Número-138

• Hasta 80 por ciento de las personas solicitan los servicios de un defensor público: Zamora Guzmán.

Para garantizar el Estado de Derecho y fortalecer al sistema de impartición de justicia y a las instituciones, es necesario robustecer a las defensorías públicas locales, brindarles asesorías y asistencia técnica, afirmó el senador Israel Zamora Guzmán. 

El legislador del PVEM presentó en la Comisión Permanente una iniciativa para que la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública se coordine con sus homólogos de las entidades federativas para facilitar el acceso y el fortalecimiento de los sistemas de justicia locales.  

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México demuestran que la defensoría pública se caracteriza históricamente por una permanente y grave escasez de recursos materiales y de personal para atender una creciente carga de trabajo. 

Agregó que hasta 80 por ciento de las personas imputadas en un proceso penal, recurren a los servicios de un defensor público. 

En la iniciativa, que se turnó a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado y que también suscribe el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, Israel Zamora refirió que, aunque hay un avance en el desarrollo de la defensoría local, aún existen áreas de oportunidad importantes en materia de recursos humanos:  

Desde deficiencias en procesos de selección y reclutamiento, tipos de contratos, salarios, prestaciones, promoción y estímulos y capacitación, así como una excesiva carga de trabajo, poca experiencia y falta de capacitación. 

El senador coincidió en que es importante aumentar los recursos presupuestales y aprovechar la experiencia que se tiene a nivel federal.  

“Consideramos preponderante que, como primer paso, exista una mayor interlocución entre la defensoría federal con las locales, a través de mayores mecanismos de coordinación, en los que la capacitación y asesoría técnica sean el principal vínculo”. 

Datos del Instituto Federal de Defensoría Pública, resaltan que en 2019 se atendieron 56 mil 235 asuntos, que representa a 44 mil 320 personas, siete y 10 por ciento más, respectivamente, que en 2018.  

“Por lo que, nos damos cuenta de que, las defensorías locales están en desventaja, no sólo porque tienen una gran carga de trabajo –nueve de cada 10 asuntos–, sino por los bajos salarios de sus defensores y además porque cuentan con un mínimo apoyo presupuestal del Estado mexicano”.