Número - 058

• El proyecto, que fue aprobado con 87 votos, se remitió a la Cámara de Diputado.  

El Pleno del Senado aprobó, con 87 votos, un dictamen que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que el juez o tribunal que haya causado ejecutoria una sentencia, la remita de manera inmediata al órgano jurisdiccional de ejecución y a la autoridad penitenciaria, a fin de evitar que un sentenciado se sustraiga de la acción de la justicia. 

Lo anterior, debido a que dicho ordenamiento legal establece un plazo de tres días para que el sentenciado quede a disposición de la autoridad penitenciaria, y cuando el sentenciado se encuentre en libertad sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el juez de ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne de manera voluntaria y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata. 

Por ello, el dictamen enviado a la Cámara de Diputados, plantea que se elimine el plazo para que el juez o tribunal de enjuiciamiento remita la sentencia al Juez de Ejecución o la Autoridad Penitenciaria, para que dicha sentencia se haga efectiva de manera inmediata. 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, explicó que dicha disposición ha sido poco efectiva, porque el porcentaje de personas imputadas, no detenidas, es muy alto, “razón por la que es urgente eliminar el supuesto de que internarse sea voluntad del sentenciado”. 

En ese sentido, precisó que es necesario evitar que las personas se sustraigan de la acción de la justicia y se ordene de inmediato la reaprehensión, es decir, que ya no se le dé libertad al sentenciado. 

Con ello, agregó, se evitará la impunidad en la aplicación de sanciones, sin afectar el principio de presunción de inocencia, porque la etapa procesal que se busca perfeccionar es posterior a la sentencia. 

“Hay que recordar que la justicia representa un conjunto de criterios y actitudes necesarias para que las relaciones entre las personas, las instituciones y los grupos humanos, sean adecuadas y equilibradas”, manifestó. 

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, expresó que esta legislación tiene como propósito lograr un sistema jurídico uniforme, sobre las bases constitucionales que eviten la impunidad y el descrédito de las instituciones.