Número - 837
- La Comisión de Recursos hidráulicos tomará en cuenta este estudio para la dictaminación del nuevo ordenamiento.
Integrantes del Instituto Belisario Domínguez presentaron a las y los senadores que forman parte de la Comisión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la cual preside el senador Raúl Paz Alonzo, el Modelo de Evaluación de Impacto Legislativo sobre la Ley General de Aguas.
Paz Alonzo dijo que el agua es uno de los temas que más le importa al Estado Mexicano, por lo que la legislación en materia hídrica es prioritaria para garantizar este derecho de manera equitativa y sustentable.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, aseveró, es consciente de que ha incumplido con la reforma constitucional del 8 de febrero del 2012, que establece este derecho humano y en sus artículos transitorios un plazo de 365 días para emitir un ordenamiento en la materia.
Al presentar las conclusiones de la Evaluación de Impacto Legislativo de la Ley General de Agua, Roberto Ehrman, investigador del Grupo Interinstitucional del IBD, hizo énfasis en la necesidad de atender la crisis aguda en la provisión del recurso hídrico en los ámbitos urbano y doméstico.
Además de combatir la corrupción y conflicto de interés en las agencias del estado como en el sector privado, así como el favoritismo en el cobro de tarifas.
Dentro de los hallazgos derivados del estudio, explicó, se establece una cantidad de cien litros mínimo por persona, pero existe un problema para garantizarlos; además de que se debe mejorar el mecanismo para determinar la disponibilidad de los recursos a nivel nacional y mejorar los criterios para la determinación de los precios y tarifas para uso doméstico.
Por otro lado, Ehrmnan consideró necesario definir los criterios para el otorgamiento de asignaciones y concesiones, a través del dictamen de impacto hídrico, y apuntó especialmente en la urgencia de garantizar un mejor control y supervisión al registro público de derechos del agua para prevenir posibles conflictos de intereses.
“Eso debería ser un instrumento que garantice la transparencia y un buen manejo de la información, prever, atacar conflictos de interés, ya que no está claro en el ámbito de la Ley”, advirtió.
Otro de los hallazgos descritos en la reunión con la Comisión de Recursos Hidráulicos se refiere a la mejora de la definición de los mecanismos para garantizar la justicia ambiental en temas hídricos.
Como resultado del estudio, Roberto Erhamn concluyó que se requiere un proceso de ajuste técnico, normativo y de previsiones administrativas y operativas a la Ley General del Agua.
El senador Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que este estudio ayudará a conocer el impacto que podría tener la próxima ley en materia de agua, por lo que agradeció el trabajo del IBD, pues siempre brinda la información necesaria para enriquecer las propuestas legislativas.
Gloria Sánchez Hernández, senadora de Morena, destacó el esfuerzo del IBD en la realización de la evaluación de impactos, la cual tendrá una gran importancia en la dictaminación de la propuesta. Asimismo, recordó que la iniciativa que presentó recoge los reclamos de la ciudadanía en la materia; sin embargo, afirmó que están dispuestos a escuchar todas las voces para enriquecer el documento.
La senadora Estrella Rojas Loreto, de Acción Nacional, dijo que este estudio será enriquecedor y benéfico para los trabajos de la Comisión. Además, mostró su preocupación por la delgada línea entre la vulnerabilidad de las competencias municipales y estatales para regular los servicios de agua potable.
El senador Reyes Flores Hurtado, de Morena, sostuvo que es necesario una ley que resuelva los problemas reales que afectan a la ciudadanía respecto a la distribución de agua potable y que revise el tema regional de la disponibilidad de agua, pues no es igual en todas las partes del país. Asimismo, dijo que se debe buscar el equilibrio para que exista un modelo sustentable en el que las empresas no acaban con las reservas de agua de las comunidades
José Narro Céspedes, vicepresidente de la Mesa Directiva, mencionó que faltó que se argumentarán los impactos sobre las propuestas planteadas por el estudio del IBD. Además, dijo que la rectoría del agua debe mantener el Estado; que no se debe privatizar el recurso y se debe garantizar el derecho humano al agua.
Asu vez, el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, también de Morena, aseguró que este es un asunto que le preocupa a las y los senadores, ya que más de 21 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso al agua, mientras que 32 millones tienen un acceso limitado al vital líquido, de ahí la importancia de agilizar este producto legislativo.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, consideró interesantes las reflexiones halladas en cuanto a los errores de implementación, pues el Congreso suele legislar utópicamente al no hacer que los recursos lleguen a la población; ¿queremos hacer lo ideal o hacer lo posible?, cuestionó.
Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto, agradeció la confianza depositada en el IBD por todos los Grupos Parlamentarios para generar información oportuna, imparcial y verídica. “Esperamos que este tipo de trabajos se pueda replicar en otros temas”.
Itzkuauhtli Zamora Saenz, coordinador del Grupo Interinstitucional del IBD, dijo que es importante la voz de la opinión pública sobre los temas hídricos, ya que, en su última encuesta sobre la percepción de los problemas del país, la ciudadanía señaló que la escasez de agua es su principal preocupación, de ahí la importancia de lo que este estudio pueda aportar.
Eduardo Bojórquez, investigador del Grupo Interinstitucional del IBD, asentó que se debe fortalecer al Instituto Belisario Domínguez para trabajar en un grupo de investigación que pueda estudiar los temas que interesan a las y los legisladores, desde un punto plural e imparcial, para ayudar a quienes legislan a tener mayor información para trabajar en los asuntos legislativos.