Número - 856

• Piden especialistas iniciativas para que el acceso a la salud no se interrumpa por falta de integración y coordinación entre niveles de atención.

Senadores y especialistas destacaron el papel de la salud como eje central para el ejercicio de los demás derechos humanos de la población mexicana y su alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

La presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lilia Margarita Valdez Martínez, inauguró en el Senado de la República el conversatorio “Derechos a la salud como el vínculo hacia los demás Derechos Humanos”. 

 

En este encuentro, el doctor Noé Guarneros Soto, catedrático del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que en México hay una lucha constante para que la población cuente con un servicio médico oportuno y de calidad.  Carlos Alberto Hernández Guzmán, director del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, detalló que es primordial garantizar el acceso a los servicios básicos preventivos y curativos; sin embargo, “vivimos en un país donde el sistema de salud se encuentra fragmentado y segmentado”. 


Por ello, consideró vital impulsar iniciativas para que el acceso a la salud no se interrumpa por la fragmentación, falta de integración y coordinación entre niveles de atención, ya que lo ideal sería que se genere un sistema en el cual las personas puedan tener acceso a los diferentes sectores de salud independientemente de su calidad laboral. 


Patricio Javier Santillán Doherty, comisionado nacional de Bioética, destacó la importancia de avanzar en las políticas públicas, para que se alcance un verdadero “estado de bienestar” en materia de salud. 
 

Porque, dijo, aunque se han realizado acciones como el derecho a una nutrición adecuada, el no exponerse a sustancias nocivas como el tabaco y el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud o su cuerpo, todavía falta mucho por hacer. 

  
Mencionó que el personal de salud también tiene que ser protegido a través de la legislación, pues la pandemia demostró que este sector fue uno de los más vulnerables durante la crisis del Covid-19