Número - 103

•  Plantea mecanismos de planeación, coordinación y competencia de las autoridades para garantizar derecho a la alimentación.  

 

La Cámara de Senadores aprobó un dictamen para expedir la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que establece las bases para la promoción, protección, respeto y garantía del derecho a la alimentación.  

 

El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general, con 98 votos a favor; y 95 votos en lo particular, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente.  

 

La Ley prioriza los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua, así como el interés superior de la niñez, en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada que diseñe el Estado mexicano.  

 

En el documento se define la alimentación adecuada como el consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, que satisface las necesidades fisiológicas de una persona en cada etapa de su ciclo vital, acorde a su contexto cultural y para posibilitar su desarrollo integral y una vida digna. 

 

Dicho ordenamiento busca asegurar la producción, abasto, distribución justa y equitativa, así como el consumo de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, inocuos y culturalmente adecuados.  

 

Además de fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país; establecer las bases para la participación social en las acciones encaminadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada, y promover la generación de entornos alimentarios sostenibles, que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos. 

 

De acuerdo con la propuesta, los tres órdenes de gobiernos desarrollarán políticas integrales para garantizar una alimentación adecuada de la niñez, de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con atención prioritaria en zonas de alta y muy alta marginación. 

 

Además, pretende que niñas, niños y adolescentes, que cursan la educación básica, tengan derecho a recibir alimentación adecuada en los establecimientos escolares, de forma gratuita o a precios asequibles para sus familias. 

 

Lo anterior, de acuerdo con sus condiciones de vulnerabilidad y tomando en cuenta la situación económica de la zona geográfica en la que se encuentren. 

 

Para ello, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus homólogos en las entidades federativas, fomentarán programas, acciones y campañas permanentes, de fácil comprensión, sobre la información y educación nutricional, los sistemas de producción como la agroecológica, así como de entornos y estilos de vida saludables. 

 

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, promotora de esta iniciativa, consideró que este es un día histórico en el Senado de la República, pues “rara vez” el Poder Legislativo tiene una oportunidad crucial para garantizar justicia social para quienes habitan el país.  

 

Recordó que después de más de 10 años se pudo votar esta propuesta, que tiene el objetivo de que la alimentación sea considerada como el primer derecho que guarda interdependencia directa con la vida. 

 

“Es evidente que el Poder Legislativo esta jurídicamente obligado a promulgar una legislación, un marco que sirva de instrumento para que, a través de todos los niveles de gobierno, se realicen esfuerzos efectivos destinados a hacer valer el derecho a la alimentación”. 

 

A nombre de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, la senadora Marcela Mora Arellano, dijo que la Ley atiende el derecho a la alimentación, “que está vinculado con el más importante de todos, el derecho a la vida”. 

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, destacó que la alimentación adecuada en México es un tema fundamental para promover la salud de la población y para prevenir enfermedades. 

Gilberto Herrera Ruiz, senador de Morena, sostuvo que su partido trabaja para recuperar la producción alimenticia de nuestro país, con el apoyo a las y los productores mexicanos. En ese sentido, destacó que este ordenamiento ayudará a que este país produzca lo que come y a darle una vida digna a las personas que viven del campo.  

 

El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, manifestó que, “a pesar de que el proyecto está plagado de buenos deseos”, porque, aunque se establece en esta Ley el derecho a la alimentación adecuada a los niños, en los establecimientos escolares que se ubiquen en lugares con altos índices de pobreza, marginación y desnutrición alimentaria, no se contempla presupuesto adicional para poner en marcha estas reformas. 

 

La senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, dijo que este ordenamiento permitirá que se le otorgue alimentación a las personas que no puedan acceder a ellos por su cuenta y a quienes más lo necesitan. 

  

Por el PT, el senador Alejandro González Yáñez, manifestó que esta legislación es fundamental para la salud de las y los mexicanos, ya que revolucionará el sistema alimenticio de México y abonará a los proyectos que tienen el propósito de mejorar el plan de nutrición corporal. 

 

Del Grupo Plural, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo destacó que con la aprobación de esta Ley se garantizará la creación de una estrategia nacional de alimentación, a fin de proteger a los grupos más vulnerables, asegurar el acceso alimentos más nutritivos, así como apoyar a medianos productores.  

 

La Asamblea aprobó una reserva que presentó la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, para establecer que productores y distribuidores de alimentos tienen que proveer la información que se les solicite en cuanto a los insumos o procesos que utilicen para generar sus productos o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones aplicables en materia de propiedad industrial. 

También se avaló una reserva del senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, a fin de establecer que todo lo que se regula quede en términos de lo que fija la Ley, lo que representa “una manera de blindar el ordenamiento para no dejar un vacío que pueda permitir alguna impugnación”.           

Posteriormente, la senadora del PES, Marcela Mora Arellano, propuso otra reserva para fijar que las empresas o comercios en cuyas instalaciones se distribuyan alimentos o bebidas para sus propias personas trabajadoras, tengan la obligación de atender las disposiciones establecidas en la ley.      

La legisladora planteó que los establecimientos comerciales eviten que se desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos por los seres humanos, reservas que también fueron aceptadas por la asamblea.