Número - 61

• La senadora Alejandra Barrales detalló que en el año 2023 se registraron más de 29 mil 800 casos

La crisis de desapariciones en el país se ha profundizado en las últimas décadas, ya que desde 1950 a la fecha se han registrado 115 mil personas no localizadas, de las cuales 76 por ciento son hombres y 23 por ciento mujeres y, tan sólo en el año 2023, se contabilizaron más de 29 mil 800 casos, aseguró la senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

Ante esta situación, la legisladora de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que busca expedir la Ley del Mecanismo para el Acceso a la Verdad en el Contexto de las Desapariciones Perpetradas por el Estado Mexicano, para esclarecer casos de este tipo.

La legisladora propuso que el mecanismo se constituya con una Comisión de la Verdad y una Fiscalía Especializada en la materia.

En caso de aprobarse, el nuevo ordenamiento obligaría a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, así como a las dependencias, organismos, instituciones públicas o privadas a proporcionar información clara, fidedigna y transparente, así como a brindar asistencia para el esclarecimiento de hechos de desaparición forzada.

La Mesa Directiva turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

En tanto, el senador Ricardo Sheffield Padilla propuso expedir la Ley General para la Protección y Asistencia de los Familiares y Personas Buscadoras, la cual está encaminada a complementar y ampliar los derechos de las personas que emprenden acciones de búsqueda, iniciativa que fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.

Durante la sesión vespertina, senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativas sobre temas relativos a la preservación de bosques y selvas, la industria automotriz, el esquema tributario sobre bebidas alcohólicas y la obligación del Estado de operar estancias infantiles.

Además, los legisladores plantearon proyectos para expedir la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; apoyar a personas con discapacidad visual; y tipificar los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad animal.