Versión estenográfica del mensaje de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en el Segundo Ciclo de Foros en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Muchísimas gracias.
Yo quisiera antes que nada, darle la bienvenida a la Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la maestra Blanca Lilia Ibarra.
A las y los comisionados aquí presentes.
A mis compañeras y compañeros senadores.
Obviamente a los que van a intervenir, a los académicos, a los investigadores, a ustedes que conocen tanto de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental.
Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del Instituto. Muchas gracias por tu presencia.
José Antonio García Morales, Open Government. Muchas gracias por tu presencia.
Al doctor Fredy Erazo Juárez. Gracias, Fredy, por haberme invitado.
¿Tu nombre? Felipe García, mucho gusto, Felipe.
Creo que la intervención de Blanca Lilia fue espectacular, espléndida, tocó prácticamente todos los temas. Sé que algunos de ellos van a ser retomados por nuestros conferenciantes.
Pero yo quiero, si me permiten, ya estoy en esta época en donde digo “yo lo viví”. Y sí, yo lo viví, y quiero compartirles lo que yo viví, y creo que puede ser mucho más interesante porque el tema técnico ya lo trato Ana Lilia, lo van a seguir tratando; obviamente estoy totalmente de acuerdo en que se genere un espacio de conversación aquí en el Senado, de cara a los retos que tienen los temas en materia de transparencia y de acceso a la información.
Obviamente, también estoy de acuerdo en que analicemos conjuntamente sociedad civil, Instituto, Senado, Cámara de Diputados, los diversos enfoques que tenemos sobre los principales retos, las principales temáticas, las reformas legislativas que, en su caso se tengan que promover y presentar y, desde luego lo que ha dicho Blanca Lilia de este espacio de Parlamento Abierto.
Creo que ha sido muy puntual en todos los requisitos de un Parlamento Abierto. Lo que se propone hacer con el Parlamento Abierto, la participación de la sociedad civil en este tipo de parlamentos y por supuesto, la participación de las y los legisladores también.
Así que como van a seguir tratando temas técnicos tan importantes y tan interesantes, yo quisiera compartir con ustedes y celebro que la Unidad de Transparencia del Senado de la República nos haya convocado a dialogar sobre estos retos del Poder Legislativo.
Pero yo quisiera tratar con ustedes cómo se generó la reforma constitucional al sexto. Y quiero también compartir con ustedes cómo se fue avanzando en esta reforma constitucional, por qué esta reforma constitucional se dio y cuáles son los orígenes.
Creo que será un poco más interesante para ustedes la historia y lo que yo viví, ahora sí estoy en esa etapa de la vida en donde yo puedo decir “lo viví”.
Bueno, voy a platicarles desde el punto de partida, la coyuntura jurídico-política. Imagínense en el año de 1996, no sé si a ustedes les diga algo esta coyuntura política que, detonó, detonó precisamente el reconocimiento a nuestros derechos constitucionales en materia de información pública.
Aquí se detona y, ¿cuál fue el detonante? Bueno, durante la mayor parte del siglo XX, la vida pública de nuestro país se caracterizó por la propensión al autoritarismo; ¿a qué más? A la opacidad. Y acotar los controles del poder de pesos y contrapesos legales.
El sistema político tendía a favorecer la influencia de contrapesos de poder, pero informales. Y las dinámicas de publicación de información, generalmente eran producto de choques entre grupos de presión; no había una normativa.
Grupos de interés, manifestaciones autoritarias por parte del Estado y manifestaciones también, por qué no decirlo, de la sociedad civil; pero que en ocasiones eran reprimidas por el propio Estado.
En estas circunstancias, entre las herramientas legales que aportaba al equilibrio de las fuerzas políticas, las autoridades y la ciudadanía estaban, precisamente, el ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. La centenaria facultad de atracción de investigación, en el artículo 97, que en ese entonces estaba consagrada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 97 que, por cierto, esta facultad de investigación se le trasladó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En dicho contexto, se encontraba una eventualidad trágica, y esta eventualidad trágica que generó y que provocó un malestar social, cuya –¿por qué no decirlo? – pésima gestión propició la coyuntura que definió las bases para el posterior desarrollo de la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país; sucedió el 28 de junio de 1995.
Para entonces, la Corte tenía una nueva integración. Para entonces, la Corte tenía nuevas atribuciones constitucionales, consolidándose como un Tribunal constitucional del Estado Mexicano; y seguía teniendo la facultad de investigación del 97 constitucional y con base en esta facultad, con base en este artículo 97 constitucional, fue que intervino en la investigación de este evento trágico.
Bueno, este conflicto político en el ámbito municipal, fue intervenido súbitamente por las autoridades del estado de Guerrero, dando como resultado el asesinato de 17 personas, se dice, todas ellas campesinos; y 20 personas más heridas.
Las víctimas, todas, violentadas en Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero; ¿a manos de quién? De Policía motorizada adscrito a la Policía estatal.
Este acto de represión de las 17 personas asesinadas brutalmente, y este acto de represión por parte de la Policía estatal, fue videograbado y difundido a nivel nacional por los medios de comunicación, curiosamente. Y posteriormente, el gobernador guerrerense en ese tiempo, dio un mensaje, también en medios de comunicación, en el que aseguraba una versión oficial distinta, que no parecía concordar con las videograbaciones difundidas por los medios de comunicación.
La falta de solidez de la versión oficial, que pretendía posicionar al gobernador en forma distinta, sumada a otras decisiones políticas del mismo actor, del mismo gobernador, derivaron en el ejercicio de la función que tenía la Suprema Corte; es decir, la atracción y la investigación por parte del máximo Tribunal, por cierto, solicitada por el Ejecutivo Federal el 4 de marzo de 1996.
¿Y por qué la solicitó el Ejecutivo Federal? Por una razón muy sencilla: porque la información oficial del señor entonces gobernador, no concordaba con los videos o con las videograbaciones que fueron transmitidas por los medios de comunicación de lo que realmente había sucedido en el paraje de Aguas Blancas, y la muerte de estos 17 campesinos.
Bueno, la Corte designó a dos ministros, en paz descansen ambos, ya fallecieron; al ministro Juventino Castro y al ministro Román Palacios; quienes rindieron su informe sobre el caso de Aguas Blancas, el 12 de abril de 1996, sólo escasamente un mes después.
En ese informe, surge por primera vez lo que terminaría siendo una tesis aislada de don Juventino Castro y Castro, sobre la cultura de la verdad y la limpieza en el comportamiento de los servidores públicos, la cultura de la verdad.
Esta tesis aislada, y en este informe, mis compañeros ministros durante mi paso por la Corte, señalaban en este informe los atropellos, las malas decisiones y la absoluta falta de correspondencia entre la versión oficial del Gobierno de Guerrero y la proyectada o publicada por los medios de comunicación y la auténtica verdad de lo que había sucedido.
Denunciaron la propensión de incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y la ocultación de la información y los hechos de interés público. Así surge la tesis de la cultura de la verdad.
Al final de su informe, mis colegas, en paz descansen, observaban que: tan importante como los acontecimientos concretos del caso de Aguas Blancas, era el manejo público oficializado de estos eventos.
Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana, la persistencia en incurrir una política de falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad mexicana, por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para lo contrario, para defenderla y para servirla.
Y, obviamente, como les decía, la idea central del informe derivó en la tesis del señor ministro Juventino Castro y Castro, en la que afirma, ¡por primera vez en nuestra historia jurídica!, el derecho a la información como parte de las garantías individuales. No existía el derecho de la población a la información pública gubernamental. Como parte de las garantías individuales y que están consagradas en el artículo sexto.
Asimismo, la configuración del intento de lograr impunidad de las autoridades, que actúan dentro de una cultura del engaño, de maquinación y de ocultamiento.
Al señor gobernador, en ese entonces -lo recuerdo con mucha claridad-, no se le imputaba que fuera ni siquiera el autor intelectual, o menos, mucho menos material de los hechos ocurridos en Aguas Blancas.
¿Qué se le imputaba al gobernador? El ocultamiento, el engaño, la maquinación. Eso fue lo que se le reclamaba, lo que se le imputaba por parte de la Suprema Corte. Es decir, que no había garantía del derecho a la información, que estaba vinculada directamente con el respeto a la verdad.
Consecuentemente, resulta esencial -decía el ministro Castro- para el mejoramiento de la conciencia ciudadana y el progreso de nuestra sociedad en un régimen democrático.
Esto que yo les platico, fue lo que detona; lo que detona la modificación al artículo sexto constitucional.
Afirmaba don Juventino que, y lo cito textualmente: “Si las autoridades públicas elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad asumen ante ésta, ante la sociedad, actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre -dice don Juventino- en la violación grave a las garantías individuales.
Esto, el derecho a la información que hoy tenemos en el articulo sexto de nuestra Constitución Política, es la base de la cultura de la verdad.
A partir de este evento, se han desplegado las rutas en materia de transparencia y combate a la corrupción. Éste, sin duda, fue el origen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, también, es el fundamento por el que debemos partir para seguir desarrollando el concepto, y, por qué no, otras herramientas de la cultura de la verdad, como pueden llegar a ser las prácticas del Parlamento Abierto.
Dicho todo lo anterior, de verdad, yo les deseo una exitosa jornada, llena de ideas, de propuestas, que sirvan al objetivo común de seguir fortaleciendo el derecho a la información y lo que hay atrás: la cultura de la verdad.
Quería compartirles, porque yo, como Ministra integrante de esta novena época, por cierto, la única mujer que estuvo 10 años en la integración de esta novena época, compartirles qué detonó este acceso a la información, qué detonó la reforma al artículo sexto constitucional, como hoy lo conocemos.
No había acceso a la información, no había transparencia. Había opacidad, había ocultamiento por parte de las mismísimas autoridades, que están obligadas a servir y que están obligadas a defender las garantías y los derechos.
Con esto, no me quise quedar con el evento histórico; compartírselos y, como diría ya, imagínense, mis abuelos; ahora estoy igual que ellos: yo lo viví.
Muchas gracias.
FELIPE GARCÍA LÓPEZ: Muchas gracias a la participación de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de uno de los órganos del Gobierno, concretamente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
A título institucional y personal, evidentemente es un honor contar con su presencia.
Creo consistentemente que las dos ponencias, tanto de la maestra Blanca Lilia como de la senadora, se pueden llegar a complementar, porque justamente esta cátedra que nos manifiesta el origen del derecho a la verdad respecto del por qué el Estado Mexicano se vio la necesidad de tener acceso a información, transparencia, rendición de cuentas, deriva justamente en la creación de un órgano descentralizado no sectorizado, antes el IFAI, hoy INAI, constitucionalmente autónomo desde el 2014.
Y, en ese sentido, cómo ha ido avanzando el tema, creo que es justamente para nosotros, quienes tenemos algunos años apenas en estos temas gubernamentales, es extraordinario conocerlos, senadora.
Realmente este camino ha sido muy difícil, entiendo, para transitar de las instituciones y el Estado Mexicano, y actualmente hemos llegado a tener consolidado un Estado en el cual hay instituciones autónomas.
Yo quisiera, porque sé que tiene una agenda complicada y espero, con la disculpa de la maestra Blanca Lilia, pedirle una serie de reflexiones finales, porque la verdad es que no quisiera privar al auditorio que nos sigue, tanto en redes sociales como en el Canal del Congreso, unas breves reflexiones respecto del papel que usted ve en la transparencia, los órganos legislativos y cómo tenemos que trabajar en conjunto para los efectos de brindar certeza ciudadana de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina, que ya sabemos que dos años se van volando y que justamente hoy no podemos ocultar que vivimos una coyuntura electoral desde ya.
En ese sentido, ¿cuál cree usted, habiendo pasando ese transitar desde 1996 hasta las reformas de 2002, 2006 y 2014 respectivamente; hoy, siendo 2022, qué papel cree usted que es preponderante o trascendental de cara a estos dos años que se nos vienen y que están, como ya mencionaba, a la vuelta de la esquina, senadora?
Para aprovechar su sapiencia, la verdad es que es un honor escucharla.
SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Mira, yo lo que te puedo comentar y, después del evento histórico que platiqué, es que se ha avanzado muchísimo.
Realmente un organismo constitucionalmente autónomo, como es el INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la obligación que tiene este Instituto precisamente en sus atribuciones más importantes de que la ciudadanía pueda llegar a conocer toda esta información, porque ese esa es su labor principal, y la protección de datos personales; que, por cierto, después vino en la reforma la protección de datos personales que no estaba en la ley original, ni tampoco en las atribuciones del INAI originales.
Yo creo que se ha avanzado mucho. Y yo lo que pudiera decirte realmente, es que no podemos entender el concepto de democracia si no entendemos la participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Y una de las razones más importantes de la participación de la ciudadanía es en los asuntos públicos, es el conocimiento de la información pública gubernamental.
Sin este conocimiento, sin esta transparencia, el ciudadano tiene un ocultamiento, una opacidad en las informaciones gubernamentales o en las actuaciones gubernamentales que no es dable en una sociedad que podemos consolidar como una sociedad democrática.
Democracia y transparencia y acceso a la información son dos binomios que tienen que ir siempre juntos, porque solamente a través de la transparencia y la información, podemos nosotros tener la información para poder votar y elegir a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a nuestros alcaldes, alcaldesas.
Si no hay este binomio, quiero decirlo de manera categórica, si no hay este binomio, no podemos hablar de una consolidación de democracia en nuestro país. Esa sería mi reflexión final.
Muchas gracias.
Tengo otro foro, pero les agradezco infinitamente que ustedes me hayan invitado.
Muchas gracias.