Número - 656 

• El proceso de liquidación estará a cargo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Con 61 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se extingue el organismo descentralizado Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 

El documento detalla que este organismo conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables. 

 

Además, abroga la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2006. 

 

El proceso de liquidación de Notimex quedará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que fungirá como liquidador único del Gobierno Federal, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

Para ello, se le otorgan las más amplias facultades para actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio; para suscribir u otorgar títulos de crédito; así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un eficiente proceso de liquidación. 

 

Dicho proceso, se explica, debe llevarse a cabo de manera oportuna, eficaz y con apego a las disposiciones jurídicas que lo rigen, con el cuidado y con la adecuada protección a los intereses públicos. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación debe establecer las bases para llevar a cabo la liquidación de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, en atención a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

Las bases antes mencionadas, expone el dictamen, establecerán también las disposiciones que regirán la emisión de las decisiones o acuerdos colegiados señalados en el presente Decreto. 

 

Además, las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social deben designar representantes, para que, de manera colegiada, acuerden sobre las condiciones de liquidación de los trabajadores y vigilen su cumplimiento, en términos de lo que establezcan las bases referidas en el párrafo que antecede, lo que deberán notificar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para su ejecución. 

 

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, debe vigilar que el procedimiento de liquidación se realice conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

El documento, que se turnó al Ejecutivo Federal, plantea que las liquidaciones que, en su caso, reciban las personas trabajadoras, con independencia de su categoría, deben ser calculadas con salario integrado, cuando corresponda, y comprender tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional. 

 

Además de 20 días de salario, más la cantidad que resulte por la prima de antigüedad a razón de 12 días de salario, ambos por cada año de servicio, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo vigente al momento de la liquidación. 

 

El dictamen establece que, el monto total de los pagos que correspondan por concepto de indemnización a las personas trabajadoras debe considerar salarios y prestaciones de conformidad con la ley, con el Contrato Colectivo de Trabajo, incluidas, en caso de adeudo, las cantidades vinculadas a la seguridad social, que se deben informar por conducto de las instituciones competentes. 

 

Sobre los salarios y prestaciones, el documento plantea que deben calcularse a partir del 21 de febrero del 2020 y hasta la fecha que se determine en el convenio de liquidación que al efecto se celebre con cada trabajador, siempre que no los hubieran recibido en dicho periodo. 

 

“Con motivo de la extinción de Notimex, se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y, en consecuencia, el Contrato Colectivo de Trabajo queda sin efectos”, se menciona en el documento.   

 

Mientras que los laudos y sentencias firmes que establezcan condenas en contra de Notimex serán cumplidos por el liquidador con el presupuesto asignado a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano o, en su caso, con los recursos que se obtengan o recuperen de la liquidación de dicho organismo. 

 

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, expuso que, de acuerdo con la minuta, la agencia apoyó durante décadas, la obligación del Estado de proporcionar información a la población; sin embargo, dejó de cumplir con los fines para los cuales fue creada. 

 

En la actualidad, dijo, existe un gran número de medios de comunicación que transmiten información en tiempo real, con un acceso prácticamente universal, lo que evidencia que se puede prescindir de la agencia. 

 

Álvarez Lima subrayó que el Estado garantiza el derecho a la información y a la libertad de expresión, “ahora, los ciudadanos generan sus propios contenidos, dando lugar a un nuevo modelo de información y expresión de ideas, tal como lo consagra la Constitución, así la ley y la tecnología facilitan ahora que el derecho a la información y la libre expresión de las ideas pueda ejercerse sin necesidad de intermediarios”.  

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, recordó que dicha agencia de noticias tenía el objetivo de informar a la población sobre las políticas y los programas de gobierno, pero su función quedó rebasada por la diversidad y pluralidad de medios de comunicación enfocados a la información.  

 

“Los tiempos han cambiado y desde el Legislativo, tenemos que adecuar la normalidad a las nuevas realidades. Hoy vivimos en un mundo dinámico donde los medios tradicionales son una fuente de información importante, pero ya nadie entiende el monopolio de la verdad, tenemos medios y programas de comunicación públicos y privados de radio y televisión”.  

 

Agregó que la pluralidad mediática y la digitalización permite que el derecho a la información y la libre expresión de las ideas puedan ejercerse; además de que los medios digitales son una fuente informativa más directa para la población.  

 

El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, aseveró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo a la libertad de expresión, al derecho a la información y al trabajo libre, serio y responsable de los periodistas de México, de ahí que impulsara la destrucción de Notimex, pues no permitía su libertad editorial. 

 

La senadora Ruth Alejandra López Hernández, de Movimiento Ciudadano, dijo que su bancada está en contra de lo que calificó como un “duro golpe” a los 240 trabajadores de Notimex y al derecho a la información, que, durante medio siglo, garantizaron esta agencia de noticias. Afirmó que la agencia tuvo éxito, prestigio y nos puso a la altura de naciones con importantes sistemas informativos como España, Francia, Inglaterra y China. 

 

Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, destacó el trabajo del gremio periodístico y demandó que ejercer esta labor no sea de alto riesgo. Subrayó que cree en la información democrática, respalda el periodismo libre y considera que la verdadera comunicación es pilar de la libertad. 

 

Del Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria calificó como un error la desaparición de Notimex, pues refleja a un gobierno que concentra sus acciones informativas a través de las llamadas “mañaneras” y cree que puede prescindir de una agencia informativa del Estado. “Es una manifestación absolutamente nítida de la visión pequeña y limitada que se tiene de Estado Mexicano”, añadió.