Número - 468

• Este cáncer social no sólo debilita a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, también estimula la delincuencia, perpetúa la impunidad y enquista la injusticia, advierte.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó la necesidad de reforzar la estrategia para combatir la corrupción, pues es un cáncer social que no sólo debilita a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, sino que también estimula la delincuencia, perpetúa la impunidad y enquista la injusticia.

Durante la VII Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, que se llevó a cabo en el estado de Morelos, el senador adelantó que en los próximos meses impulsará la creación de una Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción.

Javier Corral enfatizó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mostrado interés por hacer frente, como nunca, a este fenómeno, por lo que desde los primeros días de su campaña le encomendó encabezar un diálogo franco y abierto con la sociedad civil, la academia, el empresariado y los principales actores anticorrupción, con la finalidad de recoger las mejores propuestas para hacer frente al problema.

Todos estos planteamientos, agregó, fueron reflexionados, discutidos y condensados en su proyecto de nación, que hoy se echa a andar mediante el plan de gobierno.

Dijo que con la iniciativa para expedir la ley general no se trata de basar la estrategia de combate a la corrupción del país en una política punitiva, pues la prevención siempre debe ser la principal apuesta; pero el objetivo es garantizar que ante cualquier caso de corrupción exista una sanción para sus responsables y que la cultura de la impunidad no sea un incentivo para su proliferación.

Explicó que dicha legislación tendría como objetivo establecer una política de investigación y persecución uniforme en todo el país, al homologar las fiscalías anticorrupción en principios, lineamientos, directrices y perfiles, dotándoles de plena autonomía para que puedan actuar con eficacia para la investigación y sanción de casos de corrupción en pequeña y gran escala.

Señaló que lo anterior no significa necesariamente aumentar las penas ni impulsar castigos más severos con el fin de realizar un escarmiento social, ya que eso no resolvería la raíz del problema.

Lo que se busca, enfatizó, es bridar la certeza de que cualquier delito de corrupción sea sancionado, sin importar quien lo cometa. “Nuestra idea es que este proyecto de Ley General sea trabajado “de la mano” con los fiscales anticorrupción que se agrupan en la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción”.

El presidente de la Comisión de Justicia asentó que los fiscales anticorrupción son el pilar de esta lucha, ya que su labor no sólo radica en perseguir delitos, sino en restaurar la confianza ciudadana.

“Pero, no nos engañemos, enfrentar la corrupción no es, ni será nunca una tarea sencilla, se trata de un enemigo acechante que no sólo se defiende, sino que ataca. Las amenazas, las represalias y la criminalización de su labor son una realidad que afecta a quienes se atrevan a enfrentarlo”, agregó.

Pero, acotó Javier Corral, permitir que la corrupción avance sería condenar a nuestro pueblo a la desigualdad, la impunidad y la descomposición social. Enfrentar este fenómeno no sólo es un deber legal, sino un compromiso moral y social.