Número - 1211

• El senador José Alfredo Botello reconoce que avances tecnológicos obligan a los gobiernos a tomar medidas para evitar ataques cibernéticos.

El senador José Alfredo Botello Montes reconoció que la ciberseguridad forma parte de la agenda mundial, ya que, en la actualidad, nadie se salva de ser víctima de un ciberataque, por lo que empresas, gobiernos, instituciones financieras y el usuario final están expuestos a las amenazas que hay en la red.

Al inaugurar el conversatorio “La seguridad nacional en la era digital”, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos mencionó que los avances que hemos tenido en los últimos años en materia tecnológica obligan a los gobiernos a crear las estrategias, planes y buenas prácticas para que se implementen en las organizaciones públicas y privadas.

En este sentido, destacó la importancia de este tipo de foros, porque permiten escuchar a los expertos para orientar a los y las legisladoras hacia el camino que deben seguir para prevenir los ataques cibernéticos más comunes y encontrar soluciones estratégicas.

Leovigildo Chávez López, vicepresidente de enlace legislativo de COPARMEX, Ciudad de México, manifestó la preocupación de los empresarios por los riesgos que se corren ante el avance de la tecnología y los ciberataques, por lo que manifestó el compromiso de este sector de trabajar de la mano de los próximos legisladores en la construcción de leyes en esta materia.

“Hoy la preocupación que tiene el sector empresarial y la ciudadanía en general es avanzar en una legislación para prevenir y sancionar los ciberataques, por lo que tenemos que trabajar de la mano con los legisladores en el próximo periodo de sesiones en una vía que nos permita sentirnos seguros”.

Edgar Ortiz Arellano, de la Organización Dinámica Pública, explicó que el objetivo de este Foro es discutir uno de los temas torales para el Estado mexicano; el ciberespacio y el espacio electromagnético, debido a que se han convertido en un área de oportunidad para cometer delitos, ataques terroristas y otros ilícitos que impiden a los países alcanzar sus objetivos y afectan a la iniciativa privada y a la sociedad.

Jonathan Roberto Maza Vázquez, presidente del Institute for Democracy and Innovation, opinó que en la construcción de la legislación se deben considerar dos aspectos: uno que defina cuáles son los delitos que ponen en riesgo la seguridad nacional, así como el punto de vista de la seguridad pública.

En este sentido, consideró que cualquier aspecto que sea percibido por el gobierno como una amenaza a su propio desarrollo o a sus instituciones estratégicas, será percibido como una amenaza a la seguridad nacional, mientras que la seguridad pública se refiere a la comisión de los delitos que afecten a las empresas o a los individuos.