Número - 169

• Analizan retos frente al cibercrimen, considerado la actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.
   

Los incidentes de ciberseguridad ocurridos en Pemex, la Secretaría de Economía, la Condusef, el INAI y recientemente en la Sedena, hacen evidente que México debe fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta ante este problema global, afirmó la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz.  

En el conversatorio “Los irreductibles de una nueva Ley de Ciberseguridad”, la legisladora del Grupo Parlamentario del PVEM urgió a la acción de todos los sectores para actuar de forma colaborativa, ya que es necesario entender que “el cibercrimen es la actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico”.  

Con el aumento del uso de la tecnología han crecido los beneficios, pero también los ciberdelitos, expuso. De 2019 a 2021, México bajó tres escalones en el Índice de Seguridad Nacional, ubicándose en el número 84 de 160 países, con una calificación de 37.6 puntos sobre 100, situación que lo coloca por debajo de la media global de 80 puntos, de acuerdo con la e-Gobervnance Academy. 

Ante ello, advirtió, “necesitamos urgentemente una estrategia integral que atienda el problema; es necesario hacer cambios en nuestras leyes y adecuar las políticas públicas para establecer objetivos y prioridades que integren a todos los sectores, con la finalidad de establecer un protocolo de prevención, acción y respuestas ante cualquier amenaza doméstica o internacional como lo indica la American Chamber Mexico”.  

Detalló que los delitos relacionados con la vulneración de la seguridad, como el robo de datos, fraudes, suplantación de identidad y software malicioso, se ha incrementado en México, al grado de que nuestro país ocupa el noveno lugar, con 14 víctimas por cada millón de usuarios de Internet.  

Mientras que la incidencia denunciada de pornografía infantil tuvo un incremento del 73 por ciento, de acuerdo con un reporte de la Guardia Nacional en 2021.  

En este sentido, Lagunes Soto Ruíz hizo énfasis en la creación de una cultura de protección a grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes, así como adultos mayores, al ser los más expuestos y desprotegidos. 

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señaló que la ciberseguridad es un tema “durísimo”, y la infiltración que hicieron los hackers a sistemas como el de la Secretaría de la Defensa Nacional, puede significar mucho menos de lo que se perdió a lo largo de toda la pandemia con los continuos ataques a los bancos.  

“Todavía no tenemos un instrumento que permita decirle a la gente con cuánta seguridad puede ahorrar”, reconoció. 

Por su parte, el senador Gustavo Madero Muñoz dijo estar en contra de la posibilidad de la utilización de la tecnología para que una sociedad sin herramientas pueda ser objeto de manipulación, ante ello y la megaconcentración del poder, afirmó, se encuentra el reto de potenciar al máximo los beneficios de la economía del conocimiento y de la colaboración.  

En el conversatorio, participaron Mónica Espinoza, del Centro de Competencias e Innovación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, España; David Taboada, que dirige Código Verde, empresa de consultoría en seguridad de la información; y Víctor Lagunas, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, por el Instituto Tecnológico de Monterrey; además de Alejandro Pisante, investigador en ciberseguridad para América Latina. 

Los ponentes compartieron experiencias en torno a la necesidad de una nueva ley específica, una nueva estrategia nacional, o algún otro mecanismo de política pública en materia de ciberseguridad.