Número-800

• Continúan jornadas de reflexión organizadas por el Instituto Belisario Domínguez. 

En el segundo día de trabajo de las “Jornadas de Reflexión sobre Seguridad”, organizadas por el Instituto Belisario Domínguez, legisladores, académicos y especialistas analizaron diferentes enfoques de las políticas públicas en esta materia. 

Durante el debate de este día, expertas y expertos coincidieron en que es necesario revisar las estrategias de seguridad del gobierno Federal, especialmente en materia de aplicación de justicia, ya que debe tener un enfoque de prevención de la violencia y el delito. 

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es vital para combatir al crimen organizado. Además, dijo que es necesario considerar a la seguridad como un servicio a la sociedad; “la fuerza pública es necesaria, pero la proximidad con la ciudadanía es esencial”, enfatizó. 

Aseguró que la prevención social es una cuestión de voluntad para coordinarse. En ese sentido cuestionó lo que se ha realizado en esta materia desde las administraciones estatales. “Necesitamos una estrategia de prevención social del delito, pero se necesitan las ganas de servir en todos los órdenes de gobierno”, asentó.  

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, de la bancada del PAN, aseveró que este tipo de encuentros ayudará a las y los legisladores a crear y fortalecer las reformas penales con la ayuda de expertas y expertos en la materia, para disminuir los índices delictivos. 

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, aseveró que deben existir políticas públicas diferenciadas e innovadoras para atender las múltiples problemáticas de inseguridad, ya que las que se instauraron hasta ahora no tienen éxito. 

Se requieren diferentes enfoques y soluciones para combatir redes criminales transnacionales y delitos del fuero común, sostuvo. Estas situaciones, detalló, exigen diferentes estrategias para prevenir la violencia, las cuales se tienen que establecer de acuerdo con la territorialidad o con enfoques de salud o de educación. 

En un diálogo sobre los enfoques de política pública, prevención de control y represión, sistema penal, penitenciario y reinserción, académicos e integrantes de asociaciones civiles señalaron que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos fundamentales y un despropósito para la búsqueda de justicia en el sistema penal. 

Indicaron que la prisión preventiva a oficiosa aumentó el número de personas en prisión; sin embargo, no creció el número de condenas ni hay una reducción en la violencia y los delitos, lo que demuestra que este mecanismo no resuelve la crisis que vive el Estado, además de que profundiza la discriminación. 

Además, coincidieron en que es necesario un diseño institucional que fomente la acción coordinada de las instancias involucradas en el proceso de reinserción social, así como un andamiaje normativo coherente que vincule la reinserción con procesos de prevención del delito y atención a las víctimas. 

Las “Jornadas de Reflexión sobre Seguridad” continuarán el próximo 6 de marzo con el tema “Modelos Institucionales para la Atención de los Desafíos de Seguridad en México”.