Número - 256

• En un esfuerzo sin precedentes, esta administración ha logrado la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, afirma Rosa Icela Rodríguez.   

 

Ante el Pleno del Senado de la República, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal se han afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales que generan violencia. 

 

La funcionaria comparece como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal. Ahí, afirmó que en un esfuerzo sin precedentes esta administración logró la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 43 de organizaciones criminales, de los cuales dos mil 216 eran objetivos prioritarios. 

 

Destacó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha disminuido la incidencia delictiva del fuero federal, ya que, al comparar las cifras de diciembre de 2018 con las de agosto de 2022, se muestra una baja de 23.3 por ciento. 

 

Previamente, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, explicó que esta comparecencia se realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Posteriormente, tomó la protesta de decir verdad a la funcionaria.   

 

Al encuentro asistieron los integrantes del Gabinete de Seguridad: Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. 

 

En su intervención inicial, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que los delitos fiscales disminuyeron 60 por ciento; los financieros, 65 por ciento; y el robo de hidrocarburos descendió 92 por ciento, lo que permitió un ahorro de 226 mil 84 millones de pesos, “que ahora si entraron a las arcas del gobierno”. 

 

Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 36 mil cuentas bancarias, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas. 

 

Gracias al plan del Gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, precisó, se logró el aseguramiento de 32 mil 746 armas de fuego; 17 millones 352 mil cartuchos y dos mil 300 granadas. 

 

También, puntualizó, se aseguraron 5.2 toneladas de fentanilo, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior, con una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de 41 mil 325 millones de pesos. 

 

De igual forma, subrayó, se confiscaron 94 mil 551 kilogramos de cocaína, 139 por ciento más que los últimos cuatro años del gobierno pasado, con impacto de más de 22 mil 910 millones de pesos para la delincuencia organizada.  

 

Además de 154.1 toneladas de metanfetaminas, lo que representa un incremento de 74 por ciento, comparado con los últimos cuatro años del sexenio anterior, lo que representa pérdidas para la delincuencia organizada de más de 44 mil 579 millones de pesos, puntualizó. 

 

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana acotó que se erradicaron 46 mil 304 hectáreas sembradas con amapola, con un valor de 38 mil 852 millones de pesos para la delincuencia; 618 mil 930 kilos de mariguana, con un valor de 34 mil 816 millones de pesos.  

 

Dijo que también se aseguraron mil 116 kilogramos de goma de opio, con un valor de mercado superior a los 45.7 millones de pesos; así como mil 429 kilos de heroína, por más de mil nueve millones de pesos. 

 

La funcionaria especificó que se destruyeron mil 57 laboratorios de narcóticos con una afectación a la delincuencia de 490 mil 664 millones de pesos para los grupos criminales. En total, asentó, se afectó al crimen organizado en sus finanzas por 674 mil 200 millones de pesos. Esto es alrededor de 33 mil 693 millones de dólares. 

 

 

Asimismo, destacó el avance del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, pues permitió mejorar los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados. 

 

“Hay mayor coordinación, mejor coordinación para perseguir, castigar, identificar y desmantelar estructuras dedicadas al tráfico de personas”. 

 

En cuanto al fuero común, apuntó que también se tienen resultados importantes, ya que, al comparar las cifras de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, el secuestro disminuyó 74.1 por ciento, y dos mil 57 víctimas fueron liberadas, además de que se detuvieron a cuatro mil 557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas. 

 

La funcionaria acentuó que el robo total decreció 18.1 por ciento; el de vehículos bajó 40.4 por ciento; el robo en transporte público disminuyó 35.4 por ciento; a casa habitación descendió 20.7 por ciento; a transportistas 39 por ciento; a negocio 28 por ciento; y a transeúnte 14.4 por ciento. 

 

La titular de SPCC precisó que en 2019 y 2020 se contuvo el alza del homicidio doloso, y en 2021 inició su baja constante, por lo que, para agosto de 2022, se presentó una disminución de 14.6 por ciento, respecto al máximo histórico registrado en 2018. 

 

Rodríguez Velázquez subrayó que en el país funcionan 32 mesas estatales y 266 regionales para la construcción de paz, en las que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinan para hacer frente al fenómeno delictivo. 

 

Detalló que la Guardia Nacional cuenta 118 mil elementos, los cuales tienen arraigo y aceptación, además de que actúan de forma expedita para proteger a la población. También, indicó que se aplican controles más estrictos de las Fuerzas Armadas en las aduanas marítimas y terrestres para evitar el tráfico de drogas, armas y personas. 

 

Por ello, refirió que se mantienen los planes de apoyo en los estados con mayor índice de homicidios dolosos, como Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Para ello, apuntó, se aplican recursos federales, con el fin de fortalecer las capacidades, equipamiento e instalaciones de las instituciones policiales locales. 

 

La funcionaria enfatizó que no hay impunidad para quienes vulneren los derechos y dignidad de las mujeres, o atenten contra su vida o integridad; “la violencia contra las mujeres no es normal, es un delito y se debe castigar”. 

 

En cuanto al programa de regularización de vehículos de autos usados de procedencia extranjera, para evitar que se utilicen en actos delincuenciales, dijo que van 661 mil 776 del año 2016 y anteriores, con lo que se han recaudado mil 654 millones 415 mil pesos, los que se utilizarán para el bacheo de calles de las 14 entidades federativas participantes. 

 

Informó que en los reclusorios federales se encuentran 18 mil 789 personas privadas de su libertad; en este año se han trasladado 3 mil 557 personas en beneficio de la gobernabilidad de los centros estatales. 

 

Además, recordó que, junto con el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación, se analizan los casos de personas privadas de su libertad para ver si son sujetas de preliberación. 

 

En eses sentido, anunció que, hasta el 15 de octubre, en un acto de justicia, se han efectuado tres mil 156 libertades anticipadas a mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con enfermedades terminales o víctimas de tortura. 

 

Rosa Icela Rodríguez pidió a las y los legisladores avanzar aún más en la atención de la tala clandestina y la extorsión, para que sean catalogados como delitos graves, y determinar nuevas conductas delictivas relacionadas con la ciberseguridad. 

 

Para seguir avanzando, argumentó, se requiere de la voluntad política de los gobiernos de los estados y municipios, de los legisladores, de los jueces, magistrados y, en general, de la población mexicana, porque la construcción de la paz no es un asunto sólo de un gobierno, mucho menos de un partido, sino un asunto de Estado.