existencia de políticas públicas desarticuladas y de legislaciones obsoletas, tenemos que decirlo.
La persistencia de prejuicios y nociones discriminatorias entre muchos sectores de la sociedad, así como el aún incipiente compromiso de la industria tecnológica con el diseño y la producción de tecnologías accesibles y asequibles.
La suma de estos elementos, ha dado como resultado entornos de excusión, como aquí lo han afirmado ya, y también violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esta exclusión se está volviendo cada vez más problemática y más profunda, más honda; a medida que el mundo transfiere más y más tareas y procesos hacia el ámbito digital, lo que sin duda se intensificó a raíz de la pandemia.
Desde el ámbito legislativo en todo el mundo, se han producido reformas significativas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
En México desde el 2011, se han hecho esfuerzos legislativos y regulatorios para ajustarse progresivamente a las obligaciones contraídas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A lo largo de estos años, hemos presentado diversas iniciativas en la materia, que van desde el impulso a su inclusión financiera, la obligación de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, la incorporación de la perspectiva de discapacidad en el sistema judicial, la obligatoriedad de la enseñanza universal, de la Lengua de Señas Mexicanas y del Sistema Braille en el sistema educativo, hasta la eliminación de prácticas discriminatorias en los servicios que prestan las aseguradoras y la plena accesibilidad de los portales web de las Cámaras del Congreso.
Muchas de estas propuestas ya han sido aprobadas y otras tantas se encuentran en fase de dictaminación.
Puede decirse que, al menos desde el ámbito legislativo, el tema de los derechos de las personas con discapacidad es uno de los más fructíferos y de los que también tenemos pendientes, porque es claro que los desafíos y áreas de oportunidad no se agotan.
Ese es el caso de la materia que nos convoca: regular los mercados tecnológicos, así como las dinámicas de riesgo que se han generado en este ámbito.
Uno que yo creo que es muy importante, corresponde a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país; el de hacer sectores específicos, tanto públicos como privados, se comprometan con mayor firmeza a generar y adquirir o proporcionar tecnologías accesibles y asequibles, para el ejercicio de sus propias actividades así como para la prestación de sus servicios.
Les adelanto que estoy trabajando con el equipo, una iniciativa para incorporar criterios de accesibilidad aplicables a la implementación pública, de modo que las instituciones públicas estén obligadas a utilizar o contratar productos o servicios que cumplan con funcionalidades mínimas de accesibilidad.
Estos retos nos permiten extender y entender a la discapacidad como parte de una realidad cotidiana, que muy probablemente todos experimentaremos cercana, directa o indirectamente en algún momento de nuestra vida o durante toda nuestra vida, y no como un fenómeno extraño sino como un resultado normal de vivir en sociedad; por eso la ausencia de mecanismos idóneos para el desarrollo de estos miembros de la sociedad, todavía es muy lejana.
Este tipo de proyectos van más allá de la primera etapa de armonización conceptual con la convención en la materia y se enfoca esta vez en garantizar el ejercicio de derechos concretos de las personas que tienen esta discapacidad, como por ejemplo, los que alude el T-MEC en materia de accesibilidad en el marco del comercio digital globalizado, un ámbito que no está siendo suficientemente discutido.
Y así como estos temas, existen aún muchas áreas que requieren de la conversación, el enriquecimiento mutuo y el consenso para pasar de los buenos deseos a las garantías concretas.
Por eso, no debemos estancarnos en lo que se llama “el derecho humanismo de fachada”, que está lleno de buenas intenciones y muchas palabras, pero de pocas acciones. Por eso, es primordial que se destinen los recursos económicos, técnicos y normativos correspondiente.
Nosotros, como Senado, hablaremos con nuestra colegisladora para el tema de presupuesto; es indispensable. Además, que hablemos de promover la confianza y la seguridad digital. Lo que pasa por crear políticas de ciberseguridad, que aborden los riesgos de grupos en desventaja digital, como es el caso de las personas con discapacidad.
En fin, es tiempo de plantear un nuevo modelo de gobernanza que asegure un estado de bienestar digital con perspectiva de discapacidad, que vaya más allá del despliegue de infraestructura y esté encaminado a garantizar la igualdad de este sector, esta igualdad de oportunidades, que abogue por la inclusión y asegure el pleno ejercicio de sus derechos a estas personas con discapacidad.
Yo, de manera personal, como también sé que muchos de ustedes, tengo un nieto, Sergio, con discapacidad; disfruto mucho estar con él. Disfruto sus ideas, sus ocurrencias, su alegría. Es impresionante.
Mi nieto tiene ocho años y tiene una discapacidad, y él es feliz y nosotros tratamos de hacerlo feliz. Yo soy católico y creo que es una bendición tener un niño así. Mi hija, Caty, también ha estado muy atenta en todos estos temas.
Y, por eso, las metas que nos queremos proponer, es llegar a soluciones concretas, concertadas, de amplia participación y diálogo permanente.
Por eso celebro esta convocatoria, pues nos da la oportunidad de escucharlos, de enriquecernos y de construir colectivamente.
Felicito a Javier Quijano, a Rodrigue Pacheco, a Gabriela Martínez, a Hilda Laura, a Katia D’Artigues, a Diana Navarrete, a Camerina Robles, por la organización y por su esfuerzo en este tema tan sensible para la sociedad.
En el Senado, seremos sus aliados. Sus causas, son nuestras causas.
Muchas gracias por la invitación.