Número-460

• Esta legislación está encaminada a que el Estado proteja y frene el robo del patrimonio cultural de los pueblos originarios: Ricardo Monreal.
  
   

 

Por unanimidad, con 98 votos a favor, el Senado de la República aprobó el proyecto para expedir la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.  

 

Los senadores respaldaron el dictamen que fue enviado al Ejecutivo Federal y que busca proteger las manifestaciones culturales tradicionales ante el uso no consentido, la apropiación cultural o plagio de motivos y diseños de los pueblos originarios. 

 

El nuevo ordenamiento establece un conjunto de dispositivos normativos para conferir a los pueblos y comunidades el reconocimiento de la propiedad colectiva de las expresiones de su patrimonio cultural, tangible e intangible, así como la posibilidad de determinar, -en beneficio de quienes integran los pueblos y las comunidades-, el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación por parte de terceros.  

 

La Ley se deriva de una iniciativa que originalmente presentaron, desde noviembre de 2018, 

el senador Ricardo Monreal Ávila y la senadora Susana Harp Iturribarría, de Morena.  

 

Desde la tribuna del Senado, Monreal Ávila enfatizó que esta legislación está encaminada a que el Estado mexicano proteja y frene el robo de la cultura y patrimonio de las comunidades indígenas y afromexicanas. 

  

La ley, explicó, tiene su origen por la actitud “deleznable” que representa el plagio de las artesanías, textiles, cultura y arte de las comunidades originarias, sin que hubiese ningún respeto, autorización, indemnización o pago, por su uso y aprovechamiento. 

  

En este sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política aseveró que con toda impunidad marcas nacionales e internacionales plagian la cultura, estilos, creatividad, artesanías y textiles de las comunidades, de manera impune. 

  

Por ello, precisó, la legislación pretende frenar y terminar con esta actitud irregular e inmoral y proteger la cultura de estos sectores de la población, que llevan siglos desprovistos de derechos para el reclamo de estos hechos. 

  

“Es una ley importante, de avanzada, justa y oportuna, que todas y todos debemos leer y revisar, dar a conocer, así como capacitar a las comunidades, a los dirigentes de éstas, y socializarla, para que todos los núcleos agrarios puedan saber lo que ahora estamos aprobando en su beneficio”. 

 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, dijo que el dictamen establece los procedimientos para que los pueblos y comunidades inicien una querella por el uso indebido de su cultura. 

 

La queja, expresó, se desahogará ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Cultura, así como los institutos nacionales del Derecho de Autor y de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

En el caso de las denuncias, refirió, serán las autoridades judiciales quienes atiendan las demandas por el uso no consentido con fines de lucro. 

 

Destacó que la Cámara de Diputados propuso algunos cambios, como modificar la naturaleza de la Ley, de una general a una de orden federal; y cambiar su denominación a protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades; así como algunas propuestas para la integración del registro público de bienes del patrimonio cultural indígena y afromexicano. 

 

Sin embargo, aclaró, que la propuesta de la colegisladora incluye el contenido del proyecto que originalmente avaló el Senado; “casi a dos años después, estamos en la posibilidad de entregar a los pueblos y comunidades un instrumento normativo que por fin contribuya a la protección de sus culturas. 

 

Con la aprobación, expuso, se creará un sistema robusto de protección y salvaguardia del patrimonio vivo de nuestros pueblos, con una Ley específica en la materia que se basa en la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades. 

 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, precisó que el dictamen no regula la forma en que se organizan las comunidades para trabajar los elementos de su patrimonio cultural al interior de éstas, sino que se enfoca en regular el uso, aprovechamiento, comercialización e industrialización por parte de terceros 

 

Además, reiteró, establece que, para la debida salvaguarda y protección jurídica de los elementos de la cultura e identidad, participarán la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

 

De esta forma, asentó, se crea un mecanismo jurídico que protege de la apropiación indebida o el uso y aprovechamiento no consentido a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 

 

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, aseveró que la apropiación indebida y el plagio de las expresiones que por años han sido reproducidas y utilizadas sin consentimiento y con fines de lucro, debe ser detenido y sancionado. Poner fin a este abuso, argumentó, es detener la discriminación estructural, romper con la opresión y reivindicar la dignidad de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas. 

 

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que, por años, las creaciones de las comunidades indígenas han sido objeto de plagio por parte de diseñadores de moda, de joyas, artistas plásticos, ceramistas, cineastas, entre otros. 

 

En el dictamen, se destaca que, con las disposiciones normativas consensuadas por senadores y diputados, la memoria colectiva de los pueblos y comunidades será, por disposición de ley, imperecedera, irrenunciable e intransmisible a personas ajenas a la comunidad para su beneficio.  

Para ello, la ley mandata que la propiedad sea inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y sólo podrá ejercerse de manera colectiva por los pueblos y comunidades con base en su libre determinación y autonomía.