Número - 291

• En la actualidad se necesita un marco jurídico concreto, claro y preciso, subraya el órgano que preside la senadora Sánchez Arredondo. 

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural emitió opinión con varias observaciones respecto a las dos iniciativas que la Comisión de Recursos Hidráulicos analizará para crear la Ley General de Aguas, que sustituiría a la actual Ley de Aguas Nacionales. 

Tales iniciativas fueron presentadas por senadoras y senadores de Morena en 2020 y 2022, para expedir un nuevo ordenamiento jurídico que proteja y promueva el derecho humano al agua y al saneamiento, y para establecer la participación de los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos en esta materia. 

La opinión del órgano legislativo, que preside la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, subraya que en la actualidad se necesita un marco jurídico concreto, claro y preciso; sin embargo, ambas iniciativas “son voluminosas y excesivamente repetitivas”, llegando al punto de contradecirse en varios preceptos, “lo que crearía un marco jurídico confuso”. 

Detalla que, por ejemplo, se establece en más de seis ocasiones un límite de 500 mil metros cúbicos para las concesiones individuales, pero en otros preceptos de las iniciativas se imponen restricciones a las concesiones que excedan los 500 mil metros cúbicos, lo cual es “claramente contradictorio”.  

Describe que las dos iniciativas comparten una serie de “impactos y amenazas” al sector agroalimentario que se repiten constantemente en ambas, lo que pone en peligro la seguridad y autosuficiencia en la producción de alimentos.  

Una de las iniciativas, abunda, intenta definir ambos conceptos como si fueran simultáneos y no diferenciados, lo que genera confusión en nuestro sistema de planificación del abasto de alimentos. 

“Al enfocarse prioritariamente en la necesidad de garantizar el derecho humano al agua, deben establecerse con claridad todos los usos del agua comprendidos para consumo personal y doméstico, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución”, acota el documento. 

La opinión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural advierte que en ninguna de las dos iniciativas se contempla el análisis presupuestal correspondiente que permita su aplicación. 

Además, considera incorrecto que los textos legislativos se remitan únicamente a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para su opinión, pues también deberían ser remitidos para que sean dictaminadas en este órgano legislativo. 

El documento emitido por la comisión concluye con la recomendación de crear foros y mesas de trabajo con representantes del sector agrícola, pecuario, acuícola e industrial, para discutir la elaboración de una nueva Ley General de Aguas en México. 

Lo anterior para incluir en el proceso legislativo de la ley una variedad de opiniones y perspectivas; adecuar la norma a necesidades reales; plantear soluciones consensuadas; lograr que se cumpla y aplique efectivamente la ley; adaptarla a futuros cambios, y promover en ella prácticas más sostenibles y responsables.