Número - 189

• Reconoce el diputado Aguilar Piña que la persecución y sanción de este delito es complejo, derivado de su diversificación. 
  
   

El diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña propuso una iniciativa para reformar el Código Penal Federal a fin de establecer como agravante que, si el delito de extorsión es cometido desee ell interior de un centro penitenciario por una persona privada de su libertad, la pena a aplicarse deberá ser de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa. 

El proyecto de decreto que busca reformar y adicionar un párrafo tercero al artículo 390 del Código, establece que la pena aumentará en una mitad más si la victima fuere menor de edad o mayor de 60 años o si la persona no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirse. 

El legislador del PVEM reconoció que delito de extorsión se ha incrementado de forma alarmante en México durante la última década, pues a pesar de encontrase totalmente tipificado en dicho instrumento legal, su persecución y sanción se han vuelto muy complejas derivado de su diversificación. 

Por esta situación, asentó, existe la obligación de robustecer los marcos normativos que contemplen tipos penales y sanciones ejemplares para castigar las conductas antisociales que afectan la tranquilidad y la paz social. 

Además, reconoció que una de las formas más comunes de extorsionar es a través de llamadas telefónicas, delito que ha incrementado, por lo que las autoridades establecieron medidas especiales debido a que un número importante de llamadas se realiza desde el interior de las diferentes cárceles del país. 

Aguilar Piña refirió que diversos estudios en criminología y sociología destacan que el incremento en las penas privativas de la libertad puede contribuir en aminorar el fenómeno delictivo, no obstante, dijo, deben acompañarse de políticas públicas integrales para un resultado altamente efectivo. 

Lo anterior, dijo, porque hay una importante cifra negra -delitos que no se denuncian- que impiden conocer de forma real la magnitud del problema y el impacto económico negativo que genera en las víctimas y en la sociedad. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.