Número-568

• Pleno del Senado aprobó diversos mecanismos de respeto a personas extranjeras en estaciones migratorias; ampliación del tiempo para comprobar nacionalidad y acceso a servicios educativos.

 

El Pleno del Senado avaló un dictamen que tiene por objeto que las estaciones migratorias garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras presentadas en estos establecimientos, para lo cual se deberán establecer mecanismos de comunicación entre éstas y las autoridades competentes en la materia. 

 

Las reformas a la fracción V, de la Ley de Migración, aprobadas con 89 votos, buscan que los representantes de las autoridades en materia de derechos humanos tengan acceso a las instalaciones migratorias. 

 

La propuesta, enviada a la Cámara de Diputados, tiene como base la Convención de Viena, que establece la garantía de respeto a los derechos humanos de cualquier persona, pero sobre todo de aquellas que se encuentren en contexto de migración internacional. 

 

En tribuna, la presidenta de la Asuntos Fronterizos y Migratorios, Bertha Alicia Caraveo Camarena dijo que el Estado mexicano debe emprender acciones afirmativas en favor de todas las personas, sin importar su estatus migratorio, en beneficio de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, así como en los instrumentos internaciones de los que México es parte. 

 

El senador José Narro Céspedes, de Morena, señaló que el Gobierno de México ha tomado medidas para atender el problema migratorio de fondo y subrayó que se debe buscar que el Banco para el Desarrollo de América del Norte participe en el impulso de políticas de desarrollo en regiones de expulsión de mano de obra y con condiciones de violencia. 

 

Por Acción Nacional, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge asentó que se trata de que en las estaciones migratorias se dé un trato digno y respetuoso de los derechos humanos, no obstante, “esta reforma será insuficiente mientras que en México se mantenga una política migratoria que criminaliza a los migrantes”. 

 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, reconoció que hay un mal diseño en la política pública de atención a los migrantes; además de que no hay presupuesto para atenderlos. Por lo que no sólo se trata de aprobar estas reformas, sino que es fundamental darle seguimiento a la Ley y revisar si se cumple lo que aprobó el Senado. 

 

En tanto, la senadora del PES, Sasil de León Villard consideró urgente que el Estado mexicano, desde los tres poderes y órdenes de gobierno, emprenda todas las acciones afirmativas, en el marco del derecho internacional para los seres humanos, sin importar su calidad de extranjeros. 

 

A su vez, el senador Antonio García Conejo, PRD, dijo que no se puede quedar esto en una reforma, es necesario que venga el director del Instituto Nacional de Migración para explicarnos, con claridad, qué acciones se llevan a cabo junto con las autoridades municipales y estatales para respaldar y proteger a los migrantes. 

 

También se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del artículo 36 de la Ley de Migración, a fin de incluir el principio de reciprocidad internacional, entendida como la costumbre de un Estado que concede a otro, un trato semejante al que recibe de él, con base en la cooperación internacional. 

  

La Ley actual establece el procedimiento a seguir para los casos en que el Instituto Nacional de Migración cuente con elementos suficientes para presumir la falta de autenticidad de los documentos o de veracidad de los elementos aportados, para acreditar la nacionalidad mexicana, mediante el cual determinará el ingreso o rechazo de la persona. Dicho procedimiento debe ser racional y en ningún caso exceder las 4 horas. 

  

Por ello, la propuesta, enviada a la Cámara de Diputados y avalada con 87 votos, amplía a 24 horas el procedimiento de comprobación, a solicitud expresa de la persona que se ostenta como de nacionalidad mexicana, y establece que, durante ese tiempo, la autoridad migratoria deberá brindar todas las facilidades de comunicación que tenga al alcance y preservar su seguridad e integridad física dentro de sus instalaciones. 

  

Al respecto, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, aseguró que la aprobación del principio de reciprocidad internacional ayudará a generar mecanismos de colaboración con los países centroamericanos y de todo el mundo. Además, dijo que la ampliación del plazo de comprobación ayudará a proteger los derechos humanos de las personas. 

 

Con 89 votos en favor y una abstención, también se aprobó un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración, para establecer un lenguaje incluyente y armonizarla con diferentes ordenamientos que fueron expedidos en su momento, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Al respecto, el senador Salomón Jara Cruz, de Morena, dijo que el Estado mexicano enfrenta una circunstancia histórica por las migraciones provenientes de Centroamérica y el Caribe, la cual se acrecentó por la emergencia derivada de la pandemia de Covid-19 y el cierre de la frontera en Estados Unidos. Sin embargo, destacó la política migratoria de México, la cual enfrenta este problema con un enfoque de derechos humanos. Dicha propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados.  

 

Asimismo, se aprobó, con 86 votos en favor y cuatro abstenciones, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de Migración, con el propósito de establecer medidas que sean más claras en el proceder de los migrantes con situación irregular que se internan, transitan y emigran a México, de manera que se logre una mayor regulación en beneficio de los sujetos afectados. 

  

El proyecto, enviado a la Cámara de Diputados, define a la “persona en situación de vulnerabilidad” como toda niña, niño o adolescente no acompañado, así como mujer embarazada, adultos mayores, personas con discapacidad, e indígenas, o bien víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional. 

  

Además, establece que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, siempre y cuando deban cubrir la educación básica obligatoria del país, establecida en el artículo 3 constitucional. 

  

En caso de que el extranjero cubra la mayoría de edad en el transcurso del ciclo escolar, se conservará su derecho a estudiar hasta su finalización. Los Poderes de la Unión promoverán y serán garantes de que los migrantes puedan recibir enseñanza para su mejor integración social. 

 

Finalmente, la Asamblea aprobó incluir los conceptos de interculturalidad, movilidad humana, perspectiva intercultural e interseccionalidad, en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

 

Las reformas aprobadas con 90 votos y enviadas al ejecutivo Federal, buscan hacer un reconocimiento a la diversidad cultural por parte del Estado mexicano.