Número - 1385

• Tampoco es para investigar a personas o instituciones, sino movimientos financieros relevantes, señala.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, indicó que es absolutamente falso que las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, recientemente aprobadas por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, amplíen competencias de la Guardia Nacional o de los militares para investigar delitos de lavado de dinero.

En conferencia de prensa, el senador precisó que la reforma no da nuevas facultades penales ni rompe ningún control judicial, sino que refuerza la coordinación institucional entre algunas secretarías para prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La reforma, precisó, plantea la coordinación de funciones entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, pero “hay que tener claro que se trata de reformas a una ley de carácter administrativo”.

“No se investiga a las personas o instituciones por sospechosas. Lo que se investiga son movimientos financieros relevantes que resultan, por lo tanto, sospechosos de que pudieran constituir mecanismos de lavado de dinero. Es una verdadera falacia el señalamiento de que se podrán investigar las cuentas bancarias de todos los mexicanos”, aclaró.

A pregunta expresa sobre señalamientos de la posibilidad de congelar cuentas, el legislador resaltó que “son absolutamente falsos, porque ningún artículo de la ley lo dice; no está previsto en la ley. El problema es que se hacen extrapolaciones, magnificaciones. No van a encontrar un solo renglón en ese sentido”.

Respecto al desempeño de partidos políticos y sindicatos, Corral Jurado advirtió “no pueden ser zonas de impunidad, porque es un reclamo social que las agrupaciones políticas, los sindicatos, rindan cuentas, porque, incluso, en su gran mayoría se trata de recursos públicos que luego terminan mezclados con recursos privados, con donativos o donaciones”.

No obstante, agregó que los partidos políticos y sindicatos están contemplados en el artículo 51 bis de la ley como sujetos con la obligación de informar. “Lo verdaderamente sorprendente es la resistencia a que sean sujetos de información para efectos de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita; debieran ser los primeros en animar la transparencia de sus manejos”, señaló.

La reforma, destacó, responde a un compromiso de actualización de la legislación, por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el fin de fortalecer las capacidades del Estado en tareas de prevención.

“Se pone al día la ley que tenía 10 años sin actualizarse e incorpora nuevas actividades como la economía virtual, todo para robustecer la parte preventiva administrativa”, especificó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, refirió que con estas reformas se incorporan actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, la comercialización de activos virtuales, la prestación de servicios de fideicomisos y otras actividades financieras no tradicionales que no estaban en la lista de actividades vulnerables.

Además, se actualizan conceptos y se facilita la supervisión de las autoridades responsables. “Es una actualización para tener una ley más sólida y apoyar las tareas del Estado para combatir el lavado de dinero”, concluyó.