Número - 648

• El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 

                     

El Pleno del Senado aprobó un dictamen por el que se garantizan y salvaguardan las prestaciones, estímulos y derechos laborales de los elementos de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada Permanente, que fueron asignados a la Guardia Nacional. 

 

La propuesta, que fue aprobada con 110 votos a favor, cinco votos en contra y una abstención, realiza una interpretación auténtica sobre los alcances del Artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.  

 

En el dictamen se advierte que ni la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prevén con total certeza los parámetros para garantizar los derechos y la seguridad laboral de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada permanente asignados a la Guardia Nacional.  

 

Por ello, la interpretación está encaminada a asegurar el respeto a los derechos laborales de estos elementos, ya que evita cualquier menoscabo durante la asignación temporal a la Guardia Nacional, y fomenta un trato justo y equitativo para los elementos de las Fuerzas Armadas, precisa el documento. 

 

Subraya que “se reconoce su contribución específica a la seguridad pública, y garantiza que no se vean afectados negativamente sus derechos por esta participación temporal”. 

 

Dicha propuesta, enviada a la Cámara de Diputados, ofrece una transición clara y justa en la carrera profesional de dichos elementos, pues se les brinda estabilidad y seguridad laboral, porque se respetan sus derechos individuales y se les reconoce la importancia de su contribución a la seguridad nacional.   

 

El documento establece la interpretación de la frase: “los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones”.  

 

De la cual se hace referencia a que los elementos mencionados conservarán sus prestaciones íntegras, toda vez que se encuentran en una asignación temporal, derivada del artículo transitorio de la reforma constitucional por el que se crea la Guardia Nacional, motivo que no deberá, en ningún caso, implicar una afectación a sus derechos laborales, prestaciones inherentes, así como la salvaguarda de ser reasignado a su fuerza armada de origen.  

 

Asimismo, la frase: “la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla”, se prevé que el personal asignado a la Guardia Nacional no pierde sus derechos y prestaciones.   

 

Por ello, se indica que la “reasignación” implica que el elemento militar o naval deje de realizar sus funciones en seguridad pública y sea reintegrado a su fuerza armada para continuar realizando sus actividades de índole netamente castrense con la suma de derechos y prestaciones adquiridos en dicha institución de seguridad pública.  

 

Respecto de la frase: “Reconocimiento del tiempo de servicios en la Guardia Nacional para efectos de su antigüedad”, se interpreta que se protegen los derechos, estímulos y prestaciones de los elementos militares asignados a la Guardia Nacional.   

 

Con ella, se les considera todo el tiempo de servicios que presten en la misma al momento de su reasignación, para los efectos de sumarlo a su antigüedad en las Fuerzas Armadas, lo que redunda en el derecho de participar en promoción para el ascenso al grado inmediato durante el tiempo que estén asignados y en su reasignación, así como de los demás beneficios y prestaciones antes señalados. 

 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Alejandro Armenta, dijo que la propuesta tiene el objetivo de garantizar el reconocimiento pleno de los derechos adquiridos por los elementos de la Policía Militar y Naval, asignados a la Guardia Nacional, para que durante el tiempo que presten sus servicios a esta institución de seguridad pública, no sufran un menoscabo de sus derechos laborales reconocidos por la legislación castrense. 

 

Se busca que los elementos conserven sus prestaciones íntegras, toda vez que se encuentran en una asignación temporal derivada del artículo transitorio de la reforma constitucional por el que se crea la Guardia Nacional, enfatizó.  

 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, José Narro Céspedes aseguró que con la reforma no se militariza el país, ni se busca darle una vuelta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó la separación de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

Se trata, aseveró, que los elementos de la Policía Militar y Naval, que integran la Guardia Nacional no pierdan sus prestaciones, estímulos y derechos, y eso genere confianza y certidumbre para que la labor tan importante y estratégica que hacen para prestar un servicio de seguridad a la ciudadanía y a la población, se lleve a cabo con mayor entrega. 

 

Cristóbal Arias Solís, senador de Morena, manifestó que la propuesta está encaminada a clarificar cualquier duda e incertidumbre sobre los derechos que tienen los elementos de la Fuerza Armada permanente y que prestan servicios en la Guardia Nacional. 

 

El senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, dijo que su bancada está en contra de la estrategia de seguridad de este Gobierno, pues la militarización ha demostrado ser un fracaso. Sin embargo, el legislador afirmó que están a favor de otorgar certidumbre laboral de las y los elementos de la Guardia Nacional, pues es una obligación del Senado. 

 

Por Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda Hoeflich señaló que no se trata de militarizar, sino garantizar los derechos laborales de quienes realizan una labor en las tareas de seguridad pública, lo que representa un paso central para dar certeza laboral para que cumplan con sus tareas asignadas. 

 

En tribuna, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, subrayó que este dictamen no pretende otra cosa más que garantizar plenamente los derechos de los elementos de las Fuerzas Armadas asignados temporalmente la Guardia Nacional. Recordó que una de las novedades que aporta esta reforma es la tabla que enumera las prestaciones a que tienen derecho los militares y sus familiares. 

 

Del PRI, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo aseguró que la garantía de los derechos y la seguridad laboral de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada permanente asignados a la Guardia Nacional, ya están contemplados desde que se avaló el artículo tercero transitorio, en materia de Guardia Nacional. 

 

La senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del PES, aseveró que es urgente garantizar a todas y todos los efectivos de la Guardia Nacional sus derechos para que continúen con la labor que se les asignó; “estoy cierta que nosotras y nosotros votaremos a favor del pueblo uniformado, del pueblo que cuida al pueblo, y si no, que la nación nos lo demande”, acotó. 

 

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, mencionó que el sentido que se ha buscado para aclarar el régimen de las prestaciones de las personas que integran la Guardia Nacional, está claro y no se está militarizando, sólo se garantizan “los derechos de las personas que están arriesgando su vida en las tareas del país”.   

 

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, señaló que la propuesta trata darle la vuelta a la resolución de la Corte, pues se busca una militarización de la interpretación de la legislación.