Número - 87

• La Mesa Directiva, que preside Ana Lilia Rivera, consideró que este acto mina la convivencia pacífica, transgrede los principios fundamentales de la democracia y socava la percepción de seguridad

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó el atentado contra el expresidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, que ocurrió el sábado 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, por considerar que es un acto “con potencial para desestabilizar a la sociedad estadounidense, socavar las instituciones democráticas y el estado de derecho”.

A través de un pronunciamiento de la Mesa Directiva, que preside la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, el Congreso aseguró que este acto de violencia representa una afrenta no sólo contra una figura pública, sino también contra los principios fundamentales de la democracia y la convivencia pacífica.

“Frente a ello, expresamos nuestra solidaridad con el expresidente Donald Trump, su familia, y todas las personas afectadas por este suceso. Asimismo, extendemos nuestro apoyo al pueblo estadounidense en estos momentos de tensión”.

Los legisladores subrayaron que la violencia nunca debe ser el medio para resolver diferencias o expresar desacuerdos y reiteraron su compromiso con la promoción del diálogo, el respeto y la tolerancia como pilares fundamentales para la construcción de sociedades justas y democráticas.

Además, instaron a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva para llevar a los responsables de este acto ante la justicia y prevenir futuros incidentes que pongan en peligro la seguridad y estabilidad de cualquier nación.

“Las personas que integramos la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reafirmamos el compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para trabajar juntos en la erradicación de la violencia y la promoción de un mundo más seguro y justo para todos”.

La violencia que se ejerce contra precandidatos o figuras políticas, enfatizaron, representa una grave amenaza para la integridad del proceso democrático, porque busca intimidar a aquellos que desean postularse para cargos públicos, limitando así la diversidad de opciones y voces en la contienda electoral.

“Al coartar la libertad de los ciudadanos para postularse y participar en la política sin temor a represalias, se erosiona uno de los pilares fundamentales de la democracia: la competencia justa y libre”.

Además, consideraron que la violencia contra precandidatos genera un clima de miedo e inseguridad entre la población, lo que puede llevar a una disminución en la participación ciudadana en las elecciones.

“Los votantes pueden sentirse desalentados o temerosos de acudir a las urnas, afectando la legitimidad y representatividad de los resultados electorales. Este ambiente de intimidación y coacción no solo distorsiona la voluntad popular, sino que también debilita la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho”, afirmaron los legisladores.