Número - 233

• Advierte senadora Josefina Vázquez Mota que México es el segundo país del mundo en turismo sexual infantil.
   

Legisladores, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, niñas, niños y adolescentes se reunieron para analizar propuestas para combatir la pornografía infantil, uno de los peores crímenes que persisten en nuestro país.  

Al inaugurar el foro “Diálogos intergeneracionales sobre la pornografía, niñez e Internet”, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria refirió que el Senado trabaja en una propuesta legislativa, que considera los puntos de vista de representantes de la sociedad civil, especializados en derechos de la infancia, para fortalecer la protección de los menores. 

Dijo que este tipo de encuentros ayudan a entender las graves afectaciones que causan estos delitos en el desarrollo infantil, que la tecnología y el uso de las redes implican amenazas y grandes riesgos, por lo que hay un enorme desafío en la materia, subrayó el legislador del Grupo Plural. 

La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, hizo un llamado al Congreso para que legisle de mejor manera sobre la situación que viven los menores en las redes sociales, ya que aumentaron 150 por ciento todos los delitos sexuales. 

Vázquez Mota lamentó que México es el segundo país del mundo en turismo sexual infantil.  “Ocupamos uno de los tres primeros lugares de turismo sexual de bebés y el primer productor de contenidos de pornografía infantil. Cada año entran al país cerca de 600 mil depredadores sexuales en absoluta impunidad, por lo que el país es el paraíso de estos delincuentes”, advirtió. 

La senadora de Acción Nacional reiteró que la pornografía es uno de los peores crímenes y una adicción, que debe tratarse como una enfermedad, ya que genera ansiedad, soledad e, incluso, suicidio. El 80 por ciento de mujeres y adolescentes que son obligadas a realizar estos materiales sexuales han sido asesinadas, alertó.  

Agregó que más de 61 por ciento del material sexual infantil corresponde a niñas y niños de cuatro a 13 años, “las consecuencias los acompañan el resto de sus vidas, por eso estamos aquí, porque tenemos que salvaguardar su integridad y su interés superior.  

María Merced González González, senadora de Morena, reconoció que la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, cometidos en contra de personas menores de 18 años, es un avance legislativo, que fortalece los derechos de la niñez y la adolescencia, y garantiza el acceso a la justicia y la no impunidad. 

Las huellas que dejan los delitos sexuales -advirtió-, son indelebles, por lo que “hoy, como legisladores, estamos congregados a escuchar a las y los expertos para que nos den alternativas que nos permitan erradicar este flagelo, por lo que continuaremos trabajando en favor de la infancia mexicana”.  

Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, dijo que estos espacios de diálogo y análisis permiten fortalecer reformas legales. Pero, además, se necesitan políticas públicas, presupuestos para que realmente se pueda frenar este delito. 

“Se necesita, también, capacitación y se requiere avanzar en la precisión del concepto de violencia digital, porque hasta ahora, sólo se considera la agresión en contra de mujeres; y reconocer, desde la ley, que hay violencia que se comete contra menores, así como otros grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad”, precisó.  

La diputada advirtió que anualmente en México, 21 mil niñas, niños y adolescentes son secuestrados para explotación sexual infantil; hay hasta 400 mil reportes en todo el territorio nacional por violencia digital, además 52 por ciento del material de agresiones de esta índole fue auto producido por las y los menores.  

Por parte de las organizaciones, Karen de Aquino Morales y Mariana Abigail Fuentes señalaron que la población infantil es la más vulnerable al maltrato y al abuso, lo que les dificulta ejercer sus derechos; muchas de las agresiones no las procesan al momento y años después reconocen el daño que se refleja en enfermedades mentales y en aislamiento social.