Número-482

• La presencia de impurezas en el líquido vital podría poner en riesgo la salud de la población, advierten senadores.
  
   

La Comisión de Economía, que preside el senador Roberto Juan Moya Celemente, aprobó un dictamen por el que solicita al Ejecutivo Federal la revisión y, en su caso, la actualización de tres normas mexicanas en materia de agua potable y de equipo de protección contra incendios en vehículos de transporte. 

En el dictamen, las y los senadores advirtieron la presencia de impurezas en el líquido vital, que podrían poner en riesgo la salud de la población, pues se asocian a diversas enfermedades como hepatitis viral, fiebre tifoidea, cólera, disentería y otras infecciones estomacales. 

Además, destacaron que las empresas “rellenadoras” que venden agua para consumo humano deben apegarse a estándares de calidad de mayor vanguardia”.  

Por ello, solicitaron que se revisen las normas: NOM-001-CONAGUA-2011, “Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba”, así como la NOM-201-SSA1-2015 “Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones”. 

Además, los legisladores demandaron que se revise la NOM-157-SCFI-2005, “Equipo de protección contra incendio-Extintores como dispositivo de seguridad de uso en vehículos de autotransporte particular, público y de carga en general- Especificaciones y métodos de prueba”, así como las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia de extintores de uso automotriz. 

La Comisión también avaló un dictamen para que las secretarías de Economía y de Bienestar fortalezcan los programas de capacitación y financiamiento de mujeres empresarias y emprendedoras. 

Lo anterior, con el propósito de aumentar su participación en el sector productivo y facilitar la desagregación de la información vinculada a los apoyos y capacitación por género en las plataformas digitales de los programas sociales. 

El dictamen precisa que la posibilidad de desagregar la información y conocer a detalle a quienes son los beneficiarios de los programas, en qué zona del país, rango de edad, género, tipo de negocio o actividad emprendida, debe ser esencial en la toma de decisiones, en el ejercicio de los recursos públicos y en la configuración de las políticas públicas.