Número-120

• Proponen mesa interinstitucional que permita realizar investigaciones efectivas y mejorar Alerta Amber. 

Legisladores del PT hicieron un llamado para revisar los protocolos que actualmente utilizan las autoridades para atender la desaparición de menores de edad, a fin de protegerlos de manera eficiente.     

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fin establecer una mesa de coordinación interinstitucional que permita mejorar dichos protocolos, sobre todo la Alerta Amber. 

En la propuesta, que fue enviada a la Primera Comisión de la Permanente, solicitaron a la FGR que, a través de las fiscalías especializadas en la búsqueda de personas, redoblen esfuerzos y utilicen todos los recursos materiales y humanos, para realizar investigaciones efectivas y localizar a los menores desaparecidos. 

Bañuelos de la Torre, Padilla Peña y Lucero Olivas señalaron que es necesario que las autoridades redoblen esfuerzos para proteger de manera eficiente la integridad de las niñas, niños y adolescentes en el país. 
 

Refirieron que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) dio a conocer que el número de infantes desaparecidos en el país, desde 1964 y hasta el 25 de octubre de 2021, es de 82 mil 328. 

La REDIM indicó que, de la cifra anterior, 19.9 por ciento, es decir, 16 mil 378 personas continúan desaparecidas a la fecha, de las cuales, ocho mil 518 son mujeres y seis mil 952 hombres. 

También informaron que los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidas son: el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco; entidades que concentran 40.8 por ciento de las desapariciones de personas de cero a 17 años. 

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expresaron, estamos indignados ante dichas cifras, por lo que no podemos ser omisos y resulta fundamental exhortar a las autoridades en la materia a que revisen los protocolos de actuación.