Número-402

• Buscan legisladores revertir el enfoque económico que considera a este recurso como un objeto mercantil.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera enfatizó que es necesario retomar el trabajo legislativo para expedir una ley general que reconozca al agua con un enfoque de derechos humanos y establezca una distribución equitativa y justa de este recurso vital.  

Durante la inauguración del foro “Los derechos humanos al agua y saneamiento, y los derechos interdependientes en la nueva Ley General de Aguas”, la legisladora de Morena dijo que es necesario impulsar esta legislación, misma que quedó pendiente en la Cámara de Diputados por el cambio de Legislatura, en septiembre pasado. 

Explicó que el objetivo de concretar este ordenamiento es revertir el enfoque económico que considera a este recurso como un objeto mercantil, que es aprovechado sólo por un sector reducido. 

En México, 1.1 por ciento de todos los usuarios de este servicio, aprovechan más de una quinta parte del agua, a través de concesionarios; mientras que 25 millones de mexicanos sólo tiene acceso a ella dos veces a la semana, además de que 17 millones de personas viven una situación aún más precaria por la escasez del líquido.  

Ana Lilia Rivera agregó que la falta de agua a nivel nacional es multifactorial; sin embargo, la principal causa radica en que el modelo de gestión hídrica vigente no protege al líquido, no incluye una distribución justa y no existe un marco legal que los sustente. 

Por ello, se comprometió a impulsar y retomar el diseño de la Ley General de Aguas, la cual, dijo, ya tenia un avance considerable en la Cámara de Diputados, durante la Legislatura pasada, incluso, dijo, se debe formular una estrategia para que ambas cámaras legislativas concreten la iniciativa. 

“Estamos en un momento de evaluación y toma de decisiones sobre el curso legislativo del proyecto, debido al cambio de Legislatura, por ello debe retomarse, ya sea en la Cámara de Diputados, o que se presente un nuevo proyecto en el Senado, como Cámara de Origen, expresó la coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capitulo México. 

En su intervención, el senador José Narro Céspedes, de Morena, dijo que es necesario analizar las diferentes propuestas que existen para garantizar el derecho humano al agua y concretar una legislación lo antes posible, a fin de evitar que “las leyes del mercado y de los poderosos sigan despojando del agua a las comunidades de México”. 

Además, el también vicepresidente de la Mesa Directiva propuso la instalación de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Agua, a finde contar con todos los elementos jurídicos para beneficiar a la población.  

En tanto, el senador Raúl Paz Alonso, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, recordó que el derecho al agua quedó plasmado en la Constitución desde 2012; sin embargo, es necesario aprobar una legislación secundaria que garantice este derecho, pero que incluya a todos los sectores sociales. 

El legislador del PAN advirtió que México tiene una grave crisis de agua y ha enfrentado una de las sequias más severas de la historia moderna del país, situación que pone en peligro el bienestar de la población, por lo que respaldó el impulso de la Ley General de Aguas: “tenemos la obligación histórica de legislar en esta materia”.  

La diputada de Morena, Claudia Tello Espinosa, subrayó que es indispensable establecer una nueva relación con los ecosistemas y los recursos naturales; por ello, se comprometió a coadyuvan a rescatar los avances de la reforma, así como a colaborar en el proceso legislativo correspondiente.   

Pedro Moctezuma Barragán, presidente del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) señaló que dos por ciento de los concesionarios controlan 70 por ciento de los volúmenes de agua en el país, mientras que 41 millones de mexicanos no tiene acceso a ella de manera salubre, constante y asequible, por lo que exhortó a los legisladores a concretar la legislación y ofreció su apoyo para lograrlo.  

Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró su compromiso de coadyuvar técnicamente a la construcción de la legislación, apoyar medidas complementarias y con enfoque de derechos humanos, pues consideró que es urgente que México cuente con una legislación que regule el agua.  

Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, reconoció que México tiene un potencial e influencia internacional importante en el continente americano, por lo que tiene el compromiso de desarrollar una legislación ejemplar en la materia.