Número - 1120                             

• En foro realizado en la Cámara, especialistas destacan importancia de que México se sume al convenio de Budapest.  

En el “lll Congreso Jurídico Penal”, que se llevó a cabo en el Senado, se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos para prevenir ciberdelitos como la suplantación de identidad, engaños telefónicos, extorsión, pérdida de información, alteración o manipulación de medios de identificación electrónica y fuga de datos sensibles.

A convocatoria de la senadora Martha Guerrero Sánchez, de Morena, se realizó en el Senado de la República este encuentro, en el que se abordó el tema del combate a la criminalidad institucional en México, Compliance”.

El especialista en derecho penal, Carlos Héctor Daza Zaragoza, explicó que los “hackers” utilizan la tecnología para demostrar la vulneración de los sistemas informáticos.

Destacó que en México los ciberdelitos con mayor frecuencia son la suplantación de identidad, engaños telefónicos, extorsión, pérdida de la información, alteración o manipulación de medios de identificación electrónica y fuga de información sensible.

En ese sentido, hizo un llamado al Senado para que México se sume al convenio de Budapest, el cual establece mecanismos para prevenir los ciberdelitos, pues el objetivo que se persigue con este convenio es promover la investigación y sanción de estos ilícitos.

“Sería sensacional tener un área en particular para la trazabilidad de todos estos ciberdelitos, tener mejores herramientas; esto es lo que facilita este convenio, del cual México no es parte, además de la cooperación internacional, eso, en conjunto, nos permitirá tener mejores instrumentos para hacer frente a este tipo de delitos, que ya son realidad y no son cuestión de películas, es un hecho real”, aseguró.

Al inaugurar el foro, el director general del Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, José Alejandro Andrade Páez, habló sobre el “Compliance”, un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, así como para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.