Versión estenográfica de la conferencia magistral del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Agrario y VI Internacional. 

 

Muchas gracias al presidente del Comité Organizador. Muchas gracias, Rubén Gallardo. 

 

Muchas gracias a la presidenta del Tribunal Agrario, nuestra paisana Maribel Méndez. 

 

Agradezco a la Universidad Autónoma de México, que a través de las Facultades de Derecho, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y de Ciudad Universitaria; así como a los tribunales agrarios y todas las instituciones convocantes, un total de 17, su invitación a participar en la Vigésima Tercera Edición del Congreso Nacional de Derecho Agrario, y Sexta Internacional, denominado “El Derecho Agrario. Presente y Futuro”. 

 

La historia de México se encuentra íntimamente vinculada con la lucha por la tierra. La tenencia de la tierra ha sido un factor determinante, desde la época prehispánica hasta nuestros días, en la configuración del México actual. 

 

A diferencia de otros países, México se caracteriza por su riqueza cultural, étnica y de diversidad biológica; así como por su privilegiada ubicación geográfica. Nuestro país se transformó en el siglo pasado, con la primera gran revolución en el mundo del siglo XX; de la que se derivó el reconocimiento del derecho a la tierra y en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se plasmó este anhelo y se elevó a rango constitucional la Ley del 6 de enero de 1915, que estableció la obligación del Estado de restituir las tierras, confirmar las tierras a las comunidades despojadas y dotar de tierras a quienes carecían de ella o a quienes se les negaron la restitución. 

 

La Revolución Mexicana detonó una fase intensiva del reparto agrario durante casi ocho décadas, que significó el fundamento para que ejidatarios, comuneros y sus familias pudieran acceder a la tierra, como un medio para alcanzar mejores condiciones de vida y de desarrollo.  

 

El proceso de reforma agraria por la que el país ha transitado, consiste en el reparto de tierras, de 1915 a 1992; la regularización del ordenamiento de los derechos de propiedad, de 1992 a la fecha. Sin duda, un proceso inacabado en el que el desarrollo con seguridad jurídica, está en la agenda actual. 

 

El desafío radica en que los ejidos, comunidades, nacionaleros, colonos y pequeños propietarios, que son poseedores, propietarios y usufructuarios de tierras y recursos naturales; cuenten con la protección de un marco legal agrario que contribuya al reconocimiento de su identidad cultural y sus tradiciones. Y, simultáneamente, abra la posibilidad de aprovechar el enorme potencial que tiene la propiedad rural en México para mejorar las condiciones de vida. 

 

México tiene, en el campo y sus habitantes, un enorme potencial para su transformación. No es limitante que en el siglo XXI seamos una sociedad predominantemente urbana.  

 

Del campo viene una cantidad significativa de materias primas para la ciudad. En el campo está la riqueza de la diversidad cultural, social y biológica que distingue al país.  

 

Queda acreditado que el sector agropecuario representa una fortaleza y, como Nación, podemos mejorar su desempeño. 

 

Históricamente hemos sido productores de diversos productos de origen animal y vegetal, además de materias primas que exportamos al mundo.  

 

Gran parte de dicha fortaleza se encuentra en los ejidos, en las comunidades, en las colonias, en las pequeñas propiedades; por ello, propongo concebir a los núcleos agrarios como agentes de cambio y desarrollo. 

 

En este horizonte en que he venido proponiendo la necesidad de una actuación articulada de las políticas públicas, con el propósito de lograr un impacto verdadero para superar la desigualdad y la generación de riqueza que rompa el círculo intergeneracional de la pobreza, con una visión y atención focalizada en los productores de pequeña escala. 

 

Los altos costos de los insumos y servicios, y un deficiente proceso de comercialización están directamente asociados a la limitada capacidad financiera de los productores.  

 

Entre mayor sea su capacidad financiera, mayor su autonomía para producir y comercializar sus productos y llevarlos a los centros de distribución de consumo. 

 

Lo anterior señala la limitación que tienen los productores para acceder a capital líquido, ya sea por falta de facilidades o de garantías que acepten las instituciones de crédito, o por la reserva que muchos productores tienen respecto al alto cobro de intereses. 

 

Por un lado, obtienen mayor crédito de las personas que compran la producción y de las que proveen insumos, que es paradójico que obtengan mayor crédito de ellos que de las instituciones financieras, que de los bancos. 

 

Por el otro, la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Forestal y Pesquero sólo apoya, escúchese bien, al 16.9 por ciento de los productores agropecuarios; mucho menos de lo que representa los préstamos de amigos, conocidos, familiares y otras fuentes diversas. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI, con resultados al 2019, sólo el 9.4 de las unidades de producción agropecuaria solicitaron un crédito o préstamo para el desarrollo de sus actividades; y de éstas, únicamente el 8.4 por ciento logró obtenerlo. 

 

Este dato es significativo, ni siquiera el 10 por ciento de ellas alcanzaron o tuvieron crédito para desarrollar sus actividades agropecuarias. 

 

Esta situación coincide con lo reportado por la CEPAL en el 2019, donde se menciona que el crédito agrícola en México lamentablemente es uno de los tres más bajos de América Latina, con el 1.9 del total del financiamiento disponible en el país. 

 

Los sistemas productivos rurales gradualmente se han visto desarticulados por el creciente flujo de la población rural hacia las ciudades, resultado de procesos estructurales como la pobreza, la violencia, propiciando el abandono de personas en las 188 mil localidades que en México existen y que no tienen más allá de 2 mil 500 habitantes en etas comunidades. Con ello, la dispersión de su población. 

 

El fraccionamiento y minifundio, son algunas de las principales causas o problemas a los que se enfrenta hoy día el campo mexicano. 

 

Nueve de cada 10 productores del sector agropecuario, forestal o pesquero, son o pequeños o medianos. El envejecimiento de las productoras y los productores del campo es creciente. Según el INEGI, el 46 por ciento tiene 60 años o más. 

 

Pero también hay buenas noticias, porque al cierre del 2020 el sector primario representó sólo el 3.5 por ciento del total del PIB nacional, con un valor de 616 mil 500 millones de pesos. A pesar de ser el sector más pequeño, tuvo el mayor dinamismo. 

 

El servicio de información agroalimentario y pesquero, en su análisis de la balanza comercial agroalimentaria de México, a diciembre del 2020, señala que la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, por sexto año consecutivo, tiene un superávit. 

 

El reporte señala que, en 10 meses del 2020, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México fue el más alto desde 1993; que en mucho se explica con el Tratado Comercial T-MEC, de México, Estados Unidos y Canadá. 

 

En este contexto, la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, coinciden en que la tenencia de la tierra es un factor determinante, que permite el desarrollo socioeconómico, que aumenta los incentivos hacia la inversión productiva y social, y reduce los riesgos de la degradación ecológica. 

 

Mejorar el acceso y el manejo de los recursos naturales, facilitar los procesos de recaudación de impuestos y la generación de condiciones para la protección de las comunidades vulnerables a través de programas sociales, y en definitiva crear las bases para alcanzar los objetivos de un desarrollo sustentable, relacionado con el fin de la pobreza y el hambre que asocia a muchas localidades, es lo más deseable. 

 

Por ello, proponen; se propone un enfoque intersectorial de doble vía, que en primer lugar, llame al reconocimiento de que no es posible superar la pobreza ni combatir el hambre, la desnutrición, el cambio climático, si las sociedades y los actores políticos no plantean lo rural como motor de cambio, como motor de desarrollo económico, social y ambiental. 

 

Y, en segundo lugar, invite a considerar la agricultura y sus actividades relacionadas como indispensables, para desarrollar otras actividades económicas complementarias que promuevan el desarrollo sostenible en los territorios rurales. 

 

Estimo que la apuesta del país, debería dirigirse a fortalecer al sector rural, a situarlo en el lugar que le corresponde en la agenda del desarrollo nacional. La ecuación es simple: por un lado el PIB y las balanzas agropecuarias, mantienen superávit que indica una demanda constante de los productos agrícolas y pecuarios, y refleja que el campo mexicano es rentable, con enorme potencial. 

 

Por el otro lado, el índice de marginación y pobreza es más severo en la población rural. Ingreso inferior, falta de empleo, menos disponibilidad de servicios básicos y comunicaciones; sin embargo, en el medio rural se concentra riqueza de recursos naturales: tierra, vegetación y agua, que proveen de servicios ambientales a las zonas urbanas y reúne la riqueza de la biodiversidad natural y cultural. 

 

En resumen, se tiene un campo potencialmente rico, que tiene una población empobrecida, limitada para lograr mejores condiciones de vida en general. 

 

La distribución de la propiedad, denominada estructura agraria, que existe en el país, se integra por la propiedad social, que ustedes bien saben son ejidos y comunidades, y colonias agropecuarias.  

 

Un 53 por ciento de esta propiedad social en el país. La propiedad privada, un 42 por ciento. Terrenos nacionales, un 0.6; y otros, un 3.6 por ciento, que comprenden cuerpos de agua, zonas federales, carreteras, caminos, localidades, parques y jardines que son propiedad pública. 

 

El número de ejidos es mayor que el de las comunidades, lo cual como se ha mencionado, obedece a la dotación masiva de tierras, principalmente después del movimiento revolucionario del siglo XX y, en el caso comunal de los procesos históricos, relativos al reconocimiento y titulación de los bienes comunales. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, hace apenas un año 10 meses, se tenía inscrito en el Registro Agrario Nacional, 32 mil 193 núcleos agrarios, 32 mil; de los cuales 29 mil 787 son ejidos y 2 mil 406 son comunidades. 

 

Como se advierte, la propiedad social en México representa más del 50 por ciento del territorio nacional, donde viven más de 5 millones de titulares de derechos agrarios; de ahí su importancia como factor estratégico para el desarrollo del campo y, a su vez, del país. 

 

Es necesario advertir los datos de los ejidos y comunidades que los sitúan como entidades estratégicas para el desarrollo. Además, dos terceras partes de los recursos hídricos de agua disponibles, se localizan en ejidos y comunidades. 

 

Sesenta por ciento de los literales en México, están dentro del polígono de naturaleza ejidal o comunal. Seis mil 134 núcleos agrarios están constituidos por población indígena, de ahí su valiosa importancia en la preservación de la riqueza cultural y tradicional. 

 

Las reservas de crecimiento de los centros urbanos, dependen en gran medida de la incorporación de tierra de origen ejidal o comunal.  

 

Se destaca que la explotación y la exploración de recursos no renovables propiedad de la Nación, requieren de la ocupación superficial, de la propiedad ejidal y comunal en la mayoría de los casos.  

 

Las tierras al interior de los núcleos agrarios, se distribuyen más o menos de la siguiente manera: 

 

Las tierras de uso común, representan el 65 por ciento; las áreas parceladas el 33 por ciento; y las áreas de asentamientos humanos, el 1.3 por ciento. 

 

Es importante señalar que en la mayor parte de las tierras de uso común, y algunas áreas parceladas, se concentra gran parte de los recursos naturales y de la biodiversidad que tiene el país, razón por la cual los procesos que toma de decisiones importantes respecto a esta tierra o a estas tierras, tienen una gran relevancia respecto de los servicios ambientales que prestan, por que se requiere asegurar su aprovechamiento sustentable. 

 

Las generaciones nuevas, incluso de niños, están insistiendo mucho en este tema: servicios ambientales, medio ambiente, cambio climático.  

 

La tierra de uso común y su aprovechamiento, juegan un papel fundamental para contrarrestar los efectos del cambio climático.  

 

Con respecto a los titulares de derechos agrarios, es importante destacar que de 5.3 millones de sujetos agrarios con derechos a la tierra, 3.4 millones son ejidatarios; un millón son comuneros; 683 mil posesionarios; y 161 mil avecindados.  

 

Refiriéndose a los sujetos por calidad agraria y sexo, se observa que la mayor parte de los derechos agrarios se concentran en los hombres, en más del doble de cada población.  

 

Estas cifras, muestran que en el campo y en los derechos de propiedad predominan los criterios de carácter patriarcal, pero también para trabajar a nivel comunitario o a nivel ejido, con el objeto de promover una mayor circulación de la tierra y de derechos en favor de las mujeres, es una tarea que ahora se está reforzando con mayor intensidad. Es decir, hay cada vez más mujeres posesionarias o usufructuarias de la tierra ejidal. 

 

La distribución, de acuerdo con el porcentaje, o la distribución porcentual de mujeres y hombres por calidad agraria, es que más del 70 por ciento de los titulares de derechos ejidales y comunales; repito, 70 por ciento, está en manos de hombres. 

 

Sólo el caso de los posesionarios titulares de derechos de propiedad de las casas y solares donde viven con sus familias, se encuentra en una proporción de 68 hombres, 32 por ciento mujeres. 

 

Con relación a los órganos de representación ejidal o comunal y de vigilancia de estos ejidos y comunidades, responsables de la ejecución de los acuerdos de las asambleas y la representación ante terceros, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Agraria, permanecen en su encargo durante tres años, pero es un número mucho menor, imperando también la voz patriarcal, en el sentido de que la mujer no puede ser comisariada ejidal, o consejo de vigilancia, ni encabezar estos órganos como presidentas. 

 

Por ello, la vigencia representa un valor estratégico en el medio rural, en la medida que los núcleos agrarios estén debidamente representados, puedan llevar a cabo procesos de organización para incrementar la producción agropecuaria, protejan y mejoren el uso de sus tierras y realicen gestiones ante terceros, es como puede mejorar la interlocución y representación de la mujer. 

 

De lo contrario, sus actuaciones pueden ser afectadas por su marginación y su falta de apoyo de los hombres en casos de su representación ante el Estado y en la defensa de sus derechos agrarios. 

 

La existencia de órganos de representación y vigilancia vigente, es un síntoma de que está avanzando la presencia de la mujer, todavía insuficiente, pero está avanzando respecto de su organización interna y para el medio rural. 

 

De igual manera, un dato que se destaca, que, en la integración de los órganos de representación y vigilancia, es que sólo el 21 por ciento de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia de ejidos y comunidades, son mujeres; 21 contra el 79. 

 

No se debe olvidar que en el artículo 37 de la Ley Agraria, que determina que las candidaturas a puestos de elección popular, que constituyen el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del 60 por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos, indistintamente. 

 

Respecto de quiénes son electos como presidentes de comisarios ejidales, o consejos de vigilancia de ejidos o comunidades, se observa que la cifra se concentra a favor de los hombres, con el 92 por ciento; sólo el 8 por ciento recae en mujeres. 

 

Lo anterior puede entenderse porque no existe de manera consolidada, una política que sensibilice a los hombres a compartir equitativamente las responsabilidades del manejo de la administración del núcleo ejidal y de la toma de decisiones relevantes, por parte de mujeres. 

 

En general, después de lo expuesto respecto de la situación en el campo y de los núcleos agrarios del país, propietarios de más del 50 por ciento del territorio nacional, se puede resumir que la agenda del campo está vinculada a mejorar la producción y la capacidad productiva de alimentos de origen vegetal y animal; de materias primas tanto para el consumo interno como para contribuir a la demanda internacional. 

 

El gran reto es abatir la pobreza, particularmente la rural, creando condiciones que ayuden a fortalecer la producción y la productividad en un marco de legalidad y sustentabilidad ambiental, propiciando mejores condiciones de vida de los habitantes del sector rural. 

 

Con el interés de generar el debate sobre el desarrollo del campo, les anuncio en este Congreso Agrario, uno de los más recientes libros que he escrito. 

 

Yo soy de origen campesino, fui asesor jurídico de una delegación agraria, muchos años atrás, y me vinculé con la defensa del campo muchos años, en una organización campesina que se denominaba Liga de Comunidades Agrarias, en Zacatecas; y después en la CNC, en México.  

 

Siempre quise atender este rubro, pero me metí a temas distintos, y hasta hace apenas unos meses creí conveniente escribir sobre una materia que me apasiona. Y, Porrúa, que es mi editorial, una de las editoriales con las que trabajo; acaba de publicarme, es más, creo que apenas está a la venta, un libro que se llama, ésta más reciente obra: “Otro campo es posible”, como una propuesta para llamar a la reflexión respecto a la cuestión agraria, presente en nuestro país. 

 

Abordo en este libro, los acontecimientos históricos que tuvieron como resultado la cristalización de los regímenes actuales de la propiedad de la tierra, y que sirven de igual forma para contextualizar y para entender la situación, la potencialidad y la problemática de la propiedad ejidal, comunal y pequeña propiedad. 

 

Y, en el propio texto desarrollo un diagnóstico de la estructura, sujetos y derechos de la tierra; en ejidos, colonias y comunidades, y de la situación productiva en la que propongo estrategias que tienen como fin elevar la calidad de vida de las personas que habitan en el medio rural. 

 

Para atender los grandes desafíos que enfrenta el campo mexicano, es necesario que el Estado mexicano fortalezca su presencia en el sector rural, ahora más que nunca. 

 

Y en el contexto de la pandemia por Covid-19, que afectó a todas las economías y sectores productivos a nivel global, así como el creciente problema del cambio climático, es indispensable el fortalecimiento del sector se transforme en un factor estratégico para México. 

 

Por eso en el libro que describo, de mi autoría, hago algunas propuestas para el desarrollo de campo, mismas que se ponen a consideración en el mismo y que puedo resumir sólo en cinco apartados para que puedan tener interés y compren el libro, si no, ya no lo van a comprar.  

 

¿Cuáles son estos cinco apartados? Actualiza el marco jurídico agrario ambiental, otorga seguridad plena en los derechos de propiedad de la tierra, trata el tema de mejorar las capacidades de las personas que habitan en medio rural, abarca cómo incrementar la producción y productividad de ejidos y comunidades; cómo promover el cuidado de los recursos naturales en la propiedad ejidal y comunal en el contexto del desarrollo sustantivo. 

 

Los invito a leer esta obra. 

 

Algunas propuestas y consideraciones. 

 

Primero, en esta obra propongo garantizar la seguridad jurídica en todos los regímenes de propiedad de la tierra. Sólo habrá inversión en entornos de certeza jurídica para todos.  

 

Por eso en el libro propongo simplificar los trámites administrativos ante las instancias federales, su realización como opción vía electrónica y promover una justicia ágil. La inversión sólo crece en entornos de certeza y confianza.  

 

Dos. Introducir en el campo un sistema obligatorio de seguridad social, para garantizar salud y retiro digno a los productores rurales.  

 

No es posible que trabajen la tierra toda una vida, generen alimentos para el país y para el mundo y carezcan de la elemental salud y pensión.  

 

Tres. Transitar a una agricultura digital, que utilice la inteligencia artificial para la toma de decisiones.  

 

Estamos en un mundo digital y las tecnologías de la información y comunicación deben llegar y utilizarse en todos los sectores económicos. 

 

Cuarto. Promover mayor acceso a crédito para el campo, priorizando pequeños y medianos productores a quienes se les facilite capital líquido para semillas, para fertilizantes, para acopiar la producción y esperar el mejor momento para su venta.  

 

Quinto. Se deben cuidar los recursos naturales, precisando las áreas para la conservación y los aprovechamientos sustentables.  

 

Es necesario detener todos los efectos del cambio climático antes de que el destino nos alcance. 

 

Estimo, se debe asegurar de manera gradual y sostenida, que la producción de alimentos agropecuarios destinados para la alimentación, así como de materias primas para cadenas productivas  o de transformación, se realicen incorporando buenas prácticas con el fin de asegurar cuidado y preservación de los servicios ambientales, de los que tanto depende la sociedad actual. 

 

Estoy convencido de que la producción de alimentos es el área más competitiva para México, y que posee un frente extraordinario frente indispensable en el mundo. 

 

Es importante tecnificar el campo para tener acceso al agua y elevar tanto la producción como los rendimientos, fortalecer las capacidades de quienes habitan en el medio rural, promover la diversificación de la economía rural, utilizar la inteligencia artificial y trazar la ruta para combatir pobreza y desigualdad. 

 

Desde mi punto de vista, el derecho agrario del presente y del futuro, debe visualizarse con una óptica integral; derechos de propiedad de la tierra, su productividad y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que en éste se encuentran. 

 

Este proceso que estamos viviendo debe de reforzarse, el Estado debe (falla de audio de origen) …más su atención al campo mexicano. Estoy convencido que el derecho agrario es una disciplina jurídica determinante para el crecimiento económico del país y para el bienestar de quienes vivimos ahí, o de quienes viven ahí, porque nosotros ya no podemos presumir que estemos ahí, dado que el mayor tiempo nos lo pasamos en la Ciudad. 

 

Es mucho lo que el sector rural aporta al crecimiento y al desarrollo nacional, por lo que debería existir una especie de compensación a su favor, que se traduzca por lo menos en el incremento substancial de la inversión pública en el campo, acompañamiento técnico, innovación tecnológica, incremento de empleo mejor remunerado, acceso al crédito y a los mercados locales, nacionales, globales, y que ayuden a propiciar mejores condiciones de vida de sus habitantes. 

 

En síntesis, se requiere realizar una acción transformadora en el campo, promoviendo oportunidades para todas las personas que habitan en el medio rural. 

 

La pandemia por COVID-19, ha originado una nueva mirada al campo como un espacio para vivir, como un espacio para el desarrollo y el crecimiento económico. 

 

Invito a todas las personas que hoy participan en este Congreso Nacional de Derecho Agrario, a profundizar en el debate y aplicación del derecho agrario y sus vínculos con otras disciplinas, para lograr una gobernanza rural efectiva, con paz social y desarrollo, que se traduzca en oportunidades para los habitantes del campo y una mejor calidad de vida. 

 

Este es el libro: “Otro campo es posible”. Es muy fácil de leer porque apenas tiene 160 páginas en total y es muy rico en estadísticas y en planteamientos concretos. 

 

Este libro lo editó Porrúa, incluso aún no lo presento formalmente pero ya está a la venta; lo voy a presentar en la FIL, en Guadalajara, creo que el día 3, si mal no recuerdo, de diciembre; uno de estos días. Pero este es el libro, que ya lo pueden adquirir. Se los recomiendo. Halago en boca propia es vituperio, pero se los recomiendo. 

 

A los organizadores, muchas gracias. Quizá fui un poco extenso, pero era importante hablar con ustedes sobre este tema tan importante. 

 

Gracias, presidente Rubén Gallardo, y gracias a la magistrada. 

 

Gracias a todos los asistentes, participantes en este Congreso Nacional Agrario. 

 

Muchas gracias.