Número - 347

• El ordenamiento vigente afecta disponibilidad de recursos para los productores nacionales, afirma José Narro.    

Con 92 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó un dictamen que propone reformar los requisitos por el que se podrá considerar a una persona física de nacionalidad mexicana como socio de un Fondo de Aseguramiento y permitir a personas morales o empresas de nacionalidad mexicana, con cláusula de exclusión de extranjeros, participar en los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 

Al presentar el proyecto, que modifica el artículo 26 y el 87 y deroga la fracción III del artículo 74 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, aseguró que estamos viviendo tiempos extraordinarios a nivel global en materia de cambio climático y sus impactos irremediablemente se reflejan localmente.  

Este escenario, dijo, ha llevado a los sectores productivos a buscar alternativas para contar con esquemas jurídico-financieros que respalden procesos productivos, ante las amenazas y riesgos que se presentan en un mundo globalizado. 

“Por lo que el tema de los fondos de aseguramiento se vuelve prioritario para los sectores productivos, porque permitirá a los productores nacionales tengan alternativas de crear oportunidades nacionales e internacionales en beneficio de sus actividades”.   

El senador José Narro Céspedes, secretario de la Comisión de Asuntos Legislativos, Segunda, explicó que los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural son asociaciones civiles constituidas legalmente por productores agropecuarios que, sin importar el régimen de tenencia de la tierra, deciden organizarse para, con sus propios recursos, otorgarse a sí mismos el servicio de seguro agropecuario. 

Destacó que dicha Ley es un instrumento fundamental para el sector rural, porque garantiza que los productores puedan contratar un seguro que les permita blindar su actividad en el campo y si se registra una sequía o una granizada, tengan un fondo que les permita respaldar su actividad económica. 

“Sin embargo, la inclusión de extranjeros en la lista de beneficiarios ha generado controversia, pues se argumenta que esto puede afectar la disponibilidad de recursos para los productores nacionales”, afirmó. 

Así que el proyecto, dijo, busca limitar la participación de extranjeros en los Fondos de Aseguramiento estableciendo que sólo podrán acceder a estos recursos aquellos que sean residentes permanentes en México y que cuenten con una constancia de inscripción en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Nacional de Extranjeros.   

Respecto al proyecto de modificación a la fracción 21 del artículo cuarto de la Ley Federal de Pesca y Acuacultura Sustentable, que se aprobó con 93 votos a favor, la senadora Sánchez Arredondo explicó que estas disposiciones establecen la sustitución del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, por el Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Lo anterior, a fin de eliminar ambigüedades interinstitucionales, pero éste organismo, aclaró, no dejará de ser público descentralizado y sectorizado a la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

“El propósito de la propuesta considera no sólo ser de forma, sino con esta nueva modificación incorporamos los términos de investigación en pesca y acuacultura. Se pretende indicar y priorizar con mayor escrupulosidad y de manera más explícita las actividades sustantivas de investigación de esta institución”.   

Las y los senadores también avalaron, con 84 votos a favor, una iniciativa con proyecto de decreto que declara el 16 de octubre como el día Nacional del Sistema Alimentario, que tiene como propósito continuar sumando esfuerzos y acciones en materia de soberanía alimentaria y fortalecer los sistemas alimentarios en México, como estrategia para combatir la pobreza y fomentar sociedades más justas y equitativas. 

La legisladora detalló que en México los sistemas alimentarios se refieren al conjunto de procesos, actividades, infraestructura, instituciones y personas que intervienen en la producción distribución, acceso, consumo y disposición final de los alimentos en el territorio nacional. 

Los proyectos se remitieron a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.