Número  - 250

• La ilegalidad genera mayor disponibilidad de productos, principalmente para adolescentes, alertan en el Senado. 
   

El senador Ernesto Pérez Astorga afirmó que en el Senado de la República es una prioridad la regulación del tabaco desde todas sus aristas, ya que además del impacto que tiene este producto en la salud de la población, el comercio ilícito afecta al erario, la gobernabilidad y la seguridad del país, por lo que se debe erradicar esa práctica ilegal.  

Durante la inauguración del foro “Hablemos: el comercio ilícito de productos de tabaco”, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó que este encuentro tiene el objetivo de conocer las alternativas que existen para ponerle fin a este problema, con la ayuda de especialistas y del Instituto Nacional de Salud Pública.  

En lo que va de la Legislatura, destacó Pérez Astorga, se ha avanzado de forma favorable en medidas para prevenir y reducir el consumo de este producto dañino, por lo que este foro será de utilidad para las y los senadores y sus equipos técnicos.  

Las y los especialistas coincidieron en que el comercio ilícito de tabaco genera mayor disponibilidad de productos, principalmente para los adolescentes; además, incumple con las advertencias sanitarias, incrementa el consumo y potencializa las morbilidades, discapacidades y mortalidad prematura, e impacta al sistema de salud.   

Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director del Centro de Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que el comercio ilícito del tabaco provoca la venta de estos productos a menor precio, socava las políticas de salud pública y financia a otras actividades ilícitas.  

Subrayó que, de todo el mercado del tabaco, sólo 8.8 por ciento es manejado desde la perspectiva de un mercado ilícito, por lo que se deben impulsar medidas legislativas de regulación, desde el primer paso de producción del producto hasta que se comercializa, lo que implica un control estricto en toda la cadena de suministro. 

En ese sentido, consideró importante que se implemente, de manera correcta, el Protocolo para la Eliminación de Productos de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, contenido en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que busca reducir el consumo de este producto. 

De la Universidad de Illinois, en Chicago, Carlos Guerrero enfatizó que el comercio ilícito de tabaco se asocia a una pobre gobernabilidad, corrupción, bajo nivel de compromiso del gobierno para atender este tema, además de una débil administración de impuestos, aduanas y falta de atención en los canales informales de distribución y venta.  

Belén Sáenz de Miera, investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, comentó que nueve de cada 100 cajetillas que se consumen en México son ilícitas, y que el precio de estos cigarros es de 1.5 pesos, en promedio; mientras que los cigarrillos lícitos cuestan 2.3 pesos.  

Respecto a la penetración del comercio ilegal en las ciudades, refirió que en Hermosillo, Sonora, es menor al uno por ciento; mientras que en León, Guanajuato, oscila en 27 por ciento. 

La investigadora Luz Miriam Reynaldez planteó que, para contar con un sistema de seguimiento y localización de productos, se deben incluir códigos de seguridad en empaques de cigarros, establecer mecanismos de almacenamiento de información de los agentes de la cadena de suministro, que incluya a los importadores, y pedir información detallada del mercado final.  

Además, de establecer los alcances de las infracciones a nivel administrativo, fiscal y penal, y ajustar los procedimientos de las agencias de investigación.