Número - 786

• Guadalupe Covarrubias plantea que acuerdos reparatorios tampoco procedan cuando el imputado haya cometido delitos de violencia familiar.  
  
   

La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes propuso reformar la legislación penal federal para establecer que no se otorgará el perdón a agresores sexuales, cuando las víctimas sean menores de edad, y que los acuerdos reparatorios tampoco procedan cuando el imputado haya cometido delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. 

Con ese motivo presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales y adicionar un artículo 276-Ter al Código Penal Federal. 

“Mi propuesta busca saldar algunas lagunas legales, con la finalidad de estrechar los márgenes de impunidad en materia de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el país”, señaló la senadora Covarrubias Cervantes, desde la tribuna del Senado. 

Comentó que este tipo de impunidad, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), ubican a nuestro país en el lugar número uno con el tema de abuso y explotación sexual infantil a nivel internacional. 

Covarrubias Cervantes expuso que según estos datos, más de 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes en México son víctimas de abuso sexual cada año y, además, por cada mil casos de abuso sólo 100 se denuncian, 10 llegan a juicio y únicamente un caso alcanza condena. 

Agregó que de acuerdo con la Organización para la Infancia Aldeas Infantiles, seis de cada 10 de estas violaciones se producen en casa y en 60 por ciento de los casos el agresor es un familiar o pertenece a la familia 

Esto significa, dijo, que los perpetradores de esas conductas antisociales son personas que pertenecen al entorno inmediato de las víctimas, lo que implica que puedan permanecer ocultos, incluso para los mismos padres, lo que dificulta que sean denunciados. 

Más aún, abundó, detrás del abuso sexual de menores, muchas veces se encuentran amigos y familiares de la familia de la víctima, lo que se traduce, indebidamente, en un principio disuasivo para denunciar y después en un elemento persuasivo para retirar los cargos formulados al probable responsable. 

Lo anterior, advirtió, deja en estado de indefensión al menor de edad, víctima de este tipo de conductas, además de que se le revictimiza, toda vez que en muchas ocasiones, quienes ejercen la tutela de las víctimas, prefieren no proceder legalmente contra los responsables, ya sea por desacreditar sin fundamento la palabra de la víctima menor de edad. 

La propuesta se turnó, para su estudio y dictamen correspondiente, a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.