Número - 1420

• Es un tema que se tiene que reflexionar a profundidad; “no podemos ser evasivos”: Eduardo Ramírez.
• Legislar en este tema podría bajar los índices de inseguridad y beneficiar a campesinos, asegura Manuel Añorve. 
  
   

A fin de reflexionar en los temas pendientes en torno a la amapola y avanzar en su regulación y transición hacia un mercado legal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente del Instituto Belisario Domínguez, Manuel Añorve Baños, presentaron el libro “Regulación de la amapola: retos y perspectivas”. 

Eduardo Ramírez destacó que el cultivo de amapola impacta en la inseguridad que vive nuestro país y en el tejido social de las comunidades, porque los sembradíos no se ubican en las cabeceras municipales, sino en los núcleos de población ejidal.  

Recordó que Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Durango padecen “esta actividad ilícita”, en la que algunos campesinos son explotados, otros son conscientes de lo que hacen y otros más son obligados a cultivarla.  

Sin embargo, consideró que es un tema que se tiene que reflexionar a profundidad, para resolver los problemas de fondo que genera y “no podemos ser evasivos”, sobre todo en lo que se refiere al uso medicinal de la planta.  

Destacó que existe desabasto de medicamentos derivados de los opioides, como la morfina y oxicodona, y que de las cerca de 500 mil personas que requieren cuidados paliativos contra el dolor, sólo la mitad los recibe y no en la cantidad que los necesita. 

A pesar de que se cultivan alrededor de 30 mil hectáreas de amapola en el país, subrayó el legislador, hay un desabasto significativo de medicamentos, derivados de opioides.  

Ramírez Aguilar agregó que México es el tercer productor de amapola ilícita en el mundo, sólo después de Afganistán y Birmania; además de que su producción legal para medicamentos no está autorizada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, lo que provoca que toda la amapola que se produce termine en el mercado ilegal. 

Por su parte, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, Manuel Añorve Baños, manifestó la necesidad de regular la amapola para uso medicinal, porque además de “bajar los índices de inseguridad, se podrá beneficiar a los campesinos que se dedican a cultivar esta planta que, tan sólo en Guerrero, dijo, suman 130 mil. 

“Por lo lucrativo que resulta el negocio de la heroína, se ha desatado una guerra para controlar los campos de siembra de amapola, convirtiendo a los campesinos de la zona prácticamente en ´esclavos´, quienes se ven obligados a sembrar ilícitamente esta planta”. 

Recordó que una de las primeras iniciativas que presentó, como legislador, fue la propuesta para regular el cultivo y producción de la amapola para uso medicinal, porque de acuerdo con el reporte de monitoreo de siembra de amapola en México, realizado por la ONU, la siembra en el país se concentra en los estados de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. 

Detalló que hay avances en el Congreso para regularizar el cannabis, por lo que confió en que a la par se pueda legalizar la amapola, para “dar pasos importantes” en la protección de los campesinos del narcotráfico y el crimen organizado.  

“La misma ONU estima que en México hay más de 30 mil hectáreas de tierra cultivable dedicadas a la amapola, lo que lo convierte en el tercer productor a nivel mundial, pero todo lo producido es ilegal”. 

Por su parte, Pierre Gaussens, investigador del Colegio de México, afirmó que para avanzar en la regulación se deben dejar de lado las consideraciones morales, para encarar el problema de una manera más pragmática.  

Detalló que con la regulación terapéutica se cubrirían las necesidades médicas, sobre todo de morfina y otros medicamentos derivados, para cuidados paliativos en enfermedades terminales y crónico-degenerativas, a fin de que los pacientes tengan acceso garantizado a los fármacos contra el dolor. 

Alejandro Mohar Betancourt, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, manifestó la urgencia de crear la “Red de morfina de distribución”, cambiar el concepto de prohibicionismo y proteger a los campesinos, pero reconoció que esto sólo será posible si se trabaja de manera conjunta: sociedad civil, autoridades de salud y legisladores. 

También destacó que la problemática central, desde la perspectiva de la salud pública, es que las tres principales enfermedades que producen dolor son el infarto agudo al miocardio, diabetes mellitus y el cáncer, principales causas de muerte en gran parte del país, a lo que se suma la escasez de morfina. 

Aseveró que el prohibicionismo heredado de Estados Unidos ha fracasado, “la guerra contra las drogas ha fracasado y la ilegalización no hace que la gente deje de drogarse”, por lo que insistió en una transición hacia la regularización de ciertas drogas, en este caso, la amapola, en sentido terapéutico y ante la necesidad de garantizar el abasto de morfina para cuidados paliativos.