Número - 541

• Afirma la senadora Kenia López que el trabajo de la sociedad civil organizada es primordial para revisar y analizar el actuar del gobierno. 

A convocatoria de la senadora Kenia López Rabadán, en el Senado de la República se presentó el informe “¿Qué pasó con el combate a la corrupción?”, de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.  

El documento indica que, al revisar las políticas anticorrupción del gobierno actual, se identificaron deficiencias, ya que se han incumplido 78 por ciento de las acciones necesarias para combatir la corrupción y existen al menos 14 leyes que debieron haber sido modificadas. 

López Rabadán, senadora de Acción Nacional, subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, es más importante que nunca, pues mañana se debatirá en el Pleno la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En ese sentido, asentó que los contrapesos son necesarios para hacer valer el Estado de Derecho y respetar la Constitución, especialmente porque el Gobierno Federal “busca sumisión y concentrar el poder”, de ahí que busque silenciar las voces críticas. 

La legisladora aseguró que el trabajo de la sociedad civil organizada es primordial para revisar y analizar el actuar del gobierno. Por ello, afirmó, este informe formal ayudará a fortalecer nuestra democracia. 

Además, aseveró que este tipo de análisis ayuda a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de hacer valer el derecho al acceso a la información y fortalecer nuestras instituciones. 

En tanto, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aseguró que la corrupción es resultado de la falta de Estado de derecho y de instituciones que sean capaces de fortalecer el combate a este flagelo. 

También indicó que las y los legisladores deben reforzar su trabajo legislativo para vigorizar el entramado jurídico de combate a la corrupción e impulsar instancias que atiendan estos delitos y eviten la discrecionalidad.  

“La inacción del Ejecutivo y la omisión del Legislativo dan muestra de una política anticorrupción tremendamente limitada”, aseveró.  

A su vez, el diputado Juan Carlos Romero Hicks dijo que para combatir y erradicar la corrupción es necesario reforzar la legislación anticorrupción, impulsar políticas públicas en la materia, la participación crítica de la ciudadanía, el rediseño de las instituciones y otorgar mayor presupuesto para este fin. 

El legislador del PAN sostuvo que para resolver este problema es necesaria la prevención, denuncia, investigación, integración de expedientes, atención de los jueces, así como la sanción y reparación del daño causado por estos ilícitos, “no es un tema de diseño, sino de aplicación, la norma no es suficiente”, acotó.  

La doctora en derecho, Patricia Olamendi Torres, dijo que la corrupción afecta todos los espacios de la vida pública y en el ejercicio de los derechos sociales, políticos y de justicia del país, porque “los actos de corrupción impiden el acceso a las personas a bienes o servicios de calidad y también afectan las oportunidades de desarrollo en la sociedad”. 

Consideró necesario establecer una propuesta y evaluación para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione de manera efectiva y sea operativo, a fin de que las autoridades correspondientes lleven a cabo un trabajo funcional en las entidades federativas. 

Leonardo Núñez González, director de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que las y los especialistas que consolidan esta asociación tienen como objetivo el contribuir de manera decisiva desde la ciudadanía a combatir la corrupción. 

Además, explicó que otro de los objetivos de la asociación civil es el compromiso de fortalecer el Estado de derecho en México, a través de una agenda dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país.