Versión estenográfica de la segunda participación de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en la inauguración de los Diálogos Parlamentarios “Independencia de las Fiscalías Locales: garantía de justicia cotidiana”.  

Sin duda, las intervenciones han sido espléndidas, se tiene mucho conocimiento de la  problemática, del diagnóstico, de las procuradurías. Y, tienen mucha razón en muchas cosas: deberían de tener la autonomía presupuestal directamente ustedes y no tendrían que estar –perdón la expresión, la voy a decir muy coloquial, pero eso es– de pedinches, pedinches con el gobernador y con los congresos locales para que les asigne sus presupuestos. 

 

Debería de ir este presupuesto directamente a las fiscalías, que es lo mismo que pasa con los tribunales: los tribunales también tienen un tipo de dependencia verdaderamente lamentable, como las fiscalías también, de que sean escuchados en sus demandas presupuestales. 

 

Y, requerimos tener una autonomía presupuestal, si no, no vamos a avanzar en este grave problema de procuración de justicia y de impartición de justicia. 

 

Tienen también mucha razón, mucha razón, con esta revisión del Régimen de Coordinación Hacendaria, que nos decía Leticia Catalina Soto. Pero adicionalmente, adicionalmente la remuneración adecuada de los fiscales y de los servidores públicos de las fiscalías; cuando menos nivelarlas a nivel de los jueces y de los magistrados. 

 

Eso sería, de verdad, y no es un sueño imposible, creo yo que es un sueño real. Y no es un sueño, tiene que ser una política de Estado real. 

 

También es importantísimo saber ante quiénes se rinden cuentas y qué controles hay sobre las fiscalías, porque si bien hay una autonomía real en las fiscalías, también lo cierto es que todos, todos, inclusive los propios senadores; inclusive la propia Suprema Corte, la mismísima Suprema Corte. Tenemos que tener ciertos controles para rendir cuentas. 

 

Entonces, creo yo que todo lo que se ha dicho aquí ha sido verdaderamente importante y trascendente. 

 

Por ejemplo, yo le voy a pedir a los fiscales que manden sus observaciones a la iniciativa, y que Catalina se venga aquí al Senado a arrastrar el lápiz, ¿verdad? para que estemos en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, con Ana Lilia Rivera; que Ana Lilia trae el pulso de todo lo que es esto de la procuración de justicia y que además, yo la admiro muchísimo porque, tiene muchísimo trabajo y todo lo saca. De verdad, yo no sé cómo le hace, pero lo saca. 

 

Juan Antonio tiene toda la razón en el tema de la facultad de atracción. Mi querido Juan Antonio, mira, si hay un homicidio de un periodista, ¡ah!, bueno, no le toca a la fiscalía local, aunque sea homicidio, porque es de periodista; y entonces el sistema de competencias es tan implicado en nuestro país, que como tú acabas de decirlo, lo señalaste perfecto, es una cancha de pin pon: A ver cómo mandamos el balón o la pelota al otro lado. 

 

Entonces, imagínate, ¡ah, sí! son homicidios, pero es delincuencia organizada; ¡ah, sí!, son homicidios pero no le toca a la fiscalía del estado o le toca a la fiscalía de la República por la calidad del sujeto de servidor público federal. Por ejemplo, por ejemplo. 

 

Entonces, ahí se imbrican las competencias de una forma en donde no se dan los resultados adecuados. Así tan sencillo. 

 

Ahora, el Sistema Penal Acusatorio ya es una realidad en nuestro país, ¿qué tan capacitados estábamos para poderlo atender adecuadamente? Siete u ocho –no me acuerdo– largos años de una vacatio legis de la reforma constitucional, y todavía llegamos al 2016 y no había un resultado favorable de la capacitación. 

 

Fíjense ustedes, se capacitaron a los jueces, mucho más que a los fiscales y a los ministerios públicos. Hubo más presupuesto para los tribunales y capacitar a los juzgadores, que a los fiscales; cuando los operadores del sistema de justicia desde luego son ministerios públicos, son policía. La Policía Ministerial, díganme ustedes, ¿cuándo   se capacitó? Bueno, los peritos, para este Sistema Penal Acusatorio. 

 

Entonces, una serie de tropiezos en la implementación del sistema, que a unos años de distancia todavía hay deficiencias importantes. Todos lo tienen clarísimo y yo, no hay duda que también lo tengo claro: el diagnóstico es perfecto. 

 

Tenemos que trabajar en que ese diagnóstico tenga una política pública, una legislación adecuada, mi querida Ana Lilia. La legislación tiene que ser adecuada para dar un respaldo. 

 

Y yo también estoy de acuerdo que en el 116, agregaría yo el 122 por la Ciudad de México, de verdad, se modifique o se agregue una fracción para darle un contexto constitucional, una normativa constitucional de fortalecimiento a las fiscalías; por eso te digo, Catalina, que te vengas aquí a arrastrar el lápiz con nosotros. 

 

Y, obviamente, y a ustedes también decirles que por favor aporten toda su experiencia. No podemos seguir siendo un país de los peores calificados en materia de procuración de justicia, como lo somos, con una gran impunidad.  

 

Y es porque precisamente este tránsito fue muy difícil, muy complicado; pero ya no estamos en el tránsito, ya estamos en la realidad de la implementación y tenemos que caminar adelante. 

 

Yo también estoy de acuerdo con muchos de ustedes en que el fondo de inversión ara las fiscalías, que no hay un fondo de inversión para las fiscalías; al final del día todo se reduce a presupuesto también, bueno, no todo, pero los servidores públicos. 

 

Yo también estoy de acuerdo que hay muchos servidores públicos comprometidos en las fiscalías, son gente buena, gente honesta, gente que se levanta, como decían, a tratar de dar una respuesta a la población en este índice tan alto que tenemos de criminalidad; y, sin embargo, ni siquiera tienen prestaciones, ni siquiera tienen buenas remuneraciones, sus horarios son de sol a sol, y hay muchos temas ahí pendientes; no tienen inamovilidad, inamovilidad en sus empleos, cuando menos causas graves para que los puedan remover, simplemente los remueven a los ministerios públicos de un día para otro, no hay estabilidad en el empleo, no hay carrera ministerial, esa carrera ministerial que urge implementarla. 

 

Pero yo creo que todos tenemos claros estos temas, muy claros; yo en lo personal lo tengo clarísimo, lo viví 25 años, y hay que hacer, hay un frase que aunque es muy redundante “Las cosas se hacen haciéndolas”, y se hacen haciéndolas porque tenemos que hacerlas; ¿y por qué? Porque tenemos que dar una respuesta adecuada a la población sobre la procuración de justicia, y sobre la impartición también, pero bueno, ahora estamos en el tema de la procuración, estamos en el tema de la investigación.  

 

Tener una policía ministerial investigadora, ¿cuántas fiscalías carecen de esto?  

 

Luego ya no empatan los reportes de la policía con las realidades, con los hechos y, por supuesto, homologados, el reporte homologado que levantan los policías, no saben cómo levantarlo porque ni siquiera capacitados están. 

 

¿Qué opinaría yo? Que las mesas de justicia estén todos los operadores del Sistema de Justicia Penal. 

 

Si ustedes, fiscales, con los magistrados y jueces se unieran una vez por semana con las policías, con algunos de los peritos, en fin, se unieran y platicaran de los precedentes de los tribunales y por qué un caso no tuvo éxito, y por qué otro sí tuvo, y por qué el criterio de un juez es diferente al criterio del otro, y por qué este salió libre y éste no, y por qué este tuvo una puerta giratoria y este otro no; y se intercambiaran experiencias y cada semana estuvieran sentados en una mesa de justicia, como lo hacen algunos estados, de verdad tendríamos un sistema de procuración e impartición de justicia, como lo hacen algunos estados, de verdad tendríamos un sistema de procuración e impartición de justicia distinto.  

 

No sé qué opinen. 

 

Esa sería mi opinión, pero creo que el diagnóstico está claro, ahora tenemos que atenderlo.