Número - 522

• Comparece ante Comisión de Justicia como parte de la terna para cubrir vacante en la SCJN.

Ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, compareció Lenia Batres Guadarrama, integrante de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal, para cubrir la vacante generada por la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Al hacer uso de la palabra, Lenia Batres aseguró que es necesario reencauzar la actuación del Poder Judicial “hacía el límite constitucional y legal, pues es una necesidad republicana y democrática”. 

Refirió que en la Constitución Política se establece la división de poderes, por lo que cuando el Poder Judicial legisla al abrogar leyes aprobadas por el Poder Legislativo, “con base en principios que él mismo definió”, invade facultades de otro poder y “viola la Constitución”. 

Así, señaló, el Poder Judicial “violenta el principio de actuación democrática que ha dispuesto que sólo el Poder Legislativo produzca las normas”. 

Refirió que el Poder Judicial también ha extendido las facultades que la Constitución y las leyes le dan, pues ha violentado la Ley de Amparo al otorgar suspensiones con carácter general de leyes completas, como lo hizo con la reforma en materia electoral y la Ley General de Comunicación Social. 

Advirtió que también viola la Ley de Amparo cuando suspende actos del Poder Ejecutivo, como fue la distribución de los Libros de Texto Gratuito; además que, desde 2010, debió haber acatado el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas. 

“Ni en estos casos, ni en otros como el reciente desacato para disponer de los recursos de fideicomisos para las personas damnificadas en Guerrero, el Poder Judicial tiene ninguna justificación”, aseveró. 

Señaló que actualmente el poder que mayor amenaza representa para la independencia, imparcialidad y objetividad de los poderes judiciales, no es el gobierno, ni las y los legisladores, sino el poder del mercado, “que ha llegado a subordinar a los poderes constituidos hasta convertirlos en agencias de transmisión de sus necesidades”. 

Les han faltado controles a los montos presupuestales, debería ser más transparente y guiar sus salarios con lo que establece la Constitución Política, apuntó. 

“Debemos garantizar que los poderes judiciales en las entidades federativas, el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integren por un conjunto de personas más sensibles a las problemáticas sociales”. 

Batres Guadarrama afirmó que de aprobarse su nombramiento, su actuar se guiaría por principios democráticos y de derechos humanos asentados en la Constitución Política, de origen popular y republicano, porque “las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad”. 

Por Morena, el senador Rafael Espino de la Peña consideró que hay mucha disparidad al interior del Poder Judicial, ya que en los ámbitos de competencia federal y estatal hay impartidores de justicia que ganan mucho dinero y otros que no, por lo que expresó la necesidad de conocer el tema presupuestario en cuanto a los sistemas de impartición de justicia se refiere. 

Del PAN, el senador Damián Zepeda Vidales, pidió a Batres Guadarrama expresara su postura sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la cual declaró inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional esté a cargo de la Guardia Nacional; además, preguntó si su actuación, en caso de ser elegida, sería con total autonomía e independencia del Ejecutivo Federal, a pesar de su cercanía. 

En tanto, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, señaló que es importante conocer si la ciudadanía debiera de participar en el proceso de designación de candidatos a ministros o ministras de la SCJN y si se requieren mayores restricciones o filtros para su elección. 

El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, señaló que las personas deben contar con un tribunal que lo ampare y lo proteja, ya que sólo tienen al Poder Judicial para que se deduzcan sus derechos en una sentencia.