Número- 640

• El documento fue enviado a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente.

 

Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vivienda con orientación social.

 

El dictamen, avalado por mayoría de votos en ambas comisiones, deriva de una iniciativa enviada al Senado de la República por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

 

Entre los cambios propuestos destacan que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) podrá establecer programas para otorgar a las personas trabajadoras acceso a vivienda mediante arrendamiento social, y tendrá que otorgar bajo ese esquema los inmuebles que se construyan o que sean bienes recuperados.

 

Fija como objeto del instituto la construcción de vivienda, para lo cual constituirá una empresa filial que, por su naturaleza jurídica, no será considerada entidad paraestatal, y gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones, en términos del derecho privado.

 

Dicha empresa, agrega, deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos y políticas de orden público e interés social del Infonavit, y observará los principios de legalidad, honradez, transparencia, eficiencia, eficacia, economía, austeridad y combate a la corrupción.

 

Refiere que el instituto, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, podrá destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del instituto y destinados a vivienda de los derechohabientes, garantizando en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de créditos a trabajadoras derechohabientes.

 

Por otra parte, el dictamen añade que, al cumplir un año de cotización continua, los trabajadores tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Infonavit que se encuentre cerca de su centro de trabajo, así como en los programas de opción de compra de dichas viviendas.

 

Sobre los esquemas de arrendamiento social, señala que las personas trabajadoras derechohabientes tendrán derecho a utilizar su subcuenta de vivienda como mecanismo de garantía. Además, establece como obligación de las personas trabajadoras derechohabientes cuidar diligentemente la vivienda que se le otorgue como si fuera propia, así como desocuparla y entregarla al terminar el arrendamiento.

 

También prohíbe que las personas trabajadoras usen la vivienda para fines distintos a su habitación y residencia, así como darla en subarrendamiento, y que la enajenación de vivienda a favor de las personas trabajadoras derechohabientes dará preferencia a aquellas que no cuenten con vivienda propia.

 

Respecto de la Ley Federal del Trabajo, se fija que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos de rentas del Infonavit destinadas al arrendamiento social, y dichos descuentos no podrán sobrepasar el 30 por ciento.

 

Puntualiza que el organismo integrado de forma tripartita por el Gobierno Federal, patrón y trabajador coordinará el arrendamiento social de vivienda para su habitación por las personas trabajadoras, bajo criterios sociales, sin fines de lucro o especulación comercial y considerando su nivel salarial.

 

Dicho organismo también intervendrá en la administración de los inmuebles y viviendas que sean de su propiedad o se encuentren bajo su administración, a efecto de mantenerlas en condiciones de habitabilidad adecuada.

 

Se indica además que en los casos en que una persona trabajadora incapacitada haya adquirido una nueva relación de trabajo y la pierda, podría reiniciar el trámite de su cancelación del crédito ante el Infonavit cuantas veces le resulte necesario, siempre que no se revoque la determinación de su incapacidad en los términos de la Ley del Seguro Social.

 

El presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Luis Armando Melgar Bravo, explicó que el dictamen fija las bases para que el Infonavit pueda construir vivienda en beneficio de millones de personas. “Coloca al instituto como pilar fundamental del desarrollo urbano, se regula la figura del arrendamiento social y amplían los beneficios para las y los derechohabientes”, destacó.

 

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario Morena, María Guadalupe Chavira de la Rosa, señaló que el Infonavit nunca tuvo una naturaleza social, sino que siempre se privilegió a la banca, por lo que “hoy buscamos garantizar el acceso a una vivienda digna, por eso se otorga al instituto la posibilidad de construirlas”.

 

El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, consideró que el dictamen “es una barbaridad”, porque da facultades al Infonavit para disponer de los recursos bajo su administración, que ascienden a dos billones de pesos de las subcuentas de las y los trabajadores.

 

Del PRI, Mely Romero Celis afirmó que hay coincidencia en la necesidad de actualizar al Infonavit, pero el dictamen lo que hace es centralizar el poder en el Ejecutivo Federal. “Se crea una empresa filial, lo que sin duda abona a la opacidad. Apoyamos a la clase trabajadora, pero esto concentra en el gobierno las decisiones sobre la vivienda”, sostuvo.

 

Virginia Marie Magaña Fonseca, del PVEM, indicó que el dictamen pone a las personas trabajadoras en el centro de las políticas públicas, además de tener nobles bondades para que ahora las personas puedan acceder al derecho sagrado que es la vivienda.

 

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, aseguró que con este dictamen se busca un nuevo Infonavit, un instituto constructor, arrendador, que dé prioridad a las y los trabajadores que nunca han podido acceder a un crédito de vivienda.

 

Por MC, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno dijo que el proyecto elimina la presencia de los trabajadores en órganos directivos del Infonavit, y al incrementar el número de integrantes del gobierno en dichos órganos, pretende dejar en sus manos la administración de recursos por alrededor de dos billones de pesos