Número - 523  

• Si se hace una interpretación, equiparándome como Secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, señala. 

María Estela Ríos González, integrante de la terna que propuso el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que de ser designada hará efectivo el derecho que tiene la población a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial.  

Ante integrantes de la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, dijo que cumpliría cabalmente con los principios de actuación que establece el artículo 100 de la Constitución para los funcionarios judiciales: excelencia, objetividad imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. 

“Me comprometo a dejar de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera nublar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un Sistema Judicial que haga efectivo, para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia”. 

Comprendo -continuó-, que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativos y Ejecutivo deben mantener una relación equilibrada entre sí. Ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro. 

María Estela Ríos aclaró que la Constitución distingue a los secretarios de Estado, a quienes sí les restringe el derecho a que puedan ser propuestos como ministros si no fueron separados de sus funciones con un año de anterioridad. 

“Y habla muy claro de cuáles son los secretarios de Estado, lo distingue, habla de las Secretarías de Estado y de la Consejería Jurídica, y les asigna funciones diferentes, esa es la razón por la que yo no puedo ser considerada como secretaria de Estado, a la mejor, si me hubiera gustado, pero no lo soy”.   

Explicó que lo secretarios de Estado y las secretarías de Estado son órganos públicos políticos-administrativos, que realizan obra pública, están encargados de cumplir con las políticas públicas, actos de autoridad que pueden incidir en la esfera de los particulares; además, deben rendir un informe y una comparecencia ante el Congreso de la Unión.  

“Yo no lo hago, como Consejera, porqué mi labor es técnico-jurídica, no es una labor técnico- administrativa”.  

Reconoció que representa al titular del Ejecutivo federal y, en consecuencia, a la Federación, lo que le permite interponer acciones de inconstitucionalidad, responder las controversias constitucionales y algunos amparos en los que el Presidente es parte.  

Dijo que, si se hace una interpretación, equiparándola como secretaria de Estado, “se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, derecho que está establecido no sólo en la Constitución, sino en diversos tratados internacionales”.  

Al respecto, la senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y ordenó adecuar el marco normativo de la figura, por lo que es importante la opinión de ministros y trabajadores del sistema penal acusatorio sobre este asunto. 

Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, enfatizó que su preocupación, y la de gran parte de la sociedad, es la independencia de la Corte, ya que el Presidente de la República ha atacado al Poder Judicial cuando una sentencia no lo favorece, por lo que busca imponer a personas subordinadas a su gobierno en todos los poderes. 

El senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, señaló que el papel de la SCJN es ser un contrapeso del Poder Ejecutivo, así como un garante de la constitucionalidad en el país, por lo que cuestionó a la compareciente sobre los criterios que, en caso de ser elegida, aplicaría para resolver los conflictos entre el Gobierno federal y otros poderes y organismos.