Número - 1126

• Cualquier política con sesgos por género, grupo etario u otra condición resulta anticonstitucional, consideran legisladores. 

El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 82 votos, un dictamen cuyo objetivo es garantizar el acceso igualitario y equitativo de las mujeres a los programas de desarrollo social, ya que incorpora el lenguaje incluyente en la Ley en la materia.

Al presentar el dictamen, que fue remitido a la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, Eunice Renata Romo Molina, mencionó que este proyecto se sustenta en la perspectiva de género y la transversalidad en materia de derechos humanos.

Afirmó que los esfuerzos del Gobierno Federal para llevar los programas sociales de manera equitativa e igualitaria han sido fructíferos, pero reconoció que las y los legisladores deben generar los ajustes necesarios para fortalecer las acciones que realiza el Poder Ejecutivo.

La legisladora destacó la necesidad de reconocer que la aplicación de políticas y programas debe realizarse atendiendo a los derechos humanos en su totalidad y, en ese sentido, fincándose en la universalidad.

Recordó que el sistema jurídico mexicano, al elevar los derechos humanos a rango constitucional, retoma en el artículo primero de la Constitución, la universalidad como principio de conducción de las autoridades nacionales, por lo que hablar de cualquier programa o política con sesgos por género, grupo etario o cualquier otra condición, resulta anticonstitucional.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, detalló que el objetivo de estas reformas es que la política nacional de desarrollo social se sujete al principio de perspectiva de género y que la igualdad se convierta en un derecho para el desarrollo.

“Establece que los apoyos destinados a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad serán otorgados siempre bajo los principios de igualdad y no discriminación y se pretende aportar a la construcción de una sociedad inclusiva donde no sea relevante el género, origen étnico, orientación sexual o cualquier otra característica”, expresó el senador.

Detalló que con los cambios legales se construye un andamiaje en materia de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, al incluir en el texto normativo de la Ley General de Desarrollo Social los términos que implican observar en el diseño, aplicación y seguimiento de la política en materia de desarrollo social, la igualdad de género y no discriminación.

Bertha Alicia Caraveo Camarena, senadora de Morena, comentó que este proyecto permite armonizar las leyes, robustecer el alcance y el acceso al desarrollo social, pues adecúa al marco normativo la perspectiva de género y abona a la universalización de los programas de desarrollo social. 

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Pérez Flores, comentó que esta propuesta permitirá a las jefas de familia y madres solteras, que tienen bajo su cuidado a menores de edad, el acceso a los programas de desarrollo social del Gobierno Federal de manera igualitaria y equitativa.

Por el PRI, el senador Ángel García Yáñez, consideró que evitar la discriminación en la entrega de programas sociales “es un tema crucial” para garantizar la equidad y la justicia, al distribuir estos beneficios. Subrayó que con esta reforma se fortalece el marco jurídico que permitirá tener una política social más justa e igualitaria.