Número - 108

• Se busca lograr mayor acceso para las mujeres en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

Las comisiones unidas para la Igualdad de Género y la de Estudios Legislativos Primera aprobaron reformar la Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de establecer que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, en sus procesos de gestión y de recursos humanos, implementen y ejecuten prácticas para la igualdad laboral. 

El dictamen avalado por los órganos legislativos que presiden las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Mayuli Latifa Martínez Simón, respectivamente, tiene el objeto de favorecer el desarrollo integral de las trabajadoras, pues se fijan las bases para que los centros de trabajo cumplan con procesos y prácticas a favor de la igualdad. 

Por ello, la propuesta plantea que la integración de la plantilla laboral y puestos directivos en dichos espacios, de preferencia, deberá estar conformada de manera paritaria. 

De la misma forma, se precisa que se implemente un plan de capacitación y profesionalización en igualdad laboral y no discriminación, para el personal del centro de trabajo. 

También se propone que la aplicación del código de ética estará encaminado a prohibir la discriminación de género y la violencia en contra de las mujeres. 

Las reformas, se precisa en el documento, buscan cambiar la “cultura patriarcal que continúa imperando en la sociedad mexicana”, para lograr el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Posteriormente, las y los senadores aprobaron reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que el diseño de programas de atención y capacitación a víctimas, les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida; y se incluyan aquellas que permitan su inserción laboral y empoderamiento económico. 

En el dictamen a una minuta, se precisa que es fundamental incorporar en la ley la certidumbre legal para las mujeres que sufren de cualquier tipo de violencia, y puedan contar con capacitaciones en materia laboral, para que les sea garantizada la posibilidad de tener un empleo. 

La propuesta, se agrega, está encaminada a aumentar su autoestima, autonomía e independencia económica y, mediante ello, las mujeres tengan las posibilidades de romper el círculo de la violencia.