Número-566

• El proyecto fue aprobado con 87 votos y enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma para reconocer el derecho de las víctimas, que pertenecen a comunidades indígenas, a contar con traductores lingüísticos que las asesoren jurídicamente.  

El dictamen establece que la víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las comisiones respectivas un intérprete o traductor lingüístico cuando no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual. 

Dispone que la Asesoría Jurídica estará integrada, además de asesores jurídicos y peritos, por intérpretes o traductores lingüísticos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.  

El proyecto, que fue aprobado con 87 votos y enviado al Ejecutivo Federal, modifica los artículos 166, 168 y 170 de la Ley General de Víctimas. 

Plantea que las entidades federativas también deberán contar con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a las víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual. 

La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, subrayó que el Estado debe garantizar, proteger y atender los derechos de las comunidades indígenas y de personas con discapacidad, el acceso pleno a la justicia y al debido proceso, para eliminar las barreras que dañen los derechos comunales e individuales de los pueblos originarios.  

Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN, quien votó a favor, criticó que “el problema no es que haya o no traductores lingüísticos para víctimas, sino que la situación es que a dichas personas no se les paga por falta de recursos presupuestarios.