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Número - 1261                                                    

  • Presentan investigación que permitirá visibilizar necesidades prioritarias en la materia.

 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, funcionarias y especialistas aseguraron que aún se encuentra pendiente una legislación que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país.

 

Durante la presentación del documento de investigación “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, la senadora mencionó que esta es una publicación que muestra una visión crítica y objetiva del panorama actual y del marco del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

 

Indicó que el documento permitirá al Poder Legislativo visibilizar las necesidades prioritarias para alcanzar los más altos estándares en la materia, y garantizar la implementación de políticas públicas de salud integral para todas las mujeres, sustentadas en los principios de no discriminación, inclusión, interseccionalidad y enfoque de género.

 

“Nos va a permitir hacer un recorrido de las rutas que el Gobierno Mexicano, la sociedad civil y los grupos feministas, han realizado para el reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las adolescentes y las niñas”, expresó.

 

Micher Camarena refirió que contiene cinco ejes temáticos: la garantía en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes; erradicación de nacimientos en menores de 15 años; atención del embarazo, parto y nacimiento, basados en evidencia; derecho a la libertad reproductiva y derogación de las penas por aborto; abordaje de riesgos diferenciales y enfermedades crónicas en las mujeres en el curso de su vida.

 

Puntualizó que desde el Congreso de la Unión se les debe a las mujeres reformas en materia de derechos sexuales y reproductivos, “por lo que tenemos que comprometernos a que eso sea una realidad en la siguiente Legislatura”.

 

Marta Clara Ferreyra Beltrán, directora General de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, al presentar el documento, expuso que la publicación es una hoja de ruta sobre dónde y cómo se debe abordar este tema en los próximos años.

 

Consideró que, de los apartados del texto, el más importante es el cuarto, que versa sobre las políticas públicas; ahí se expone el marco jurídico de cada uno de los cinco ejes que aborda la investigación, la magnitud de las problemáticas con datos y encuestas, y ofrece propuestas sobre cómo operar y solucionar cada una de las temáticas.

 

Por ejemplo, propone implementar mecanismos para que las madres, padres o tutores reconozcan la importancia de la oferta y la demanda de los servicios de salud y lo que deben hacer las unidades de salud y el personal adscrito, además de enlistar las demandas insatisfechas y las áreas prioritarias de incidencia en materia de derechos sexuales de la mujer.

 

“Pocas veces tenemos las y los funcionarios públicos este tipo de herramientas en la mano, donde nos dicen ‘esto es lo que hay que hacer’, y esto nos indica directamente un camino en la política pública”, enfatizó.

 

En su oportunidad, la secretaria General del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez, afirmó que en México hay un freno en la fecundidad, pues en 50 años se pasó de un promedio de 6.5 hijos por mujer, a 1.8 hijos.

 

Apuntó que la fecundidad es una expresión directa del acceso a oportunidades o un indicador de pobreza. Mencionó que la tasa que se tiene en Chiapas es de 2.8 hijos por mujer, mientras que en la Ciudad de México es de 1.3, “porque aquí es donde hay más centros de salud, más información, escuelas y universidades”.

 

La consultora y experta en salud sexual y reproductiva, Raffaela Schiavon Ermani, dijo que es fundamental implementar una legislación clara que permita el acceso a información, consejería y métodos anticonceptivos.

 

La atención al aborto seguro, consideró, debe estar explícitamente incorporado como componente esencial de la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente, a fin de reducir inequidades.