Número - 1260

• Investigadores y especialistas llamaron a aprobar una ley que garantice el acceso a ese recurso.

En la inauguración del foro “Salvar el agua, salvar la vida”, que organizó el senador José Narro Céspedes, especialistas, investigadores y representantes de agrupaciones campesinas y ganaderas coincidieron en la importancia de expedir una ley que garantice el acceso a este recurso.

Narro Céspedes afirmó que se deben promover cambios culturales, en las políticas públicas y en las legislaciones sobre el uso del líquido, a fin de que su acceso sea concebido como un derecho de todas las personas y no como un producto o bien material comercializable.

Advirtió que la escasez de este recurso es el resultado de la explotación para generar riqueza, y que su consumo humano compite con el de uso industrial principalmente de minas, refresqueras, cerveceras, entre otras.

En ese contexto, el senador de Morena dijo que, junto con otros compañeros y asociaciones civiles, ha insistido en la creación de una nueva ley que permita garantizar que el agua sea un derecho humano.

Alertó que la mayoría de las presas están por debajo de 30 por ciento de su capacidad de captación, pero en estados como Zacatecas donde persiste esta problemática, la situación es preocupante, porque pone en riesgo la sostenibilidad de la ganadería y la agricultura, por lo que se deben tomar acciones.

Narro Céspedes agregó que “el agua tiene un valor electoral” y no es casualidad que las campañas políticas se centren en este tema, pues se trata de un asunto que a todos les importa.

Rebeca López Reyes, directora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, afirmó que el Poder Legislativo debe de expedir la Ley General de Aguas, para que se le brinde a la población equidad, sustentabilidad, disponibilidad y buena calidad del líquido, a fin de que se cumpla el derecho humano al agua.

Por ello, hizo un llamado a las y los legisladores para que expidan dicha ley, porque “es una lucha para que se cumpla y exista una reforma que garantice esos principios, y para que cambie el modo para su gestión y cuidado”.

Leticia Merino Pérez, investigadora de la Universidad Autónoma de México, consideró que, dentro de la Ley, además de proteger el agua, se debe exigir al gobierno la restauración y protección de bosques, zonas verdes, suelos de conservación y la detención de la venta de tierras de manera irregular, situación que también afecta la captación de agua.

Adelantó que la UNAM impulsa con organizaciones sociales una agenda socio ambiental, que se entregará en el próximo cambio de gobierno, con el objetivo de que se conserven y protejan las áreas naturales del país.