Número-193

• Con ello, el Senado de la República integra en su totalidad esta instancia.
  
   

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, tomó la protesta de Ley correspondiente a cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): Vania Pérez Morales, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, Francisco Ciscomani Freaner y Francisco Raúl Álvarez Córdoba. 

Con estas designaciones, explicó el legislador, el Senado integra en su totalidad al Comité de Participación Ciudadana, que se coordinará con otras instituciones, “para hacer reglas claras, estudios precisos e investigaciones sólidas sobre la lucha anticorrupción”. 

Ricardo Monreal aseveró que el combate a la corrupción es un pilar del proceso de transición hacia un nuevo régimen, por lo que les pidió que actúen a la altura de las circunstancias del momento histórico que vive el país, “para construir la nueva patria que todos queremos”. 

La corrupción en México, insistió, es un flagelo histórico que requiere medidas que vengan de todos los sectores de la sociedad. La Cuarta Transformación de la vida pública del país asumió este reto a pesar de que no es fácil agregó; sin embargó, afirmó, “lo vamos a lograr”. 

El legislador informó que Francisco Ciscomani Freaner presidirá y coordinará al Comité, por lo que le expresó la apertura del Senado para que no se detenga su labor por ningún motivo ante “este lastre que es la corrupción, el cual, en otras épocas, pareció ser una actividad normal”. 

Asimismo, destacó el esfuerzo para concretar la instalación de este Comité, pues desde hace años este órgano sólo contó con un integrante: Jorge Alberto Alatorre Flores. En ese sentido, reconoció la labor de las y los integrantes de la Comisión de Selección, y su capacidad para llegar a los acuerdos que hicieron posible estas designaciones con absoluta legalidad. 

El Comité de Participación Ciudadana es el rector del Sistema Nacional Anticorrupción y canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno. Además, tiene la facultad para proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, principalmente, vigilar el funcionamiento del Sistema.