Número - 710

• Estado debe promover participación de grupos sociales en foros y negociaciones internacionales en la materia, considera Nancy de la Sierra.

El Gobierno federal tiene que garantizar participación abierta e inclusiva de los distintos grupos sociales en la elaboración de programas para la preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, aseguró la senadora Nancy de la Sierra Arámburo. 

La legisladora del Grupo Plural propuso reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a fin de que grupos, organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, así como personas interesadas puedan participar en acciones para proteger al ambiente. 

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 14 de diciembre, expresó que una de las obligaciones de México, como integrante del Acuerdo de Escazú, es adoptar las medidas de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otras, para garantizar la implementación de dicho convenio. 

Para lo cual, dijo, el Estado mexicano deberá de promover la participación del público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental, así como en instancias nacionales para tratar asuntos de foros internacionales ambientales.  

Nancy de la Sierra mencionó que se deberán establecer espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales o el uso de los ya existentes, en los que puedan participar distintos grupos o sectores, para promover la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes, cuando corresponda. 

La senadora subrayó que el artículo cinco del Acuerdo de Escazú aborda la participación pública en los procesos de toma de decisión ambientales, así como la necesidad de implementar una participación abierta e inclusiva en ellos.  

Además de garantizar mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos, actividades y otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

De la Sierra Arámburo afirmó que la difusión de las decisiones ambientales que involucran la participación pública deberá realizarse a través de medios escritos, electrónicos u orales, de forma efectiva y rápida. 

El proyecto de decreto se analizará en las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos del Senado de la República.