Número - 888 

•  El compromiso de estas organizaciones con la competencia justa y la legalidad, son esenciales, afirman senadores. 

La Comisión de Economía, que preside el senador Roberto Juan Moya Clemente, aprobó una reforma a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para que dentro de los objetivos de estas organizaciones se establezca que deberán promover entre sus afiliados principios éticos y códigos de conducta que prevengan acciones de corrupción.

El dictamen busca fomentar una conducta empresarial responsable, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, así como el ejercicio de la legalidad, sin las conductas anticompetitivas a que hace referencia la Ley Federal de Competencia Económica.

Las y los senadores expusieron que una parte esencial de la conducta empresarial responsable es la prevención de daños y riesgos, por ello, estas organizaciones deben reconocer que sus actividades pueden tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la sociedad, por lo que se tienen que mitigar y, en su caso, reparar sus impactos.

Esto, asentaron, va más allá de un simple cumplimiento legal, sino que se trata de una responsabilidad ética.

La promoción y el fomento del ejercicio de la legalidad, para evitar conductas anticompetitivas, enfatizaron, son asuntos fundamentales y urgentes que deben ser tratados por las cámaras empresariales y sus confederaciones.

Subrayaron que estas organizaciones desempeñan un papel crítico en la economía y la sociedad, y su compromiso con la competencia justa y la legalidad son esenciales para asegurar un entorno empresarial equitativo y eficiente.

El senador Rafael Espino de la Peña, de Morena, consideró que estos lineamientos de responsabilidad se encuentran en los códigos de valores internos de las empresas; sin embargo, el reiterarlo en la ley, ayudará a enfatizar el cumplimiento por parte de las organizaciones.

Las y los senadores también avalaron un proyecto que modifica diversas disposiciones del Código de Comercio, con el objetivo de modernizar el marco legal en materia de comercio electrónico y uso de tecnologías de la información y la comunicación, en el desahogo de los procedimientos judiciales mercantiles.

Además, busca fomentar el uso de nuevas tecnologías en el ámbito comercial, lo que permitirá una mayor eficiencia y transparencia en los procesos judiciales.

El dictamen plantea, entre otros puntos, la creación de un sistema informático gestionado por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales, semejante a los que se utilizan actualmente en el juicio de amparo y el juicio contencioso administrativo federal.

Dicho sistema permitiría a los comerciantes presentar sus escritos, consultar sus expedientes y recibir sus notificaciones en forma totalmente electrónica.

Dentro de las disposiciones se plantea que en el contrato mercantil, las partes podrán señalar domicilios convencionales para efectos de que en ellos se les hagan notificaciones o requerimientos extrajudiciales o judiciales relacionados al mismo.

Y que las partes también puedan convenir el uso de un Sistema de Información siempre que se encuentre certificado por un Prestador de Servicios de Certificación.